EL VALOR DEL RECUERDO I

 No es una expresión de ocaso y decadencia cuando el recuerdo se puede utilizar para contrastarle con un presente tan apremiante y desquiciado como éste; cuando se recobra el recuerdo, no para dañar, sino para contribuir a rectificar errores en curso y para mostrar dónde pueden estar los charcos hondos que interrumpan el camino del pueblo, que debe de ser permanentemente advertido para hacer más llevadera su azarosa existencia cuando se le propone el espejismo de grandezas y felicidades, a sabiendas de que está bajo acoso feroz.  Lo irónico es que son las teorías de quienes lo han malogrado las que se ponen en marcha para confundirle, aún más, y le hablan de un bienestar posible, pese a estar tan plagado de privaciones y pobreza en su insomne mala suerte.

Así pues que recordar hechos y sucesos dañinos es una meritoria manera de servir y ello implica que las durezas mismas que puedan residir en esos recuentos del recuerdo no estén envenenadas por un encono rencoroso para zaherir.

Luz sobre nuestras desgracias para alumbrar ese camino y ponerlo a salvo de las disimulaciones perversas y de la hipocresía de los intereses conjugados, sepultureros de su suerte.

Utilizando esa herramienta del recuerdo constructivo fue cuanto me dispuse a hacer en las dos pasadas entregas de La Pregunta, y terminé con una reflexión final que explicara el porqué avanzaba esos dos relatos sobre el nacimiento, la fugaz vida y la muerte precoz de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, es decir, del IPAC.

Hoy quiero resumir, más o menos, en las afirmaciones de más adelante algo que recoja la esencia de cuanto expuse, sin reproducir necesariamente las palabras.

Afirmé que aquellos relatos vivenciales eran un recuento testimonial vigoroso y veraz; que el IPAC había sido un esfuerzo notable que fuera yugulado por la dureza implacable de los intereses que recelaban de sus misiones; que cuanto buscaba era orientar la sociedad nuestra hacia la comprensión de la realidad de esa pérdida de aquel mecanismo de control y contención anticorrupción; que éste hubiese resultado excepcionalmente valioso, de no haberle tiroteado muy recién nacido como esfuerzo, tan vilmente desconocido cuando se bloqueó la posibilidad de hacerlo Ley de la República.;

Creo en la utilidad de hacer ésto así, ahora, cuando precisamente un trastorno tan manipulado como el de la corrupción administrativa ha venido a resultar tan primordial y  preocupante para intereses de índoles diversas, que aunque saben hacerse coincidentes para atravesarse en el camino de todo empeño de rectificación profunda de los peores hábitos de corrupción, tienen la habilidad de separarse para pontificar contra lo que ellos califican como incurable y detestable fracaso de las políticas públicas, poniéndolo a cargo de los responsables de las políticas de poder.

A esos intereses nunca le ha importado el predicamento que se esgrima en favor de alcanzar la “excelencia”, pues, temen que cuanto más válida resulte su dinámica, mayor sería su contrariedad y la perturbación de sus expectativas de vernos como Estado cada vez más hundido y arrabalizado en el desorden y las aberraciones del manejo y control de recursos públicos.

Aquel fracaso de la IPAC pienso que lo he señalado en forma puntual en su paternidad y que fue una muestra clara del interés de mantenernos en la condición de Estado colapsado; algo que les permitiría cumplir con sus fines inconfesables, destinados a nuestra destrucción, ya no sólo como Estado, sino en la propia consideración de Nación que hemos sabido sostener por casi dos siglos.

A todo ello hoy agrego lo pernicioso que resulta tomar ese trastorno como arma arrojadiza que se lanza contra todo lo que pueda parecer obstáculo a esas estrategias siniestras en pleno desarrollo.  De ahí el empeño de esos intereses de cuestionar, herir y menguar a la gente que pueda tener ideas generosas y honradas para comprometerse en tareas de corregir, rectificar y producir cosas que puedan instrumentalizar soluciones permanentes como lo fuera el fallido intento de hacer Ley el IPAC.  Fueron dos proyectos de ley los masacrados.

No hay dudas, pues, que en esta oportunidad, cuando rememoro el colapso, hago el uso del valor de los recuerdos, otra vez, como una manera de fortalecer mis reproches y señalamientos de culpabilidades de aquellos que procuran en las sombras ocultarse en forma taimada, aunque muy arrogante.

Hoy quiero hacer una prueba neta y sencilla de cuanto afirmo, tan sólo recordando algunas de las vivencias que pude experimentar en los viajes incesantes que hiciéramos con la compañía y el apoyo del valioso personal de la DIGEIG a muchas provincias nuestras para celebrar los encuentros comunitarios que se realizaban en los salones de las Gobernaciones provinciales.  Allí fue cuando me di clara cuenta de que el ensayo por socializar la idea de armar una estructura de afluentes que desembocarían en el río mayor del IPAC nacional, con sus diez mesas multisectoriales, animaba mucho, tanto al personal de enlace que se establecía entre nuestro organismo y la comunidad, como a los propios moradores de ésta, que parecieron siempre convencidos crecientemente del valor de esa especie novedosa de participación en el planteamiento de sus quejas y reproches, incluyendo la exposición de calamidades en los servicios públicos esenciales que pudieran obedecer a desinterés, ineptitud o malicia dolosa de los funcionarios cercanos responsabilizados con labores y tareas constructivas y útiles para la colectividad.

Desde luego, en aquellos escenarios se ofrecían ocurrencias y episodios de todo género, esencialmente penosos, como por ejemplo la exposición de los grupos organizados en Junta de Vecinos en relación a la gravedad de la inseguridad pública y las interminables sombras de los apagones que afirmaban sentir como cómplices de atrocidades y terrores que aplastaban el sosiego de las familias.

Oir esas quejas tan generalizadas y serias nos llevaba a la necesidad de responder preguntas sensacionales provenientes de ese pueblo sumergido que en forma ruda entendía que era su desgracia obra directa del descontrol de la autoridad y de las riquezas del negocio eléctrico; daba cierta grima oir cómo en esos niveles se asociaba el lucro con la venalidad de la autoridad, el asesinismo rampante y la destrucción de la paz de la familia; eran  a veces exigencias verdaderas las que se procuraban porque el parecer de esa muestra popular convocada terminaba por afirmar que su infortunio era una derivación directa de un estado de corrupción insoportable.

Recuerdo en un encuentro en nuestra legendaria Azua de Compostela, trabajando en un centro cultural sorprendente que allí tienen, cómo algunos jóvenes se quejaban sobre esas cuestiones tan dolorosas, y llegaron a decirnos al conocer de nuestro proyecto esperanzador del IPAC, que pronto sería Ley y que parecía realizable, que por esas mismas no creían factible, ni viable, un examen público y contínuo del desastre.

Fue en esa ocasión cuando sentí más íntimamente que las tortuosas operaciones que encierra el negocio eléctrico, que estarían a la cabeza de la resistencia a esa ley que podría exponerles a responder directamente al pueblo, no ya tan sólo de sus penurias tradicionales del apagón, sino de las dimensiones de su codicia y provechos.

Quiero, con el recuerdo de cosas parecidas o similares a esa que cito, ir midiendo en retrospectiva las fuerzas que derrotaron aquel empeño.  Como se advierte, recordar esas cosas entraña durezas, pero salva al recuerdo la sanidad de los móviles que lo impulsan, que ahora, precisamente ahora, cuando estallan los grandes escándalos alrededor de aquel eje del descrédito, se comprende mejor cuánto nos falta para poder sobreponernos en esa desigual lucha entre el sufrimiento de tantos y la felicidad y riquezas de tan pocos; entre la indefensión del montón y la prepotencia y dominio de cúpulas vanidosas y torpes.

El momento es delicado, ciertamente, cuando se acentúan los signos en que aparecen pujos supuestos de superación, de cambio y modernidad “jamás vistos”, a su decir.

Se esparce una enigmática y muy ladina tendencia a persuadir a la sociedad toda de que no habrá soluciones verdaderas a los mayores y más crónicos problemas, a menos que se produzcan renovaciones generacionales drásticas, bríos juveniles, caras nuevas, porque todos aquellos que han participado en las bregas y luchas por alcanzar el poder y luego de obtenido por ejercerlo, han fracasado.

Se busca embaucar nuevamente invocando aquellos tiempos de las “generaciones jóvenes y capaces”, de las “manos limpias”, que ha tenido que padecer la República para su desencanto.  Aquella fase de la vida pública nuestra venía marcada por experiencias tremendas, tales como el derrocamiento ciego y brutal de un gobierno constitucional, la subsecuente guerra civil que sobrevino al cabo de unos meses y la aplastante intervención militar extranjera, que le diera rango de guerra patria, todo bajo el engañoso palio de la acción multilateral del organismo rector de las relaciones internacionales en la región.

Todo aquello, seguido con la aparición de un gobernante que pareció un fantasma de la prehistoria, salido del seno mismo de una dictadura de durezas inverosímiles que terminara por tragarse la historia; en el tiempo de la guerra fría y del equilibrio del miedo de las superpotencias que ya tenían el poder destructivo suficiente para desaparecer la humanidad toda de la faz de la tierra.

Díganme, amables lectores, si la intensidad terrible de aquellos tiempos pudo ser o no ser escuela para entender todo cuanto había de hacerse en procura de algún sendero hacia el progreso, para corregir y enmendar los horrores padecidos y buscar con la desesperación de un buzo ciego el estado de derecho anhelado.

Pero bien, para poder describir la singular situación nuestra de aquellos tiempos habré de necesitar de otras entregas.  Intentar en ellas una descripción a grandes rasgos de los tiempos que sobrevinieron; hablar de un hombre ciego y viejo que pudo alcanzar el título mundial de ser “el más execrado de los hombres”; cuestionar acerca de qué pudo hacer en medio de tales circunstancias y sobre todo preguntarnos ¿Y los jóvenes, qué han hecho  después?

Veremos si alcanza La Pregunta a esbozar siquiera esas cosas inauditas de entonces.

Vicisitudes del IPAC y II

En la entrega precedente relaté cómo, cuándo y dónde nació la Iniciativa Participativa Anticorrupción, es decir, el Mecanismo del IPAC.  Prometí allí, así como en mi programa televisivo La Respuesta, que esta entrega se referiría a su corta y azarosa vida, así como a su evaporación.

He meditado mucho cómo hacerlo.  Creo que lo mejor es describir en forma llana lo que ocurrió después de aquel primer año en que no sólo naciera sino cuando diera sus primeros pasos hasta el año 11.  Todo aquello bajo observación y control de representativos importantes de Organismos Multilaterales que cumplían la misión de evaluar la calidad del desempeño del gobierno al frente de la dirección del Estado, de todas y cada una de las exigencias y previsiones de la Convención Anticorrupción de la Organización de Naciones Unidas.

De consiguiente, me refiero en primer lugar a que fue tanto el júbilo que experimenté ante lo que evidentemente había sido su éxito cuando el Estado venciera a sus denunciantes ampliamente, después de un año de intensa y cuidadosa prueba, que entendí como algo necesario convertir ese mecanismo de control en un instrumento legal de carácter permanente y sistemático que abriera hacia la sociedad la posibilidad de ejercer sus derechos a la queja puntual, a la denuncia seria y vertir todas las inquietudes que pudieren suscitarse en ocasión del desarrollo de las acciones del gobierno, en todos los planos.

Quedé convencido de que, una vez hecho Ley el esfuerzo, posiblemente ningún otro país del hemisferio nos podría aventajar en Transparencia porque, obrando en diez mesas, a las cuales acudirían previamente depuradas y examinadas en sus méritos las denuncias y teniendo que apersonarse, además, a esas mesas el titular responsable  de las Secretarías de Estado de entonces o de las Direcciones Generales y Departamentos a fin de dar explicaciones relativas a las más diversas inconformidades sociales, y rendir cuentas en una experiencia abierta, previsiblemente televisada, se alcanzaría con ello una confianza pública como nada más la puede engendrar la participación directa del ciudadano en un cara a cara con el funcionario cuestionado.

Esa creencia mía era válida, como también resultaba atemorizante para sectores, tanto del ámbito público como del privado, especialmente cuando éste participa en las experiencias denominadas público-privado que, según se ha podido ir comprobando son las ocasiones más propicias y activas para hacer coordinaciones ilícitas y poner en práctica conductas  delictivas; ésto rigurosamente cierto, aunque se haya logrado llevar al ánimo público general que sólo deben de ser exploradas y juzgadas las que se originan en el poder político del funcionariado en el área pública.

Sin embargo, comencé a confrontar el primer inconveniente que me llevara a cierto grado de decepción cuando el proyecto de ley que se preparó en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción fue sometido ciertamente por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, pero en la época en   que se producía un cambio de gobierno, en las inmediaciones de la transición.  Presentí que aquel proyecto de ley que establecía IPAC se lo llevaría el viento, porque en el fondo era demasiado limpio y honrado, tanto como para despertar recelos multiformes que estarían prestos a dejarle morir, de “muerte natural”, desde luego.

Sin embargo, mi desencanto no me llevó a abandonar el empeño y cuando fui invitado por el nuevo gobierno para que participara en el mismo desempeñando las funciones, no sólo de Asesor del Poder Ejecutivo en Programas de Lucha Contra el Narcotráfico, sino también de titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), reasumí la esperanza de que esa nueva administración de gobierno, que es la actual, podría darle paso al desafío de una experiencia permanente de IPAC.

Sentí un renovado optimismo, pese a que algunos me expresaron desde el principio desaliento por la naturaleza compleja de los intereses envueltos en averiguaciones de fraude, de corrupción, especialmente la híbrida, sobre todo, en esas pruebas de diez mesas multisectoriales, que vendrían a hacer las veces de audiencias populares con un acceso beligerante del público y el atortojamiento previsible del funcionariado, así como la grima a la exposición de sectores que se han auto-considerado desde siempre como intocables.

Mi entusiasmo, confieso, fue excesivo y estuvo afectado desde el principio de cierto grado de desinformación de mi parte, quizás inocencia, acerca de las proporciones y magnitudes que la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) tendría en realidad al establecer un puesto de control delicado, profuso, permanente, que para muchos poderosos no resultaba tranquilizante.

Recuerdo que comencé a escribirle, conforme al decreto que había creado la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), al Señor Secretario de Estado de la Presidencia, que hemos visto luego convertirse en una versión de Primer Ministro, informes sobre la cuestión de la capitalización de empresas del Estado y especialmente lo relativo a la tragedia del negocio de la energía eléctrica.

Le llegué a plantear en tres o cuatro informes que el Pacto Eléctrico que estaba pendiente de ser emprendido, y que hoy todavía no acaba de concretarse, no tenía razón de ser porque las empresas generadoras de energía que habían adquirido el 49% del capital en asociación con el Estado, a cambio de asumir el poder de administración y gestión, no habían cumplido los altos fines que se alegaran para llegar a ser beneficiarios de aquella asociación.  Fui tan lejos, que me valí de una importante revolución jurídica que se produjera en Francia cuando la mejor doctrina y jurisprudencia de aquel país había establecido que “cuando las causas impulsivas y determinantes que estaban en las bases de un contrato cualquiera no se hubiesen alcanzado, ni satisfecho, o hubiesen resultado desconocidas por la ineficiencia de quien las asumía como responsable de su realización, el contrato perdía razón de ser y quedaba resuelto hacia el status-quo ante”.

Lo que quería significarle al superior jerárquico de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) era que el Presidente de la República y la autoridad estatal tenían la facultad considerable para no renovar esos contratos de generación eléctrica porque la realidad era que los altos fines que sirvieron de causa impulsiva y determinante para hacer esa concesión no se habían alcanzado o cumplido, por lo que era necesario revocarles al menos el derecho de administración y gerencia, donde se han alojado sus mayores fracasos, de toda índole.

En fin, al poner el ejemplo precedente lo que busco es significar el grado de limpieza con que comenzaba a visualizar en las nuevas funciones que me habían sido encomendadas, aspectos siempre sensitivos del trato en los esfuerzos público-privados que habían servido de banderola para la capitalización y privatización de las empresas del Estado.

Al pasar los meses fui descubriendo que mi ingenuidad se hacía cada día más evidente y que yo estaba haciendo un tipo de labor “romántica” o, quizás algo peor, un vano y ridículo “brindis al sol”.  Y todo ello se relacionaba con el hecho de que algunos de los jerarcas más importantes de la nueva administración de gobierno habían sido funcionarios básicos, esenciales, en ese proceso de capitalización y privatización de las empresas públicas.

Fui muy lejos en el convencimiento cuando comencé a revisar expedientes del área pública y me encontré con especímenes tan escandalosos y traumáticos, como había sido la concesión de cuatro Ingenios del Estado a intereses vinculados a un feroz Cartel de la droga de México, que yo me había opuesto formalmente a que se hiciera desde la Comisión de Ética en el gobierno anterior.  En ese estudio resultó grande mi sorpresa al encontrarme con que el casi invisible y modestísimo Secretario de Acta y Correspondencia que leyera la adjudicación de aquellos Ingenios estatales a esos intereses, era nada más y nada menos que el superior jerárquico de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y que hoy detenta funciones sensacionales equivalentes a un Primer Ministro.

En ese mismo orden de ideas, es útil consignar que a esa Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) asistieron tres abogados importantes de la República a llevar una Querella contra el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER), contentiva de una poderosa denuncia de defraudación del orden de 10,300 millones de pesos (259,150 millones de dólares ), en un tiempo en que,  ya en mi condición de Director General, había llegado al convencimiento de que tenía que obviar la obediencia jerárquica por las razones apuntadas, lo que me limitaba a darle información oblicua, pero efectiva, al Presidente de la República, siempre en comunicaciones formales.

La suerte de esa Querella, impecable en la forma y potente en el fondo, ha sido trágica, pues no se pudo iniciar siquiera el proceso criminal correspondiente, ni tampoco se pudo hacer un trabajo detenido y a fondo en Cámara de Cuentas, llegando a culminar con un desistimiento del Estado de procurar la devolución de fondos tan importantes, fácilmente cuantificables, mediante la simple apreciación que se hiciera de la querella de marras.

Es más, llegué a solicitar al Señor Embajador de los Estados Unidos de entonces, un pintoresco y raudo exponente de la diplomacia del gobierno de Barak Obama, que le diera curso hacia la autoridad norteamericana a ver si la Exchange Comission podía interceder en favor de la República Dominicana, saqueada una vez más por prácticas corruptas, que ellos ciertamente persiguen y sancionan al través de tal organismo.  Huelga decir que la única respuesta que obtuve fue la alusión, en labios del propio Presidente de la República, a una carta de queja que aquel singular Embajador le dirigiera, sin que el Presidente me revelara su contenido.  Supuse que de seguro pedía mi destitución por el atrevimiento.

He querido dedicar en esta entrega lo que explico como una manera de probar porqué habría de morir la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), para que mis lectores tengan una idea exacta de los trastornos que hubiese traído, a intereses tan agresivos y sensibles como esos, la posibilidad de que se analizaran en una o más de las diez mesas multisectoriales los expedientes correspondientes.

Ahora bien, justo es agregar que desplegué otras diligencias auxiliares que pudieran servir de afluentes comunitarios a la versión central de IPAC de carácter nacional que resultaría el reservorio fundamental de las quejas.

En efecto, tratando de animar el interés público por los aspectos éticos, nos servimos de la colaboración excelente que ofrecieran los gobernadores provinciales, representantes del Poder Ejecutivo en sus provincias por mandato constitucional,  y desde el modesto ámbito de la DIGEIG en forma incesante visitamos decenas de provincias en sesiones comunitarias  provechosísimas, estableciendo los enlaces de que precisaría la DIGEIG con las comunidades para que todo confluyera, cuando así sus méritos lo indicaran, en las experiencias mensuales que habrían de celebrase en el IPAC, una vez éste estuviera ya convertido en ley de alcance general.

Tan neto era mi empeño por adelantar esa iniciativa legislativa, que en una visita que nos hiciera el Presidente de la República, como lo hiciera frente a otros en procura de conocer opiniones diversas en el proceso de consulta sobre el procedimiento a seguir para organizar la inmigración ilegal, yo aproveché tal visita y le hice entrega del nuevo proyecto de ley sobre el IPAC, ya más completo y mucho mejor acabado, y le advertí al hacer dicha entrega que tuviera presente que ese proyecto de ley tenía enemigos en el gobierno, de gente de su entorno más estrecho.  Y fue un acierto hacer la advertencia, porque comprobé en el tiempo subsiguiente que ya IPAC era difunto nuevamente por obra del poder de tanta gente que tenía motivos para recelar de un mecanismo de control de transparencia de tal magnitud y naturaleza.

A propósito de Transparencia, ya al final, no resulta ocioso apuntar que en fecha 5 de junio de 2015, en los Salones del Banco Central se celebró un evento importante bajo los auspicios de Transparencia Internacional, una organización que está por encima del bien y del mal en capacidad de calificar y descalificar los gobiernos del mundo.  A ese evento, al titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) no se le invitó, pese a que estaría allí encabezándolo el propio Presidente de la República, ante el cual el orador fundamental, actual Primer Ministro, se solazó, no sin arrogancia, describiéndoles a los funcionarios extranjeros allí presentes la existencia de “un antes y un después” en nuestro país, porque todo el horror de la corrupción correspondía al pasado inmediato,  que ya estaba siendo superado por el redentorismo que al parecer él representaba.

Examinando las fechas en retrospectiva yo compruebo, y en ésto no he podido vencer mi condición de penalista inveterado, que esa fecha en que se hacía tal anuncio grandioso, que era como una especie de funeral de Estado para todo lo que pudiera oler a IPAC, coincidía seguramente con el examen de la propuesta financiera de ODEBRECHT para construir la planta de generación a carbón de Punta Catalina, que para inmensa desgracia de la República va a permanecer por mucho tiempo como estigma terrible, aunque en honor a la verdad, preciso es reconocerlo, han surtido efectos provechosos por su capacidad de desenmascaramiento de tantos sepulcros blanqueados, verdaderos colosos de la disimulación que controlan desde las sombras los peores desastres y permanecen inéditos.

En suma, he pensado al referirme al nacimiento, vida y muerte de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) dejar con ello un testimonio veraz relativo a todo aquello como una manera de servir en mi sociedad en su derecho a saber cómo se han producido realmente las cosas, cuánto de manipulación, engatusamiento, hipocresía y procesos venenosos de envidia han sabido intervenir para secuestrar la verdad y abrirle paso a odiosas y arrogantes mentiras.

En las próximas entregas habrá temas relacionados con el que se ha tratado y, según parece, podré hacer provecho de ellos para consolidarlos en alguna parte de mis memorias por escribirse bajo el título de Lo Que Pude Vivir.

 

 

 

Vicisitudes del IPAC

Lo primero es señalar que la sigla IPAC se desprende de la Iniciativa Participativa Anticorrupción. Después confesar que, porque estuve muy cerca de ella, me resulta irritante aludir a su corta y precaria biografía.

Vi cuándo, dónde y cómo nació esa Iniciativa y jamás he hecho alarde de ser algo parecido a su padre; estuve, por así decirlo, en el quirófano y lo más que puedo llegar a creer es que mis palabras fueron el instrumental para aquel difícil parto.

Me explico.  Era una mañana en que me reintegraba a mi despacho de entonces en el Palacio Nacional.  Acababa de regresar de un control médico anual rutinario en el exterior, cuando recibí una llamada del Presidente interesado por saber de mi salud y quien me hizo, además, una revelación sorprendente, en el sentido de que había estado muy pendiente de mi regreso y quería que me incorporara a una reunión al mediodía en el consabido salón de la tercera planta.

En efecto, cuando me apersoné al lugar de la reunión mi curiosidad se convirtió en preocupación y extrañeza al encontrarme con no menos de doce funcionarios de organismos internacionales multilaterales, así como de algunos diplomáticos acreditados por la Unión Europea, Estados Unidos y España, que con su presencia parecían darle un toque a aquel encuentro de connotación de corte internacional.

Presentí que el gobierno sería juzgado en lo más parecido a un sanedrín moderno.  Noté que, además del Presidente, sólo estaban el Secretario de Estado de entonces de Planificación y Desarrollo y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Mi sorpresa se recreció cuando el Presidente, al iniciarse los trabajos, habló de que, dada mi ausencia del país por razones de salud, se había visto en la necesidad de aplazar dos veces las convocatorias precedentes, de lo cual se excusara, porque él entendía que el interlocutor apropiado resultaba quien desempeñaba las funciones de Presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).

En ese momento caí en plena cuenta de que la experiencia iba a resultar más que interesante, mortificante, dada la presencia de tantos importantes representativos de organismos tales como el Banco Mundial, Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas y embajadores y diplomáticos de mucho nivel en la misma.

Se trataba de un control acordado a fin de examinar y conocer cuál había sido el desempeño de nuestro Estado en el cumplimiento de las previsiones y recomendaciones contenidas en la Convención Anticorrupción de la Organización Mundial, de la cual somos signatarios comprometidos.

Debo decir que es éste un espacio muy limitado para relatar las incidencias pormenorizadas de aquella dramática reunión; pienso que en el esfuerzo de escribir mis memorias habría una mejor oportunidad para hacerlo.

Así pues, me limito hoy a recordar trazos y rasgos fundamentales de aquel parto en que naciera el IPAC, el cual, en su primer año, sirvió de mucho para la defensa del honor y la honra del Estado nacional, aunque después se le vio agonizar y morir como esfuerzo notable hasta perderse en esas brumas sociales que saben engendrar los intereses más siniestros e inimaginables, en medio de trampas de silencio y sofocación, obrando  bajo móviles diversísimos y promiscuos de difícil identificación, que sólo en retrospectiva y mediante una visión de conjunto se pueden medir, comprender y combatir.

En fin, la mañana aquella fue muy tensa, pues comenzó con una exposición a cargo de un dinámico representante del Banco Mundial contenida en una minuta de informe, muy bien acabada, en la que se vertían las apreciaciones de todos ellos, como conjunto, del estado de cosas del país en relación a la calidad del desempeño del funcionariado público, ante las prescripciones y  exigencias de esa importante Convención de escala mundial.

La descripción fue aterradora, y se podría decir sin exceso que, de haber trascendido lo expuesto, para el gobierno hubiese resultado muy difícil, cuando no imposible, contener y enfrentar la ira pública.  Claro está, los resultados de las elecciones inminentes hubiesen sido catastróficos.

Fue ahí, entonces, cuando el Presidente me concedió la palabra, después de finalizada la exposición imputatoria.  Recibí el mandato y encargo bajo una afirmación muy terminante del Presidente en el sentido de establecerme como interlocutor y entendí que quizás lo hacía así confiado en mi experiencia de viejo penalista, del cual muchas veces decía que siendo estudiante había presenciado y oído una de mis defensas en un importante juicio criminal y que desde entonces se había declarado partidario de mi idoneidad como penalista.  Por ello yo entendí que era ésto lo que me estaba confiando, la defensa crucial de su gobierno, que creo que al intentarla logré, al menos, activar el parto del IPAC, según veremos más adelante.

Le respondí a los escandalosos cargos de obvia connotación delictiva que los mismos adolecían de una debilidad esencial y que, de mantenerse, inexorablemente resultarían inseguros e injustos, dada la brutal generalización de culpa y responsabilidad que hacían al incriminar la administración de gobierno bajo un predicamento tan abarcante, que no tenía la más mínima modalidad atenuante o alguna salvedad posible.  En suma, que si se le daba curso tal como se había presentado, la sociedad nuestra se haría cargo de todas sus alegadas durezas y la estabilidad de las instituciones, comenzando por la del propio gobierno, se estremecería en términos decididamente imprevisibles.

Sin embargo, luego de señalar tales aspectos, entré en materia y les planteé a los inspectores internacionales lo siguiente: “La fragilidad de su minuta- informe reside en que asume y se sostiene sobre afirmaciones como éstas: “según ha trascendido”; “según se ha podido saber”; “según es de público conocimiento”; “hasta donde ha llegado nuestra percepción, etc. etc.”.

Frente a esas afirmaciones del informe tan gaseosas y ambiguas en sus premisas, les dije: “¿Cómo lo pudieron saber?  ¿Quién se lo dijo?  El conocimiento público, ¿quién lo ha comprobado y difundido?  ¿Dónde está alguna muestra probatoria, siquiera, sobre uno o más aspectos reprobables de los que han podido servir de base a esa minuta-informe patibularia?”

Naturalmente, pasé entonces a decirle a tan distinguidos inspectores de control del cumplimiento de esa Convención importantísima que creía su deber tomar en cuenta el hecho de que nosotros teníamos, al momento,  alrededor de ciento veinte canales de televisión, más de cuatrocientas emisoras de radio y un proceso fluido, constante, de elecciones sucesivas cada dos años y desde esos medios, al través de su excitante dinámica, desde la madrugada hasta la medianoche, se vertían millares de acusaciones descalificadoras del gobierno.

Todo aquello, aduje, conducía a comprobar la dificultad de que el público pudiera salir ileso, sin una semi-alienación que le impidiera alcanzar apreciaciones justas, y sobre todo justas, acerca de cómo obraba cada quién en el ámbito de sus deberes y obligaciones; que, por todo ello, era muy arriesgado totalizar el reproche y el desdén ético frente al gobierno como un todo.

De inmediato pasé a hacer planteamientos conducentes y constructivos y les inquirí:  “¿Porqué no hacemos un esfuerzo para identificar el tejido podrido de cada departamento, dependencia o despacho?  ¿Porqué no evaluamos cuánto de canceroso hay en ese tejido social alojado en la administración pública?  ¿No sería más conveniente localizar los focos y nudos de corrupción que puedan ir apareciendo para extirparlos, en lugar de hacer una acusación tan masiva y ciega de todo contra todos?”

Fui comprendiendo que mis alegatos prendían en la atención de los autores de la minuta-informe y quise darles dos ejemplos para demostrarles el valor inmenso de una cantidad impresionante de técnicos que, en forma anónima, casi heroica, existen y trabajan en los organismos del Estado, obedeciendo siempre a motivaciones éticas irreprochables.

Cité el caso del Acueducto de la legendaria ciudad nuestra que es Baní, Provincia de Peravia, y le señalé al Señor Embajador de España que en la primera licitación que se abriera los técnicos del Instituto Nacional de Aguas Potables de la República Dominicana habían detectado mecanismos maliciosos de cálculo perverso de los precios, de parte de una poderosa macroempresa suramericana que había alcanzado el primer lugar con un nivel de 178 millones de dólares y que, fruto de esa censura, se cayó aquella licitación y en la nueva que se programara un grupo español había logrado la victoria, llevando un precio de 73 millones menos de lo que pareció ser una frustrada experiencia de exacción, que hoy se ha visto en retrospectiva había llegado al país como una epidemia del Ébola regional.

Asímismo, cité el caso de la importantísima Presa de Monte Grande, que se tiene como espina dorsal posible del desarrollo del sur profundo y le comenté el valor y el coraje moral de una funcionaria de alta calificación profesional que se había rehusado  firmar el acta de adjudicación en una primera licitación que se declarara desierta por sus excesos deformantes alojados en sobreprecios y sobrediseños intolerables que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ha tenido que luchar luego para controlar e impedir la resucitación plena de los excesos de la primera, siendo ésto posible por la recia idoneidad de los técnicos de dicha Institución que se han lucido en el celo preservador de intereses nacionales muy sensitivos.

Me alentaba así el hecho de ir comprobando en los rostros de los funcionarios extranjeros, así como en algunos gestos aprobatorios, que mis alegatos merecían y estaban ganando respeto y consideración.

Les hablé, desde luego, del peligroso paso de ir a una imputación penal colectiva que afectaría a cientos de empleados y funcionarios honrados e idóneos y les dije que esa era una manera de desmoralizar al Ser Nacional, aunque me cuidé de significarles que yo no creía que esos fines pudieran estar en sus propósitos.

Luego de mi explicación el Presidente de la República tomó la palabra para expresar su absoluta disposición a trabajar en una experiencia que fuera capaz de ir Secretaría de Estado por Secretaría de Estado, Dirección General por Dirección General, en fin, Departamento por Departamento, para llevar a cabo un esclarecimiento preciso y exacto de todas las cuestiones que pudieron haberle proporcionado bases a esa minuta-informe y que lo ideal era hacerlo en forma abierta y pública, de manera sistemática y permanente, a fin de que la sociedad pudiera acceder a sus implicaciones y así no depender de cuanto le pudieren decir intereses políticos o de cualquier otra índole con grave perturbación de su confianza frente a prácticas predatorias de sus bienes, recursos y servicios, fueran éstas reales o supuestas.

El Presidente fue singularmente enérgico y con ello parecía clara su intención de dotar de mayor fuerza su propuesta y llegó a utilizar términos fuertes, tanto como para llamar al robo por todos sus nombres.  Cosa ésta inusual en su comportamiento de siempre.

Así las cosas, la totalidad de los funcionarios extranjeros pasó a aprobar con manifiesto interés la propuesta presidencial y ésto sirvió para que el Secretario de Planificación y Desarrollo de entonces recibiera el en  cargo presidencial de inmediato de emprender tareas conjuntas para la inspección de control de la Convención de Naciones Unidas Anticorrupción, así como de los hechos que pudieran estar contenidos en la minuta-informe, según se ha descrito, que comenzaba de esa manera a perder considerablemente su condición de patíbulo.  Había nacido el IPAC.

El diligente director de los trabajos fue el Representante del Banco Mundial y contó con el Representante del Banco Interamericano en una admirable cooperación y asistencia destinadas a darle a los trabajos por acometer las dimensiones que fueran necesarias.

Y fue bien ingenioso y muy efectivo el método que adoptaron para medir el desempeño y cumplimiento de los términos y exigencias de la Convención; consistió en iniciar los trabajos celebrando el primer gran encuentro multisectorial y abierto, en diez mesas, en el cual se mostró un semáforo  cuyas luces estaban en el orden siguiente: el rojo, encerraba todas las falencias y anormalidades del cumplimiento; el amarillo, muy angosto, que entrañaba indiferencia por la enmienda y corrección de vicios; y el verde, casi imperceptible, como una desesperanza letal para el pueblo dominicano.

Luego, en los tres encuentros celebrados trimestralmente, se advirtió el cambio progresivo de la composición de los colores, pues el rojo comenzó a reducirse, el amarillo se amplió y el verde comenzó a aparecer con una presencia estimulante y promisoria.  Preciso es apuntar que esos trabajos de verificación y comprobación se hicieron todos bajo control de los inspectores y expertos que se fueron trayendo, por lo que el cambio en el orden y en la intensidad de las luces no era hijo del capricho, sino un trabajo de campo serio y responsable, que se encargó de ir ajustando las denuncias evidenciándolas cada vez como menos consistentes y veraces.

Por el contrario, aparecían las explicaciones y las demostraciones de la administración en términos tales que el asunto fue evolucionando hasta que en la cuarta y final experiencia de reunión trimestral, el rojo estaba reducido en una forma impresionante, el amarillo aparecía muy ampliado, lo que indicaba que se habían podido establecer pruebas de reacciones de enmienda y corrección sobre métodos y procedimientos y el verde mismo era ya significativamente más justo.

Hubo algo al final de aquella experiencia que hoy quiero recordar; fue cuando el Señor Representante del Banco Mundial me señaló, no sin asombro, que él estaba desconcertado, porque la gente que había estado más activa en el proceso originario de denuncia no apareció a esa última reunión.

Yo le respondí: “Ocurre que el Estado ha ido ganando el partido. Dirían ustedes, hay una “goleada” en curso”, pero agregué a ésto que la ausencia parecía una manera de rezongar por los resultados y le señalé:  “No olvide que ustedes han estado controlando, durante un año, todo el procedimiento de averiguaciones y posiblemente sea ésta un desplante a ustedes porque ya el gobierno “no sale a muerte”, como se llegó a pensar en el principio.”

Hice una reflexión más detenida al decirle: “Lo que pasa es que la denuncia es su materia prima, su razón de ser como ONG y no descarte que para ellos resulta una verdadera contrariedad que ustedes hayan podido comprobar cuánto de excesos y de propósitos inconfesables pudo haber en aquella embestida de hace un año.”

Pero bien, tendré que producir otra entrega de La Pregunta para contar cuáles fueron las consecuencias de aquella demostración de inseriedad y de excesos que hicieran temblar al gobierno.

En ellas, las entregas de futuro, señalaré cómo el IPAC se intentó llevar a cabo, ya desde su reputación ganada, convirtiéndolo en Ley y como práctica permanente en el Estado, como si fuera un mecanismo capaz, incluso, de servir para el propio funcionario del Estado en el futuro, en el sentido de intimidarlo en el momento en que maquinara una desviación de conducta ante el examen popular, abierto, que el Estado iría a programar en el IPAC.

Aguardemos, pues, esas fases de aquella Iniciativa, que sólo en su primer año derribó tanta maledicencia perversa, pero que resultara bloqueada en la aspiración de convertirla en Ley, donde el control popular generalizado abarcara todas las actividades, no sólo del sector público, sino de poderosos exponentes del sector privado, tal como la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas lo prevé. Ahí parece que estaba su acta de defunción prematura.

 

EL ASESOR  

 

Llama la atención de pocos, todavía, saber acerca del papel que puede jugar un asesor en el mundo político nuestro.  Y debo aclarar que no alcancé esa convicción en ocasión de haber sido asesor de dos presidentes durante más de diez años.

Ello así, por la naturaleza misma de aquellas funciones que, al estar concentradas en políticas de lucha antidrogas, a la generalidad de la gente la mueve al respeto, en principio, dados los riesgosos cometidos que pueden implicarse en el cumplimiento de deberes tan escabrosos.

Así que cuando pienso o escribo sobre el papel del asesor me refiero más bien a otros ámbitos muy interesantes y más pacíficos, pero delicadísimos.

Siempre he sostenido que el Presidente entre nosotros resulta ser el funcionario más poderoso y, a la vez, el más débil al desempeñar sus complejas funciones de servir al Estado desde la dirección superior del gobierno.

He creído tal cosa porque son tantas las tareas a decidir, orientar y controlar desde la silla presidencial, que el acierto o el desacierto dependerán, de muchas maneras, de la eficiencia e idoneidad de los ministros y directores generales, quienes al trabajar sobre el campo de operaciones del día a día del gobierno pueden cumplir o fallar en sus correspondientes misiones.

Todo va a depender, para que la administración funcione, de la eficiencia, honradez y lealtad de esos niveles del funcionariado que están supuestos a servir como correa de transmisión de las políticas públicas fundamentales del Presidente hacia la población y estamentos bien diversos de ella.

El Presidente tiene, indudablemente, músculos para ordenar y hacer cumplir los encargos, pero, también tendrá las espaldas muy expuestas a dardos y puñales de las inconsistencias, bien de la incapacidad, ora de las inconsecuencias que podrían estar en las bases de la alimentación de las decisiones finales del plano superior responsable.

Es por ahí donde parecen surgir las necesidades de los asesores , que hagan las veces de consejeros “de segunda opinión” cuando comienzan a moverse las circunstancias que conducen o pueden conducir a las decisiones superiores, que en nuestro medio culturalmente se advierten como piramidales; vale decir, que vendrán de arriba, aunque quienes las hayan alimentado sean los niveles intermedios existentes entre el Presidente y el pueblo, considerando esta relación en una perspectiva del más amplio espectro.

Una de las aristas más arisca y filosa se presenta cuando el asesor no es un mero adorno o un premio afectivo, sino cuando se ha procurado su importante opinión que podría coincidir o disentir con los pareceres de los ministros y directores generales, quienes desde esos litorales siempre borrascosos podrían enconarse, si no se les aprueba, o caer en connubios malsanos con el asesor que por alguna razón se haga el mudo o el bizco, desertando así de la lealtad debida a quien le otorgara mandato para auxiliarle.

La exigencia de capacidad en el asesor es importantísima, porque va a competir cuando su trabajo es cabal.  Hay también otra exigencia más sensitiva que es la de la lealtad a las políticas públicas que son vitales para la configuración y reflejo del Presidente como exponente de poder eficaz y efectivo cumplidor de lo prometido en sus programas de gobierno pendientes de ejecución.

He ahí el meollo del asunto.  El asesor puede ser muy capaz y tornarse, no obstante, en peligroso; especialmente cuando lo reclame la acuciante cuestión de las agendas propias; peor aún, cuando éstas son producto de encargos de intereses foráneos, incompatibles con los altos fines nacionales que demandan del Presidente un celo estricto, so pena de ser enviado por la decepción pública al tribunal de la historia con muy baja recomendación.

En dos palabras, un ministro, por ejemplo, aunque pueda ser preparado, cuando aumenta su importancia y se ofrece y así se le percibe como portavoz, no confeso, ligeramente disimulado, de esos poderosos intereses que pueden inflar su influencia, se hace aún más pernicioso en sus opiniones, al grado de que las propias decisiones presidenciales se infecten y degraden en el sentido de no verle en su desempeño primordial como capaz de  impulsar políticas y posiciones nacionales muy sensitivas como obra propia.

Nosotros estamos atravesando por una experiencia que tiene como eje ese trastorno fundamental a que se refieren las consideraciones precedentes.  Y ésto resulta más grave aún, pues no sólo ha sido lamentable la meliflua poda del poder presidencial, que le ha llevado a consentir e incurrir en  ignominiosas menguas de soberanía, territorio, identidad, sino que también se ha derramado en otras múltiples variables de la administración, surgiendo así una muy negativa versión de poder virtual que, detrás del trono, desluce y desdibuja el rol de quien fuera señalado por la soberanía popular como responsable de los destinos nacionales.

Ahora bien, como siempre ocurre, el examen en retrospectiva sigue siendo la oportunidad mejor para apreciar y comprender cómo han sido las cosas que la gente común necesita aprender, así sea como lección tardía; el paso del tiempo desbroza situaciones de tal modo que se pueden ver de forma más clara las cosas que cuando se vieran en medio de los fogonazos de fama y de chispazos coyunturales hábilmente predispuestas para ir organizando patrones de control y dominio.

Me siento en condiciones de ser testigo de excepción de algunas de las situaciones más elocuentes para la demostración de cuanto afirmo en relación al asesor, el verdadero, no el decorativo, porque me correspondió lidiar en esas otras áreas, por reclamación presidencial, y pude ver muy de cerca “por dónde iban los tiros”.

Voy a comenzar por una situación originaria que hoy podría parecer distante y neutra, pero que resultó decisiva para abrir el primer zanjón de desencuentros y división dentro del partido de poder.  Me refiero, sólo ligeramente, al primer discurso en Asamblea del Presidente de la República, luego de su ejercicio de un año.

Él venía de una victoria que fuera alimentada por la participación de fuerzas aliadas diversas que lograron eliminar el peligro de una desventaja de más de veinte puntos en encuestas, a sólo cinco meses del día crucial de votaciones. Pero, me apresuro a señalar en honor a la verdad que fue la decisión del Jefe de Estado de entonces, de involucrarse en la campaña,  lo que vino a resultar determinante; el propio Presidente titular de la victoria llegó a decir que aquél había trabajado tanto y mejor que si se tratara de una campaña propia.  Es decir, que todo estaba propuesto para mantener alejado cualquier amago de pugnas y separaciones.

Eso se creyó, pero sólo por error, pues las sensacionales y agresivas revelaciones que se hicieran en aquel discurso en labios del Presidente actual  relativas a odiosas y degradantes descalificaciones de pésima gestión del negocio del oro de Barrick,  al tiempo que se exhibían con delirante triunfalismo las enmiendas ventajosas que se habían logrado, apoyado profundamente en el trabajo del ya insinuado futuro Primer Ministro, en realidad no tenían por misión otra cosa que agriar gravemente las relaciones entre los dos líderes del partido de poder, que ya lleva diecisiete años ejerciéndolo, cuando se advierte el interés de separarlo mediante el instrumental incisivo de la persecución judicial.

Ahora ocurre que la retrospectiva se encarga de aclarar muchas cosas que hacen aquel júbilo un tanto artificial y exagerado, como para que desaparezcan hoy fundamentos y razones atendibles para mantenerlo como un triunfo de la pulcritud y del celo de la preservación de los beneficios de recursos no renovables.

Sin embargo, cumplió con su cometido esencial cuando se hizo uso de la vanidosa comparación ética entre un antes y un después, como la que se hiciera con fulgurante pero fugaz éxito. Y se vio después ratificada l experiencia en otro escenario como lo fuera un evento bajo patrocinio de Transparencia Internacional, en el cual la arrogante principalía de aquel Primer Ministro reafirmó la existencia de esos dos mundos contrapuestos: el pasado inmediato delictivo y  el presente dotado de todas las virtudes.

En realidad, no se quiso ver que con aquello del discurso se le imponía al Partido de la Liberación Dominicana el inicio de su camino al debilitamiento de su cohesión  y a una previsible división; algo que se ha logrado exponiéndole ya a que abunden voces que toman de sus siglas la “L” de “Liberación” para atribuirla a la “Liquidación” dominicana.

Como un paréntesis pesaroso debo apuntar que resulta impresionante comprobar cómo en otras latitudes de Latinoamérica el nefasto fenómeno del papel de asesores, ministros importantes y hasta vicepresidentes, unido a las acciones todavía más temibles de los llamados asesores de imagen, trabajaron en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia en forma espectacular que ya para nadie resulta un secreto lo que han significado personajes como Joao Santana, J.J. Rendón o Jaime Durán Barba. So pretexto  de trabajar imágenes y atender a excitantes encuestas electorales impulsadas por su imaginación sin límites, al menos en nuestro caso, se vio transmutarse a Joao Santana a consejero político y ya se sabe hasta dónde se desquició nuestra tersura constitucional, hasta caer en este foso de incertidumbres y durezas del presente.

En fin, allá se ha visto cómo han sido las relaciones tensivas e inverosímiles entre  Lula y Dilma, Moreno y Correa, Kuczinsky y Humala, Uribe y Santos, que han tenido como común denominador la abjuración y desprecio de aquello de lo cual han sido parte, repudiando el estado de cosas encontrado y se abrieron nuevos caminos de gloria, insospechados para caer en derivas que han terminado algunos de ellos en desdichadas tragedias personales, según se advierte sin discusión en la enorme tormenta de acusaciones en curso.

No es ocioso agregar que hubo otra experiencia en Perú, verdaderamente tétrica, como lo fuera la relación Fujimori-Montesinos, que no era ministro pero sí una sombra supuestamente indispensable para ayudar a hacer el gobierno.  Huelga decir que ambos están condenados a largas penas.

Pero, volviendo al asesor, que es título de estas cuartillas, se ha venido a saber que los mismos que hicieran el control de la propuesta financiera de Odebrecht para Punta Catalina fueron los que fraguaron, no sin talento y  destreza, el alarde de logros revisores de todo lo anterior en el oro de Barrick, enfatizando un enconoso empeño de acentuar como miopía maliciosa el tratamiento que se le había dado hasta la hora de llegar los redentores; claro está, con ello se sugería lo peor contra el otro que salía en medio de una precoz desgracia de prestigio, listo para ser sepultado en un hoyo financiero descomunal, que dicho sea de paso mucho había tenido que ver con la victoria.

De consiguiente, se podría entender hoy sin faltar a la verdad que así como se llegara a considerar  la Catalina subvaluada, se supo incordiar  con el oro de Barrick para sacar provechosos resultados en distintos órdenes y objetivos en esa oportunidad irrepetible que fuera aquello.

El hecho es que hoy se tienen que oir cosas bien desagradables de la rencorosa vanidad de aquella asesoría mixta, de ministro y tecnócrata, que buscó cubrirse de gloria descuartizando el trato previo y magnificando la revocación supuesta de lo indebido.

Ni una cosa ni otra, es el balance; pero sirvió para envenenar y obrar con satisfacción obedeciendo a móviles solapados y promiscuos que convertían la asesoría en un repugnante fin propio bien ajeno a lo que debió ser la agenda posible de unidad y gratitud debida frente al saliente mandatario, de parte del entrante, que entre nosotros, como se dijo, es muy poderoso pero, muy débil a la vez, y tiene las espaldas indefensas para dardos y puñales de inconsecuencias.

Necesitaré, según veo, nuevas entregas para ir articulando mis criterios acerca del asesor como pieza clave para el asesorado, que en la especie nuestra ha terminado por quedar bajo asedio de duras imputaciones, junto a su partido, luego de haber tolerado tantos componentes podridos de deslealtades en la formulación de decisiones cruciales como siempre deben de ser las presidenciales.

En una próxima entrega haré el relato de lo que llamo, ya, las vicisitudes del IPAC; ésto en el apasionante campo de la corrupción administrativa, que es otra fuente para ofrecer conocimiento de la condición humana y los conflictos que se generan cuando su calidad se demacra, una vez se imponen los enfermizos propósitos del perverso logro personal.

En suma, ni tan grande fue el descuido del saliente, ni tan grande fue el esmero del entrante.  Lo que sí conservan ambos son espaldas de Presidente, uno de la República y otro del partido, que ya están bajo diseño de apercibimiento criminal, según se ha visto.

 

EL CURRICÁN DE BRASIL

En cuatro entregas precedentes de La Pregunta que podrían reexaminarse en este blog, puse empeño en destacar la cuestión del uso generalizado y masivo de la “Delación Premiada” como medio de prueba en el insólito Caso de Odebrecht.

Y en efecto, en ocasión de la condenación de Luis Ignacio Lula Da Silva en uno de cinco procesos existentes, volví a meditar sobre el tema y voy accediendo a la convicción de que la “Delación Premiada” existente en el ordenamiento jurídico-penal brasileño ha venido a resultar un filoso medio de prueba, capaz de surtir efectos devastadores, tanto en el ámbito público y su sistema de partidos políticos, como en el ámbito privado con sus innumerables aberraciones de codicia de sus sectores.

Tenía la convicción, más que el presentimiento, de que vendría esa condenación como umbral de otras más graves relativas a los otros cuatro procesos criminales pendientes de culminación.  Naturalmente, nadie estaba en condiciones de prever y medir la realidad de sus alcances, aunque se columbraran sus efectos posibles como daños incalculables.

Muchos creen que basta declarar la ocurrencia penal como “persecución política por un medio judicial”; otros agregan que, de no hacerlo así, nada ni nadie impediría la elección de aquel hombre público de importancia mundial como presidente de Brasil en el proceso electoral del año 2018.

Admito que tales afirmaciones son sólidas y tienen el encanto de convertirse en una especie de “lugar común”, pero con una enorme fuerza de persuasión colectiva.

Sin embargo, asumo que existen muchas otras implicaciones como causas profundas de resultados colaterales, que todavía no han sido revisadas y explicadas plenamente a los pueblos de Latinoamérica.  Que éstos podrían resultar privados del conocimiento de esas causales y de la índole misma de sus consecuencias, por lo que en La Pregunta me permití explorar tal urdimbre, mediante el examen del fenómeno procesal penal, identificando como instrumento judicial aplicado ese mecanismo de la “Delación Premiada” de Brasil.

Me impactó mucho, al principio, la condena precoz, casi abrupta, del presidente de aquella colosal empresa constructora, la mayor de América Latina y una de las más importantes del mundo; Marcelo Odebrecht fue juzgado y condenado con severidad sorprendente a diecinueve años de prisión, como habrán de serlo setenta y siete de sus funcionarios dependientes, cuyas condenaciones diversas se ven venir en cascadas, luego de muchas “Delaciones Premiadas”.

Quedaba así la cabeza de aquella entidad sujeta a la oprimente coacción del largo castigo penal, a menos que se desplomara y pasara a señalar a otros, como una manera de aligerar su desgracia.  Y éste puede ser el talón de Aquiles de los fallos desprendidos de esas intraacusaciones entre co-autores.

Todo aquello llevó a decir a Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, que si se llegaba a condenar a su hijo habría que construir una cárcel tan grande como el territorio de Brasil para poder alojar a la infinidad de responsables de las prácticas corruptas, las cuales, según se sostiene, son perseguidas sólo obedeciendo al objetivo de una punición basada en “elevados principios”.

Así que fue ese sismógrafo de Emilio Odebrecht el que anticipó el terremoto, y en cierto modo se quedaba corto, pues no pensó en la irradiación del desorden criminal hacia otros diez Estados de América Latina, incluso uno que otro de África.

Me ocurre que muchas veces hago uso de conocimientos sencillos de la vida diaria para poder abordar y explicar cuestiones complejas de ese mundo inextricable de la cuestión penal.  Pensé en la pesca y me dije: En todo ésto hay una supra-idea estratégica y multidireccional del uso del curricán, que según lo define la Real Academia de la Lengua Española es:  “Aparejo  de pesca de un solo anzuelo, que suele largarse por la popa del buque cuando navega.” 

Me imaginé  a Brasil  como un enorme  barco y de su poderosa economía  pude ver a Odebrecht y el estatal Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) como dos anzuelos colosales que podrían, durante años, atraer la atención y el interés de la clase política y de parte del empresariado de Brasil, así como ocurriera casi a escala mundial.

El tamaño de los peces que pudieran morder en esos anzuelos era insospechable; terminarían por ser presidentes, expresidentes, ministros, directores generales, empresarios de extrema importancia en distintas naciones.  En fin, todos aquellos elementos que concurren o pueden concurrir a grandes negocios públicos como son las obras que se precisan y se emprenden bajo el convencimiento de que, en definitiva, no resulta pecaminoso dejar de recelar de las sobrevaluaciones, que pueden llegar a ser escandalosas de hasta un 22% de los costos propuestos para las normas de licitación, que fue el caso generalizado, según se ha visto en varios paralelos del planeta Tierra.

Ahora bien, llegó un tiempo en que el barco gigantesco que fuera Brasil, en todos los sentidos, comenzó a preocupar por sus cursos y derivas en la navegación; cambió de océano y se fue al lejano oriente a empalmar su economía con economías emergentes importantísimas; de allí surgió el fenómeno que según ha parecido vendría a sustituir el viejo y caduco orden de los negocios mundiales.

Reaparecía así el siniestro dueto de comercio-guerra que ha sabido estremecer la historia en todas las épocas.  Fue allí donde se mandó a detener el barco y a recoger el curricán.  ¿Cuáles son los peces gordos que han aparecido?  Lula, Dilma, Temer, Cunha, Partido de los Trabajadores, decenas de legisladores, así como poderosas expresiones empresariales de los mares de Brasil; en las otras latitudes Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Alan García, Glas, Santos, Zuluaga, Maduro-Cabello, Calderón, y otros marlins argentinos por ser identificados; en cuanto al Caribe sobresalen El Mariel, pendiente de descifrarse, y la República Dominicana con su misteriosa muestra de Sirena que resultó Catalina.

En fin,  peces gordos de todo tipo, incluyendo la posibilidad de complicaciones hacia el norte en las líneas de conspiraciones licitatorias de pesados tiburones blancos de la energía norteamericana tropicalizada por estos predios, bajo lupa estricta de control a cargo del organismo que vigila las prácticas de sus empresas en el exterior, como las de aquellas que participan en Bolsa.

Pero bien, parecería lo anterior un ejercicio divertido o banal, casi como si fuera una ocurrencia irónica de bajo contenido.  Y no es así.

Basta con pensar en el crecimiento descomunal de la empresa-marca que llegó a ser Odebrecht con el respaldo del crédito fácil y rápido que ofrecía un banco del Estado, que hizo las veces de segundo anzuelo, que también parece atrapado en los sucesos y lo mucho que ofrecían a los gobernantes como atractiva tentación de construir de inmediato bajo técnica impecable, en lo que parecía ser el paso arrollador de una nueva potencia en América, situada en su Sur más extenso.

Odebrecht se desarrolló, en verdad, como un Estado paralelo de la construcción y alcanzó fama realizando grandes obras, entre ellas aeropuertos internacionales, nada menos que en la exigente y eficaz potencia del Norte.  Ahí los anzuelos suelen recibir una electricidad especial capaz de levantar los peces, decididamente muertos.

Y la fascinación seguramente no fue de gobernantes y empresarios codiciosos, sino de las propias e importantes firmas asociadas que fue reclutando como partner la macroempresa en cada nuevo escenario, para quienes trabajar junto a aquel coloso resultaba un alto honor.  Esto independientemente de los provechos naturales de sus precios, que no tenían necesariamente que ser compartidos ni maquinados con esos asociados, como cuestión previa en los tiempos de las gestiones oscuras, dado que éstas estaban sobreaseguradas bajo los vastísimos planes de desarrollo de aquel  gran poder del Brasil emergente.

Pero, el crimen vino a resultar el percance cuando nadie sospechaba que desde aquel barco esplendoroso podrían estar colgando en sus anzuelos las odiosas sobrevaluaciones, los sobre-diseños preciosistas, los sobornos incontenibles a cargo de un departamento cuasi ministerial que manejaba las operaciones de éstos y la penetración desquiciante en las licitaciones por medios increíblemente estructurados.

Entre nosotros pasó a ser todo aquello excepcionalmente negativo y pasmoso, pues, no sólo quedamos en tercer lugar en los niveles de sobornos, sino que sobrevino una implicación institucional delicadísima que sólo la magia de un prestidigitador y arquitecto formidable de la publicidad, de fama mundial, pudo llevar a cabo con éxito.

Valdría decir todo lo anterior que sólo la fascinante presencia de un Joao Santana, cargado de laureles, estaba en condiciones de darle apoyo a los proyectos, claro está, contando con las muletas prodigiosas de Odebrecht, sobre todo prevalido de la notabilidad de aquel mago del marketing, que había hecho hazañosamente a dos presidentes en Brasil, aunque se resguardó muy bien, según se ha visto, para alcanzar una pena mínima como Delator Premiado en su encantador Brasil, ahora tan dañado y estremecido por escándalos inconcebibles.

Goebles y su imaginación insondable, no solo sirvió para la propaganda justificadora del régimen nazi, sino que influyó enormemente en los desvaríos del envanecimiento delirante del líder, hasta llevarlo a la comisión de errores espantosos.  Desde luego, ésto dicho, guardando rigurosamente las distancias.

El hecho es que la obra de demolición constitucional entre nosotros fue al parecer lograda en la seguridad del triunfalismo de este marinero importantísimo del buque Brasil, que sirviera para esparcir la seguridad de que todo sería provechoso, incluso la satisfacción de los deseos de su amigo el Expresidente Lula, cuando en febrero del año ’13 reveló en acto público que “cuatro años eran muy poco para un Presidente que, como el nuestro, tenía tanta aspiración de trabajar”.  Esto dicho aún en presencia de la prohibición de la reelección en la Constitución nuestra, que para el malabarista de la publicidad posiblemente no constituyó preocupación de ningún género.

En efecto, el plan del arquitecto de la demolición institucional era perfecto, sobre todo, porque él estaba seguro de la fuente fabulosa del financiamiento que vendría adornado por innegables obras de progreso, aunque envenenadas en su licitud.  Todo pareció factible, aunque pienso que el propio Presidente nuestro, que hoy la calle reclama para juicio criminal, según diseño de una Ong cimera ya puesto en marcha, consideró que había la necesidad de rebajar unos 300 millones de dólares del precio de aquella subasta, tan perturbada por circunstancias muy trastornadora; exigencia ésta acompañada de la amenaza de no firmar el contrato final.

El embrujo de Joao Santana es previsible que se impusiera ante todo obstáculo y se encargara de tranquilizar toda alarma bajo el grito de “a toda marcha aprovechemos la buena mar”.

Sólo que le esperaban las rejas, una vez se levantara el curricán.  Y no es descartable, en última instancia, que él tuviera una participación más siniestra, más allá de la Delación Premiada de Lula y Dilma, que eran en definitiva los peces mayores del curricán.

Hemos seguido la estela de navegación y los sucesos de la detención del inmenso barco curricanero y en ocasión de todo esto pienso que talvez nos ayude a aprender cómo recibir amargas y profundas lecciones que, a no dudar, resultarán indelebles.

Quizás lleguemos a comprender, además, que sigue siendo indisoluble el trágico matrimonio entre el comercio mundial y las guerras de todas las intensidades que ha sufrido la humanidad en su mar de sombras y escurridizas verdades.  Ahora bien, trato el tema y creo salvada mi conciencia porque en una oportunidad muy próxima a aquel tempo, consultado para otra situación energética diferente, me permití limitar mi opinión a esta breve y sincera admonición: “Señor Presidente, cuídese del negocio eléctrico, que sabe generar mucho escándalo”.

Desde luego, todavía no parecía oírse el canto de la Sirena de Catalina, que hoy se muestra como látigo para el azote de agresivas y traicioneras maniobras de una Geopolítica implacable que busca privar de defensa en forma rotunda al Estado nuestro.

Aguardemos, pues, que sea el tiempo una vez más quien nos muestre las razones de esta catástrofe.

PATRIA ÚNICA

No existe otra tarea más execrable que la de intentar la reinterpretación de la historia de su pueblo, no para orientarle hacia lo mejor, sino para destruirle la mística de la patria, como el eje que durante casi dos siglos le ha venido dando albergue a todos sus sufrimientos, su denuedo, sus sacrificios, sus alegrías y sus tristezas, bajo el marco del idealismo y el arrojo de quienes la forjaron con irrepetible consagración.

Es horrible la idea de ponerse al servicio de intereses oscuros del extranjero para buscar establecer una postverdad, alternativa y retardada, de esa historia que ha recogido y aluvionado todos esos valores de mención, despreciando las muchas y calladas abnegaciones que tiene en sus bases y raíces.

Han pretendido restar todo valor y significado a aquello para terminar afirmando, sin ambages, que no creen en una patria de muertos, porque la verdadera patria es la de los vivos;  ellos creen que resultan capaces de  amortajarla y zumbarla al tiempo de fundar nuevas y fascinantes realidades,  conforme a los más brillantes requerimientos del elevadísimo humanismo que hoy impera.

Todo como si se tratara de un salto cualitativo hacia la civilización de los nuevos tiempos; como si éstos no fueran lo que son, tan plagados de guerras mortíferas, incertidumbres y presagios con fuerza de señales apocalípticas.

Nuestro caso ofrece mejor que ningún otro la oportunidad más neta de enseñar hasta dónde pueden llegar las injusticias de una Comunidad Internacional cancerizada, sobre todo cuando logra acompañarse de traiciones domésticas y conjurarse contra nuestra sagrada independencia, tan abonada como ha sido por el estoicismo valeroso y silente de legiones de sus hijos y de sus hijas heroicos y martirizados hasta llegar a ser leyenda gloriosa.

Hubo una expresión en el principio que para mí siempre ha sido la  anticipación de lo que deberíamos ser, que fue aquella pronunciada por nuestra mártir suprema María Trinidad Sánchez, a pocos pasos del patíbulo: “Cúmplase en mí tu voluntad, Señor, y sálvese la República”.  Eso pudo estar como lema nacional en nuestra gloriosa bandera.

Desde luego, preciso es reconocer que la traición apareció desde el principio; sólo que, ahora, se hizo anciana aunque más peligrosa, en tiempos muy  borrascosos de la humanidad; cuando ha contado con aliados jamás resentidos para llevar a cabo la demolición de aquel sueño inmenso de independencia y libertad, que hoy se expone al ahogamiento en este tremedal de consumismo, droga epidémica y de violencia criminal, que como crepuscular caldo de cultivo sirve a las peores disoluciones sociales.

Ha sido el relativismo que abate las costumbres y concepciones de principios tenidos como pilares de sustentación de la familia el responsable de corroer  todo cuanto pueda servir de argamasa y escuela al ideal de soberanía, de integridad territorial y autodeterminación que durante tanto tiempo supimos enarbolar abriéndonos paso en el tormentoso seno de la Comunidad Internacional, tan minada siempre por el egoísmo arrogante de una Geopolítica devoradora que hoy abruma y agrede nuestra dignidad en medio del ejercicio y aplicación de letales fuerzas de intervención, veladas o abiertas.

Su siniestro objetivo ha sido el aplastamiento de nuestra población; que todavía reza, que sigue trabajando impulsada por su buena índole, que tiene modos y costumbres muy diferentes a los que se le busca implantar; algo que va desde horrorizarse por la defecación bajo el sol en la vía pública, hasta el endemoniado ceremonial del vuduismo y el dominio aberrante de un animismo sincrético de contracultura .

El tiempo actual ha sido, pues, un aciago asidero de esos intereses conjurados  de la Geopolítica, el Crimen Organizado y la codicia lucrosa del alto comercio, para los cuales, obrando en paralelas y sin necesidad de acuerdo explícito y previo, resulta imprescindible deformar y destruir nuestra versión de Estado-Nación, mediante el arremolinamiento con aquel caos demográfico que es y ha sido durante siglos percance y preocupación de las naciones, pese a la fama gloriosa de su liberación, tan ebria como estuvo de rencores étnicos que llegaran a asustar a no pocos pueblos importantísimos de la tierra.

 

Ahora, al final, debo hacer un paréntesis e internarme en una corta digresión destinada a señalar una muestra de postverdad y reinterpretación de la gloria originada en otras latitudes de nuestra América.

Se trata de una ultrajante exhibición de irrespeto,  de audacia e ignorancia de un Ex Jefe de Estado del Perú que quiso despreciar el vigoroso movimiento bolivariano que encabezaba Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela, ya en el poder, luego de haberse recrecido al reconocer un resultado de Referéndum desfavorable en cuanto a la modificación de todo el sistema económico y social, tratando de establecer el socialismo del Siglo XXI con todos sus enigmas.

La envidia, quizás más bien un encono puesto al servicio de la ira de los poderes de la tierra, llevó a aquel  Jefe de Estado peruano a decir: “Todo ésto es una ridiculez en cuanto a invocar a Bolívar con tanta insistencia engañosa; y en todo caso Bolivar no es de este tiempo.  Bolívar fue del tiempo de la navegación a vela”.  Esto dicho en una tierra que fuera uno de los dedos de aquella mano de independencias que conquistara el Libertador.

Tan indignante atrevimiento me llevó a pensar que aquel energúmeno desconocía el valor de la historia y que, a no dudar, resultaba bien capaz de despreciar al propio Cristo, por lo primitivo que era aquel tiempo en el que fuera sacrificado, desnudo y sangrante, junto a ladrones, para denigrarlo por muerte vil, como se hacía entonces.

Pero bien, el hecho es que las grandes lecciones y verdades de la historia, según se puede advertir, están siendo agredidas desde las peores expresiones del poder mundial bajo la máscara de la ominosa globalización y el uso perverso de la postverdad que le viene sirviendo de ariete para derribar esa patria única que tanto desprecia.

Por ello me reafirmo en que el fenómeno del dominio no sólo se pone de relieve contra nosotros, sino que viene obrando a escala mundial en muchas otras partes de la tierra, aunque los efectos dañosos no sean idénticos para todos los pueblos sometidos a sus vejámenes y ofensas.  Lo nuestro es cuestión de supervivencia y desaparición como trágico dilema.

La Patria ha de ser única.  No se debe sobrevivir y sólo puede ser víctima de aquellos despreciables agentes de la traición.  Verdaderos pigmeos incapaces de oir y retener aquel pensamiento del Padre Fundador: “Nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla”.  Súmese ese énfasis a la oración de María Trinidad, momentos antes de ser fusilada y entonces se podrá entender la magnitud del crimen de lesa patria que está en curso como desgracia terminal de un pueblo, más generoso que pequeño como el nuestro.

Aguardemos, pues, lo peor y sabremos otra vez revelar la vocación ingente por nuestros sacrificios.

 

Post-Data

Con el ánimo de corresponder al interés de amigos que le dan seguimiento a lo que escribo, como una post-data de mis tres entregas precedentes de La Pregunta, hoy quiero consignar una parte de lo que fuera mi actitud cuando se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal nuestro.

Elaboré y dicté conferencias sobre el tema y en una de ellas, bajo el título de “El Nuevo Código Procesal Penal y los Trastornos de su Pertinencia”, expresé mis opiniones y mis reservas; de eso hace ya más de 10 años.  Su aceptación fue satisfactoria, pues me esmeré en advertir en ella que, pese a la vorágine que engendrara aquella excitante experiencia de una nueva legislación procesal, mi actitud fundamental era aguardar el paso del tiempo.  Cité con insistencia del maestro de maestros que fuera don Luis Jiménez de Asúa aquella luminosa advertencia de que “la técnica jurídica puede elaborar o levantar construcciones perfectas en la tipología de la legislación, pero siempre habrá que guardar la respuesta de la vida a lo estipulado en códigos y leyes”.

Pues bien, ha transcurrido el tiempo y muchas de mis aprehensiones se han cumplido con pavorosa precisión.  La espera valió la pena y ha sanado en gran modo mi alegato originario de prudencia y calma, el que asumiera como una paciente manera de responder a los encendidos reproches de “atraso”, de “obsolescencia” que llegamos a padecer todos los que no compartimos el artificioso entusiasmo de la nueva codificación, que se nos había impuesto desde el litoral de una sede diplomática clave, cual si fuese una tesis de grado de una dinámica funcionaria que reclutara a muchos profesionales nuestros, algunos de los cuales no habían lidiado jamás con las tormentas del juicio penal y se empeñaron en ser adalides de aquella supuesta “innovación” de nuestro quehacer procesal penal.

“El tiempo ha rendido la ardua sentencia” diría el Dante inmortal.  Ahora llegan los arrepentimientos y remordimientos de muchos que se desmontan de esa “yegua brava”, diría don Constancio Bernaldo de Quirós, que fuera la guerra académica desatada en el tiempo que se introdujo el nuevo Código con el fulgurante prestigio de lo adversarial-acusatorio que, ciertamente, tiene el más rancio y antiguo abolengo sajón, lo que no resultó óbice para que lograra aposentarse entre nosotros bajo palio de una modernidad sorprendente y civilizatoria, en contraste con la antigualla de aquel otro que nosotros habíamos padecido como un calvario de nuestras libertades, según los desdeñosos gestos del furor codificador de entonces.

En fin, lo que hoy propongo como respuesta admonitoria a todo aquel barraje de osadías es la reproducción de una de las observaciones mejores que pude hacer en medio de aquel naufragio que nos ahogaba bajo estigmas y despecciones, que la propia Francia, tan brillante como siempre, había modernizado, actualizado, hasta alcanzar la joya de Código que hoy tiene.

Esto no nos fue posible hacer.  Veremos, pues, qué sostuve en la conferencia aludida como reserva medular en su página final:

No nos desgastemos, por Dios, en debates bizantinos.  Pongamos el oido en el corazón del pueblo y él nos irá diciendo qué debemos hacer. Cuáles son nuestros deberes.

Quiero cerrar mis modestas disquisiciones con una observación que me ha parecido suficiente para reflejar nuestra encrucijada.  Aparece en el artículo 2 del Código Procesal Penal dentro del capítulo relativos a los Principios Fundamentales, que establece lo siguiente: “Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social.  En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal”.

¿Cuál es nuestro conflicto mayor hoy?  ¿No es la prevalencia de la droga, con su devastadora capacidad de daño y violencias criminales?  ¿Cómo resolver de forma alternativa ese conflicto mediante la participación del tribunal buscando restaurar la armonía social?  En verdad, no existe ninguna afirmación más bella, pero utópica, que la oración final de ese artículo: “En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal”.

¿Medida extrema significa excepcionalidad?  ¿Cabe una tregua ideal y hermosa frente al fenómeno criminal que hoy literalmente nos barre?

Dejemos que sea la vida la que obre y no nos encerremos en vanidosas capillas de dudosas capacidades.”

Mis reservas profundas brotaron de esa terminante declaración de principio ,pues comprendí que el nuevo Código Procesal, entre sus misiones, tendría la de cambiar los ejes de posición de la importancia en el drama penal, ya que asumiría un papel dominante, estelarísimo, con los bríos de sentirse como una aplicación de la Constitución y que el otro Código, el Penal, en cambio, sería postergado, renqueando en sus pujos de los viejos tipos de infracciones, aunque adornado por nuevos tipos penales hijos de esta desconcertante civilización  de la sociedad del conocimiento.  Como si fuera la consagración de aquel alarde de considerar el Código Procesal Penal como el Código del Ciudadano y el otro, en cambio, el Penal, como el Código del Delincuente.

Por eso se dice en el artículo 2 citado que el juicio penal sería la excepción y que lo primordial pasarían a ser las garantías del procesado, por lo que se desplegarían todos los esfuerzos tratando de componer y normalizar la paz social perturbada por los hechos a ser conocidos en el juzgamiento.

De ahí fue de donde más salieron mis dudas terminantes, pues no comprendía aquello como algo posible frene a los crímenes de “lesa humanidad”, convertidos en una verdadera colmena de daños bajo la dirección de sus dos abejas reinas por excelencia: la droga y el terrorismo. ¿Cómo pactar con estos eventos de forma que resultaran capaces de devolver la tranquilidad a la convivencia?

Desde luego, además de esa objeción mayor, también sentí recelos sobre otras taras de su eficiencia.  Encontré con desaliento la sustitución que se hiciera de la contumacia por la rebeldía.  Se adujo para hacerlo que la contumacia constituía una grave y notoria violación constitucional, pues al imponerse la pena máxima al contumaz se atacaba la presunción de inocencia que tanto le protege con su rigor sustantivo.

Aquello era una falacia, pues, el fallo en contumacia no consagraba culpabilidad alguna.  Más bien, fue siempre un gesto drástico del Estado frente al desacato a comparecer ante uno de sus tribunales de justicia que lo reclamaba para conocer y juzgar hechos y conductas tipificadas como crímenes.

La posición del Estado resultaba seria y leal, pues establecía también que al presentarse, o resultar reapresado el contumaz se dejaría sin efecto en forma automática la condena impuesta a su ausencia, por lo que se tendría como no intervenida ninguna implicación de culpabilidad a partir del momento de la reanudación del proceso.

¿Cuál era la ventaja de aquel procedimiento? Que el sujeto bajo acusación, al evadirse y desobedecer, no quedaría libre en condiciones de pavonearse en el medio social sin ningún signo severo respecto a sus hechos pendiente de ser juzgados.

Y así se hizo en el nuevo Código.  Se optó por la rebeldía como categoría jurídica y se le dio tanta fuerza a la ausencia del acusado hasta paralizar el proceso sin fallo alguno, todo en medio de una indiferencia que se tornaba en catalepsia en su favor de parte de la autoridad.  De ahí la deprimente frecuencia con que se da la noticia de que el asesino de hoy puede tener dos o tres juicios pendientes del mismo calado y estaba en la calle.

En las estadísticas actuales se sabe ya de más de treinta mil acusados declarados en rebeldía circulando en la sociedad sin la más mínima preocupación de ser recapturados para someterlos al natural rigor del juzgamiento.

No se ha querido advertir el pésimo efecto que tal lenidad engendra en la sociedad, que ha terminado por apreciar esto como una muestra de impunidad poderosa, aunque solapada, dada la actitud del Estado tembloroso,  incapaz de ejercer la violencia moral y legal del castigo, previo juzgamiento, por supuesto.

Esto, independientemente de lo que significa esa libertad anómala como peligro para testigos y víctimas, que son propiamente humillados por tal insolencia.

En fin, en esta post-data cabrían otros temas en razón de que las reformas que se han de hacer a la normativa procesal penal nuestra tienen que ser obra del trabajo de una comisión permanente de profesionales de capacidad confirmada que podrían dar las bases a las comisiones ordinarias de la cámaras legislativas, haciendo todo ese trabajo en forma progresiva y paulatina, no como un desenlace espectacular y glorioso de un grupo de esclarecidos.

Habría la necesidad de citar sectores de la propia sociedad para que cuenten sus experiencias y especial y señaladamente a jueces penales que han podido apreciar más de cerca el drama.

De todos modos, me atrevo  a incorporar a esta post-data una queja que puede ser respetable:  la Apelación en el Código Procesal Penal puede resultar provechosa y expeditiva para la autoridad judicial; pero, al limitar tanto su trabajo y centrarlo en el examen de los fallos y en la adivinación de qué pudieron pensar los jueces de primer grado, aunque excepcionalmente podrían hacer precisiones testificales, todo ello constituyendo una especie de petit casación, resulta muy distante y reñido de un ideal de justicia verdadera.  El doble grado de jurisdicción es la máxima protección que se ofrece a todos los actores del juicio criminal y para ello me voy a limitar a transcribir un corto párrafo de la obra Derecho Procesal Penal y Derecho Penal – Gaston Stefanni y George Levasseur, que en su página 23 dice lo siguiente:

“Sentido y alcance de la regla del doble grado de jurisdicción.  Para  asegurar una buena justicia represiva, el procedimiento penal establece, como el procedimiento civil, la regla del doble grado de jurisdicción, es decir, la posibilidad de un examen sucesivo al fondo del mismo asunto por dos jurisdicciones de un grado diferente.  Este doble examen del mismo proceso con jueces diferentes permite evitar errores judiciales y obtener más seguramente una decisión conforme a la verdad.  En el antiguo derecho se habían multiplicado los grados de jurisdicción para compensar los peligros del procedimiento inquisitorial que se venía estableciendo y persecuciones a cargo del poder; el Código de Instrucción Criminal limitó el número de esos grados dos, en materia civil.  Si la decisión del segundo grado difiere de la de primer grado, se debe pensar que ella es preferible, de una parte, porque los magistrados de segundo grado son generalmente más numerosos y, por otra parte, sobre todo, porque corresponden a una jerarquía judicial mayor y son más experimentados.”

Desde luego, son numerosas las consideraciones doctrinarias en favor del doble grado, que en el sistema adversarial-acusatorio nuestro, que no tiene jurado popular como práctica, lo han querido compensar con el Tribunal Colegiado del primer grado, a fin de que la apreciación de uno, o el error de uno, tenga que ser el de tres, y con ello creen alcanzado el objetivo de la localización de la verdad judicial.  En verdad, nada es comparable con el nuevo juicio de alzada, por otros jueces, conociendo el fondo en capacidad de examinar vivamente el proceso en su anatomía.  El mandato constitucional de jueces diferentes se cumpliría mejor así sin limitarse a examinar el fallo, que no es el proceso verdaderamente.

Pero bien, creo que me he excedido en esta post-data, que por su naturaleza debe de ser breve y así no ha sido.

Hasta el próximo miércoles en una nueva La Pregunta.