El Juez en el Sistema Acusatorio y III

Un tratadista célebre de Francia, Saleilles, hizo una definición del Derecho breve y convincente: “El Derecho es la regla social obligatoria”.  Una descripción lapidaria que para el abogado en sus luchas debe aparecerle con la puntualidad del sol cada mañana.

Y es que la organización, el desarrollo y el mantenimiento de la convivencia social no se podrían concebir sin ese andamiaje del ordenamiento jurídico que controla y regula su existencia, esencialmente al dirimir y resolver los conflictos que con tanta frecuencia, cada vez más cruenta, se originan en términos oceánicos como choques de intereses encontrados, pasiones y desajustes de conducta que turban en grados diversísimos la armonía mínima que requiere la vida en sociedad, cual si fuera su normatividad el oxígeno crucial para poder seguir siendo viable, sin presentir siquiera un colapso.

El derecho, pues, se desarrolló al paso de los siglos como el regulador esencial de la convivencia.  Esto, pese a que ha habido autores verdaderamente insignes que lo han considerado como la política del poder; éste, en sus versiones y variables más detestables.

Se fueron demarcando campos y ámbitos y su técnica, que le sirvió de apoyo y compañía, fue especializando para las distintas áreas de conflictos y desajustes normas, preceptos y reglas que un importante poder público como es el judicial tendría a su cargo manejar y controlar para resolver y dirimir sus turbaciones, conforme quedaran establecidas antes de producirse la conducta nodal de la infracción o del negocio, que enel lenguaje común se expresa como “las reglas del juego”.  Se trata del principio de legalidad, tenido como eje crucial de la seguridad jurídica y la paz social.

A todo ello se ha de ir, pero sólo al través de los medios de derecho en procura de justicia, haciendo de ésta el ideal supremo, reconocido en capacidad de imponer soluciones de aceptación generalizada y pacificadora de las anormalidades resueltas; todo en procura de tutelar la convivencia general, según ésta se ha podido venir desarrollando culturalmente.

Así que no tiene nada de nimio reclamar atención y detenerse a observar el significado de algunos ritos, que pasan desapercibidos en base a su uso cotidiano y repetitivo, como lo son los encabezados de los fallos de justicia que se dictan “En Nombre de la República y Por Autoridad de la Ley”.  Los alcances de esa afirmación son enormes, aunque resulten muy ignorados.

Ahora bien, es conveniente comentar, así sea ligeramente, cómo se diferencian los albergues de esos fallos y para ello cito por vía de ejemplo los dos ámbitos fundamentales: el penal, de una parte, y de la otra, el civil y comercial.  Sólo éstos dos, pues hay otros interesantísimos, más sofisticados, dada la velocidad de los progresos tecnológicos modernos pero que, en definitiva, son asumidos con los mismos principios primarios de siempre.

En las entregas precedentes relativas al juez en el sistema adversarial-acusatorio, que impera entre nosotros desde el Código Procesal Penal, mi objetivo fundamental ha sido el de exponer algunas inquietudes psicosociales muy importantes que han sobrevenido en el seno de la sociedad nuestra en ocasión de la aplicación de ese nuevo Código, en medio del asombro ante la singular pasividad del personaje central del juicio penal que ha sabido ser el juez en todas las épocas.

Apunté que sólo la vida sería la encargada de testificar  acerca de la calidad, pertinencia, oportunidad y eficacia de la nueva legislación, porque sólo su puesta en ejecución, en práctica, podría darnos una noción acertada del grado de conformidad o inconformidad del medio social; ésto en razón de que su paz espiritual, su sosiego, podrían ser turbados gravemente, como en efecto ha ocurrido, por los patrones de ultragarantías en favor del imputado, obrando en paralela con dos lamentables experimentos, a saber: el papel protagónico esencial de la víctima como gestor de la persecución y del juzgamiento, así  como el letargo apreciable de un ministerio público que resulta disminuido en el rol vital de representante de la sociedad en justicia, en desmedro de la impresionante experiencia del juicio penal inveterado.

En realidad estos modestos esfuerzos no han sido concebidos para pormenorizar las críticas puntuales al nuevo Código; es decir, me he limitado a hablar de cosas como el descuido evidente del espectro amplio que merece la flagrancia, especialmente en presencia de los crímenes y delitos de bandas organizadas, que es la gama mayor de las infracciones más graves; como también me he referido en disertaciones anteriores a la cuestión de  la mezquindad para abrir las puertas a juicio a las pruebas que, luego de declararlas libres, las restringe en el tiempo y oportunidad de proveerlas; me he quejado, asimismo, de los defectos de la apelación que es prácticamente una muestra de restricción de justicia en alzada, toda vez que ésta se  limita al examen de fallo y a duras penas abre la posibilidad de ordenar lo que antes se producía como repetición obligada del juicio de primer grado; en fin, un sinnúmero de aspectos que ya en trabajos formales de técnica  jurídica requerirían unas apreciaciones más detenidas y de dedicación más precisa.

Lo que he tratado, en general, es la política pública de la nueva codificación y sus efectos frustratorios en el ánimo social, porque las víctimas han resultado, no sólo dañadas por los hechos directos de sus victimarios, sino que han pasado a ser víctimas de su propio miedo invencible en ocasión de darle seguimiento al escabroso e inseguro juicio penal de hoy.    Se quiso entender que las víctimas serían en todo caso las interesadas predominantes, no así el medio social.  Un velado y embozado signo de privatización del Derecho Penal.

Desde luego, el juicio resulta más temible para la sociedad que para el imputado, pues éste aparece sobrado de garantías, indemne de todo reproche social merecible, incluso, con suficiente poder y soberbia para intimidar a la víctima reclamante, la cual ha ido optando cada vez más por ausentarse, asustada, o apagándose no sin contenido encono, en lo que se entiende es su profunda indefensión.  Esto, sin dejar de tener quejas íntimas y fuertes frente a su Estado indolente, que parece también doblegado por la difusa violencia del crimen.  Un oscuro presagio de caos, por supuesto.

Ahora bien, hoy lo que quiero es poner de relieve que en mi empeño de animación a unas reformas profundas del Código he preferido ponerle como umbral la pasividad robótica del juez inerte, tercero imparcial o testigo de piedra en el trance del juicio que preside donde se podría hacer una evocación, a manera de parodia, de algo equivalente a aquella expresión histórica que tanto ha servido para describir los contornos reales del poder político: El juez reina pero no gobierna, al través de sus fallos montados en inferencias restringidas de cosas ajenas a su conciencia.

 

Lo que tomé como sendero para llegar y abordar la iniciativa de las reformas fue clamar por un juez distinto, dinámico, activo, parte consciente de las averiguaciones más sensitivas en procura de la “avanzada certeza” que se admite como verdad judicial, pues sabemos, claro está, que la verdad como tal resulta predominantemente inalcanzable.

Las presunciones derivadas de indicios graves, precisos y concordantes en la experiencia probatoria ha sido mi propósito mayor proponerlas y eso me llevó a hacer citas de un conjunto de ensayos coordinados por Marcelo Sebastián Midón, de Argentina, en los cuales aparecen cosas muy interesantes del ámbito del Derecho Procesal Civil porque estoy confiado en que es de ese litoral insondable de serena técnica de donde pueden venir los mejores auxilios para abrirle paso a  la idea de que el ámbito penal termine por definirse y abandone esa timorata actitud que lo lleva a inercias peligrosas sólo porque desde los pensamientos progresistas más avanzados se ha execrado de las maldades del poder, al cual tanto el juez como el Ministerio Público pertenecen, sospechados de estar al servicio inmisericorde de persecuciones y castigos injustos en violación de los derechos humanos fundamentales del individuo, cuya protección ha devenido en intimidación social de gran calado.

En otras circunstancias, vale la digresión, he podido citar un episodio de la historia de Francia al relatar cuál fue la respuesta de Charles de Gaulle a los amigos del Mariscal Henry Petain, que había sido apresado en la frontera suiza cuando se fugaba de Francia, de la cual había sido glorioso Mariscal brotado de la terrible batalla de Verdúm.  Un amigo de éste le dijo al General De Gaulle: “Conmútele la pena de muerte porque él ayudó a muchos franceses”. Y aquel hombre respondió:  “Es cierto, ha ayudado a muchos franceses, pero se olvidó de Francia.”

He hecho el símil y al Código nuestro le he dicho desde mi recelo arisco por su vigencia: Es cierto que has consagrado garantías magníficas en favor de muchos dominicanos atrapados en conflictos reales, pero tus patrocinadores hoy no tienen motivos para celebrar porque se olvidaron del pueblo de la República Dominicana, que ha sido expuesto a horas muy duras de desasosiego y temor frente a un crimen invicto, cada vez más siniestro y desafiante.

Pero, hay algo que quiero destacar al culminar esta última parte de mi esfuerzo abogando por el juez dinámico y es referirme al trabajo magnífico, lúcido y sencillo, de Juan José Ferreyra en su ensayo “Indicios y Presunciones Judiciales”, cuando plantea la polémica permanente que ha existido en la cuestión de saber si es o no es un medio de prueba la presunción.  En efecto, en la página 703, del Tratado de la Prueba, coordinado por Midón, cuando analiza su naturaleza jurídica, escribe lo siguiente:

“NATURALEZA JURIDICA: Es una costumbre forense, observar que en nuestros tribunales se trata a las presunciones como verdaderos medios de pruebas, -aunque en la doctrina mayoritaria prevalece la opinión contraria-, así por ejemplo, vemos que se alude indistintamente a las pruebas de presunciones o prueba indiciaria.

En doctrina existen posiciones encontradas sobre cuál es la verdadera naturaleza jurídica de las presunciones, pues, prestigiosos autores, tanto nacionales como extranjeros, lo consideran como un verdadero medio de prueba, dentro de los cuales encontramos a Döhring, Gorphe, de la Plaza, Climent Dur’an, (Salvador), Díaz de León (México), De Santo, Guasp, Gianturco.

Pero la postura mayoritaria de la doctrina -también de la jurisprudencia- es no considerar a las presunciones como un medio de prueba, sino como un razonamiento del juez, en tal sentido encontramos, entre otros, a Couture, Peyrano, Arazi, Palacios, etcétera.

Al respecto bien nos enseña Gozaíni expresando que “las presunciones no son medios de pruebas, sino elementos que utiliza el juez para valorar situaciones de hecho y de derecho que van sugiriéndole conclusiones que luego expresará en la sentencia”.

Y culmina afirmando: “Por lo que concluimos que una presunción no es un verdadero medio de prueba, es simplememnte la determinación de un sistema preciso de razonamiento que va a utilizar el juez al momento de sentenciar.”

 

El hecho es que entre los autores extranjeros que se señalan figura Francois Gorphe, un estelar referente del Derecho Procesal Francés, y en la página 698 de la obra citada se incluye lo siguiente:

“Gorphe, hace una interesante diferencia entre indicios, presunciones y circunstancias, la que entiende se basa en un distinto enfoque, “…sobre puntos de vista en relación al mismo objeto: uno expresa más bien la cosa que sirve de signo (indicio); otro expresa más bien la cosa en que se basa la inferencia (circunstancia); y, en fin el otro, la relación lógica (presunción)…”.

Ferreyra, de su parte, cierra sus juicios de este modo:

“Explicándolo mejor: el juez a partir de una alegación y prueba de hecho indiciario, raciocina (de forma presuntiva) para llegar a una conclusión (presunción).  Por ende la presunción es la conclusión del raciocinio presuntivo.

Las anteriores consideraciones, delimitan el tema a tratar, pues, no debemos confundir “indicio” con presunción.  El indicio es un hecho, un dato fáctico.

La presunción, en cambio, es el proceso intelectivo mediante el cual, con base en la llamada “regla de experiencia”, o sea el conocimiento de lo que sucede normalmente en la vida, del indicio conocido se llega a la afirmación de otro hecho desconocido.”

Es ésto último cuanto yo he venido pidiendo y confieso que al ver ese intercambio doctrinario entre sistemas diferentes estoy sintiendo el alivio de saberme en buena compañía, de no padecer la soledad del desvarío que con tanta frecuencia asalta las buenas intenciones de quienes en estas cosas tan delicadas se sienten tentados a proponer, sugerir y aspirar mejoramientos verdaderos en legislaciones clave para la convivencia social.

En suma, al Código Procesal Penal, en ambos sistemas, tanto en el adversarial-acusatorio, como en el inquisitorial, se le consideró siempre como el Código del Ciudadano; en cambio, al Código Penal, siempre aborrecido, se consideró  el Código del Delincuente.  Se trataba de una respuesta desafiante a los abusos del poder y, no sin arrogancia, se procuró tan prestigiosa distinción.  La vida se ha encargado, sin embargo, de desmentir esos litorales progresivos y de gran fama porque el crimen, particularmente en las versiones organizadas, ha sabido hacer de los peores delincuentes, ciudadanos ultraprotegidos.

El Juez en el Sistema Acusatorio II

Cuando me interné en el aprendizaje del Derecho Penal y su fascinante espesura, tan llena de pasiones y valores humanos en conflicto, aprendí que su técnica procesal mantenía un considerable apego a normas y reglas del ámbito civil, del derecho común, que parecían como instrumentos prestados para auxiliarle en los intrincados episodios, tanto de investigación como de juicio.

Al cabo de los años fui encontrando ya en el ejercicio, ciertamente, que en el sistema imperante entonces, de vinculación histórica con el ordenamiento jurídico penal francés, se mantenía esa relación de asistencia, aunque sólo en casos aislados, en las cuales aparecía el ámbito civil como una confiable nodriza, hoy se diría quizás un útero de alquiler, proveyendo normas técnicas más serenamente establecidas para atender a los apasionantes y eruptivos episodios que componen el drama penal.

En la entrega anterior de La Pregunta expresé mi convicción de que el juicio penal de hoy , vaciado como está en moldes del sistema adversarial acusatorio, entre nosotros ha venido a resultar de muchas maneras un verdadero percance en razón de que el juez de fondo, robotizado como está en la condición de “tercero imparcial”, adolece de una pasividad exploratoria que no contribuye a asegurar la verdad jurídica que se procura que, como sabemos no es tal, sino más bien una certeza con cierta equivalencia a la cual se le pone como una especie de coletilla la mención del  “más allá de toda duda razonable” en la hora de decidir, o bien una condenación por culpabilidad admitida, o bien un descargo por precariedad de la certeza.  Que no es cosa diferente al “in dubio pro reo” inmemorial.

Me ha ocurrido que desde el momento mismo en que el Código Procesal Penal se puso en vigencia mi actitud no fue negatoria, ni ríspida, sino más bien prudente y respetuosa, por lo que dije en cuanto a que el Código en sí consagraba conquistas netas favorecedoras de la libertad y del cuidado de los derechos humanos en términos tan potentes que se podría afirmar, como ya se viene haciendo en otros lares, que dicho Código resultaba un proceso de constitucionalización de la cuestión penal, consagrada ésta de forma clara porque sus normas y preceptos se habían refugiado en su misión trascendental de proteger con esmero terminante las garantías del procesado, esencialmente en sus derechos fundamentales.

Sin embargo, lo anterior no me impidió pedir en Conferencias diversas que aguardáramos el paso del tiempo, que sólo la vida daría una respuesta adecuada a la alegada eficacia definitiva del Código, o a su fracaso en sus cometidos.

Ahora bien, independientemente de esa objeción recelosa, me reservé también el derecho de ir comprobando en el día a día del medio social nuestro cómo se iría comportando la percepción pública, porque en mi opinión la sociedad como tal había sido despojada considerablemente de representación a cargo del Ministerio Público en razón de que todo el peso de la impulsión y el curso de las vicisitudes del proceso se habían puesto sobre los hombros, generalmente débiles, de la víctima, a quien se le asigna el valeroso papel de ser un protagonista decisivo en la acusación y en la intensidad y perseverancia del juzgamiento.

Desde luego, también fui observando otras falencias, además de la pasividad del juez de fondo, relacionadas con la ausencia y proscripción implícita de un medio de prueba interesantísimo como lo son las presunciones del hombre que en el sistema precedente se confiaban a la conciencia del juez, siempre que las mismas resultaban precisas y concordantes con los hechos de la causa.

Asimismo, hice observaciones sobre la flagrancia y apunté la necesidad de que, en presencia de los crímenes de bandas organizadas y de ejecución continua, tanto de la droga como de las prácticas criminales de Lesa Humanidad que la constelan, que resultan sus compañeras de ruta, se hacía necesario ampliar el espectro, a fin de poder ir más allá de los rumores públicos o de los documentos residuales, una vez cesara la acción nuclear del tipo, ya que el iter criminis de esos fenómenos criminales tan potentes es muy prolongado y se desplaza en términos geográficos en forma asombrosa y tanto en el espacio como en el tiempo la dirección  y control de sus objetivos obra en forma vertical y, porqué no decirlo, ingeniosa y lúcida como para llevar la autoridad ante el ridículo.

En esa coyuntura hemos echado de menos, claro está, las inferencias de un juez dinámico y activo, armado de un mecanismo de prueba como el presuncional, que tan válido puede resultar en su conciencia, obrando no como un dictador del proceso, sino como un director justo y enérgico en sus incidencias y esclarecimiento que se diferencie de mero espectador de garatas tribunicias deslumbrantes.

En esas condiciones, al escribir hoy una nueva entrega de La Pregunta quiero rendirle tributo a una obra relacionada con el Derecho Procesal Civil Argentino, cuyo director y coordinador Marcelo Sebastián Midón concibió la excelente iniciativa de acumular dieciocho cortos ensayos de profesores, abogados de litigios, magistrados y tratadistas, bajo el título de Tratado de la Prueba.

Me ha impresionado vivamente esa valiosa contribución al conocimiento del Derecho Procesal Civil y, como expresara al principio, pienso que las brillantes evoluciones descritas, que vienen a constituir una auspiciosa anticipación de lo que ya ha comenzado a moverse en el ámbito penal como necesidad inaplazable en cuanto a la actividad del juez.

Casi todos los cortos ensayos que he leído, hasta el momento, tienen un material diversísimo, pero muy avanzado, y hay algunos de ellos puntuales con relación a temas como éstos: La Verdad y la Prueba; Principios, Máxima y Sistemas Probatorios; El Objeto de la Prueba; La Carga de la Prueba; La Valoración de la Prueba; Valoración Judicial de la Conducta Procesal; Poderes Instructorios del Juez y sus Límites; Las Pruebas Difíciles; Frontera de la Actividad Probatoria, La Prueba Ilícita; Prueba Trasladada (o producida en otro expediente judicial); Prueba Anticipada; en fin, hasta donde voy leyendo esas materias son tratadas en la obra de coordinación con innegable brillantez.

Entonces, podría el lector preguntarse ¿cuál puede ser el origen de mi júbilo y mi animación si todas esas materias se refieren al ámbito del Derecho Procesal Civil?  Y yo me limito a responderle con las afirmaciones que al principio hice: se trata de que el juez de lo civil ha permanecido en muchos lugares y por un tiempo muy dilatado bien inerte, dependiente casi absoluto del interés y de los bríos de las partes en el conflicto litigioso.  Y es contra eso que se ha venido trabajando para darle al juez de lo civil potestades dinámicas, activas, para perfeccionar y mejora el aporte probatorio conforme a sus apreciaciones, surgiendo de ese logro y de esa conquista la doctrina relativa a la carga probatoria dinámica.  Se le dá al juez potestades cada vez mayores para obrar de oficio, siempre que oriente su actividad hacia metas de “mejor proveer’’ y con apego estricto al debido proceso.

Así, al ir comprobando cómo en el plano jurídico-académico de gran rigor siempre se va trabajando para evitar el letargo pernicioso del juez impasible, ellos logran hacer la prueba de que se está en presencia de un movimiento de escala mundial y citan naciones señeras en cuyos ordenamientos jurídicos, o bien existe esa actividad del juez aprobada desde hace mucho tiempo, o bien otras que no la admitían, pero que han ido abandonando esas posiciones como ha sido el caso de Francia, que por siglos mantuvo al juez de lo civil sujeto a los vaivenes de las partes y que ahora en los Artículos 16 y 143 del Nuevo Código de Procedimiento Civil de 1975, introdujo una transformación en los viejos conceptos, estableciendo: “Art.16: El juez tiene el poder de ordenar de oficio todas las medidas de instrucción legalmente admitidas”. “Art. 143:  Los hechos de los cuales depende la solución del litigio pueden, a petición de parte o de oficio, ser objeto de toda la medida de instrucción legalmente admisible.” (Poderes de Instrucción del Juez y sus límites, María Eugenia Jiménez)

La República Oriental de Uruguay en su Código General del Proceso vigente desde 1989 le confiere al juez de ese tipo de procesos una total amplitud investigativa, al estatuir “que el tribunal dispondrá de todos los poderes de instrucción que la ley acuerda a los tribunales del orden penal en el sumario de los procesos penales” (Art.350, No.5).  Asímismo,  en el Anteproyecto de Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de los doctores Arafi, Caminker, Eisner y Morelo en su Art. 367 se dice: “En los casos en que el interés comprometido requiera por su gravedad tutela especial o prioritaria, los jueces dispondrán de amplios poderes de investigación, sin perjuicio del respeto al principio de contradicción y de los propios del debido proceso legal.” (Midón, Concepto de Prueba, Jerarquía y Contenido del Derecho a la Prueba).

En el ámbito penal nuestro, en el seno de lo adversarial-acusatorio, se da no obstante un fenómeno muy preocupante: de un lado el imputado, que está protegido constitucionalmente por una presunción de inocencia que lo blinda, y del otro lado la víctima, a la que se le han asignado funciones de participación en el proceso que van más allá de sus posibilidades humanas, , en medio de miedos inimaginables.  Ello indica que el asunto quedará a merced de las habilidades de las tribunas y, desgraciadamente, es del litoral de los imputados de donde provienen los vientos terribles de la opulencia y la coacción.

Es, pues, mi propósito poner de relieve incesantemente que entre las modificaciones que ha de merecer nuestro Código Procesal Penal hay que aumentar la intensidad de la participación del Ministerio Público confinándolo en forma estricta en la necesidad de la representación plena y  vigorosa de la sociedad tan atormentada.  Algo que acompañe a la debilidad de la víctima y que le permita al juez, sacado de esa inercia perniciosa de tercero imparcial, terciar e intervenir en las alambicadas averiguaciones, porque de él será finalmente la responsabilidad de fallar y tendrá que hacerlo como un mandato de su conciencia, pero además “En Nombre de la República y por autoridad de la ley”, según rezan los fallos.

Esto último le atribuiría al juicio penal una categoría solemne, respetable, imponente, en capacidad de rehusarse a las manipulaciones despectivas de un banquillo enriquecido y desafiante.

Hacerle comprender a quien lo ocupe que el hecho bajo imputación, tenido como infracción grave, va más allá de los perjuicios inmediatos de su víctima, pues hay la necesidad de que el Derecho provea en favor de la paz social desde su condición de Regla social obligatoria.

No hay un trance de gravedad mayor que ese y resulta absurdo ausentar de su atención al acusador público, disminuyéndole, y al juez de quien habrá de ser la última palabra en procura de la pacificación y normalización del orden turbado.

En la próxima y final entrega precisaremos algunos aspectos relacionados con lo ya expuesto.

El Juez en el Sistema Acusatorio

Durante mucho tiempo, en los años que tiene de vigencia el Código Procesal Penal nuestro, me dediqué a estudiar, escribir y opinar acerca de lo que podría significar para el país la adopción de un Código Procesal Penal que albergara el sistema adversarial-acusatorio de la llamada Justicia Rogada.

Particularmente, hubo una de mis conferencias que la centré en la cuestión de la pertinencia de aquella nueva legislación que se traía para sustituir el tradicional sistema inquisitorial que venía desde largo más de un siglo imperando en el país como consecuencia de la adopción de patrones de legislación, así como doctrinarios, procedentes de Francia, que había pasado a ser lo que se denominaba en jurisprudencia nuestra “el país origen de nuestra legislación”.

Fue un tiempo tormentoso y desagradable de controversias pseudojurídicas y pseudodoctrinarias que sirvieron para el aprovechamiento logrero que hicieran grupos de profesionales del derecho nuestro que se embarcaron en tareas de auto-sobreestimación de sus capacidades y prestigio mediante desprecio manifiesto por todo lo existente, estigmatizando a  aquellos que se atrevieran a opinar en favor de preservar la cultura jurídica nuestra generada durante ese tiempo tan prolongado, a quienes se les despreciaba llamándoles “rezagados”, “antiguallas”, “sujetos ya fosilizados en la prehistoria”, “incapaces de asumir la realidad de nuevos pasos modernizantes”.

Una falacia, pues lo que se esgrimía como sistema de moderna vanguardia es mucho más antiguo que el vilipendiado proceso inquisitorial.  Basta conocer algo de la historia del Derecho para quedar percatado de que los sajones fueron los que utilizaron en forma originaria el sistema acusatorio, el juicio entre iguales, viniendo a ocurrir que el inquisitorio surgió siglos después para acomodarlo especialmente a las circunstancias políticas que se abrían paso en Francia desde el tiempo de las grandes ordenanzas de los Siglos XVII y XVIII.

Resultaba muy obvio todo ésto para quienes nos habíamos formado en una sólida Escuela de Derecho abrevando en los textos de los grandes autores y en su lengua, antes de que fuera esto sustituido por las ligeras notas estenográficas que vinieron a constituir la sustentación del conocimiento de muchos abogados de las últimas generaciones, que no pudieron o no quisieron mantener la cultura jurídica primigenia en contraste con las corrientes especialmente impulsadas en Alemania, Italia y España.

Claro está, para que esa cuestión tan sensitiva de la nueva codificación se abriera paso entre nosotros, tuvieron que combinarse factores sombríos que impulsaron aquella estéril reyerta pseudoacadémica y se pudo identificar a dos focos de inspiración de aquella arrogancia codificadora,  como lo fueron una funcionaria importante de la Embajada de los Estados Unidos, doña Elena Brineman, de Usaid, así como una afluencia de profesores y tratadistas argentinos, formados en la doctrina adversarial acusatoria, a la cabeza de los cuales estuvo en incesante tarea de consulta y apoyo un legendario juez y tratadista argentino, don Raúl Zaffaroni.  Que ahora, por cierto, está pasando por momentos muy difíciles en su Argentina natal, en ocasión del deterioro terrible de la seguridad pública y del desorden criminal impune que ha estado a la sombra de aquella utopía garantista que los llevara a ellos a delirar modernidad, cuando parece que realmente lo que estaban era traumatizados por la violencia criminosa sin nombre del régimen militar y sus decenas de miles de torturados, desaparecidos y arrojados al mar.

Volviendo a nosotros, la realidad fue que se impuso la modificación de la codificación procesal nuestra en tiempos de libertades públicas e individuales de verdadera excepción y en el seno de un estado de derecho considerablemente en desarrollo.  Desde luego, la velocidad con que se aprobó ese Código Procesal Penal fue de niveles olímpicos y resultó siempre extraño que los demás códigos que habían sido sometidos al empeño modernizante anunciado, ésta es la hora, veinte años después, que todavía no han sido puestos en vigencia y que han dormido un sueño profundo en el desinterés de nuestros legisladores y del poder político.

Yo sostuve en medio de aquellas trifulcas artificiosas y desagradables que el ataque sufrido por nuestras estructuras procesales penales había venido desde el Norte, y en gran medida desde el Sur, y encontraron esas corrientes un paso fácil para imponerse porque ya se hacía más que evidente la miopía del poder en cuanto a la horrenda realidad del galope del Crimen Organizado en la región, pasando por los trillos desprevenidos e inocentes de una candidez pública entre nosotros que paradójicamente venía del hecho de haber padecido durante treinta años un régimen autoritario, de fuerza absoluta que, como siempre ocurre, mantenía una situación restrictiva de gran coerción a todo lo que pudiera establecerle un espacio criminal nuevo en paralela, como lo ha sabido hacer la Droga a escala mundial.

Pero bien, sostuve desde el principio en aquella tormenta de polémicas estridentes, que el nuevo Código, en sí, no debía ser objeto de críticas precoces porque el mismo traía ciertamente disposiciones muy favorables a la libertad individual, al estatuto de garantías de los derechos fundamentales, en fin, que podíamos estar en presencia de verdaderos progresos de políticas públicas en un área tan escabrosa como lo ha sabido ser la criminalidad durante siglos.

Sin embargo, le objeté que no había sido precedido ese Código por un trabajo de exploración social que permitiera como cuestión fundamental establecer cuál era la situación real del péndulo que existe siempre entre la ley y la autoridad del Estado, de una parte, y de la otra, el sanguinario quehacer del crimen, ya como negocio multinacional dominante.

Sostuve, además, que al no identificar con precisión las desventajas del descrédito de la ley y la autoridad de entonces, algo que venía de lustros de tumbos institucionales, frente a una opulencia avasalladora del crimen, éste recibiría todas las garantías del diseño procesal como un metamensaje estimulante para aumentar el volumen, la intensidad y la velocidad de sus operaciones terribles contra el sosiego social.

Al pasar los años ya se puede ver cuánto de razón había en mis recelos respecto a la eficacia de aquella normativa procesal que fuera recibida con tanto júbilo desde los litorales más siniestros y organizados del Crimen.  Claro está, no es éste el espacio para hacer las desgarradoras precisiones de la realidad nuestra en el plano de la seguridad, tanto individual como pública.

Hoy lo que pretendo es comenzar a tratar la cuestión sensitiva de “la búsqueda de la verdad” en el juicio penal y el papel asignado a las tres categorías con que cuenta como componentes.

Debo afirmar entonces que la imputación, precedida de investigación y homologada ésta en sus méritos por la jurisdicción de instrucción, así como el conocimiento del fondo resultante de todo ello, y especial y señaladamente los roles de las partes ante el juez que siempre resulta tan dramático y significativo en sus decisiones, en nuestro país se advierte como desgarradora realidad que la sociedad como colectivo ha sido marginada.  Que al ponerla de lado y sustituirla por el interés, el agravio o el coraje de las víctimas del crimen, ha sobrevenido una opacidad que deja ver a un Ministerio Público muy disminuido, a veces paralítico, para animar el movimiento y el curso de la crucial acción pública.  Las acciones civiles, en cambio, que en el sistema anterior se les conocía como  iniciativas adjuntas a la acción pública, pasaron a ocupar en el actual sistema el trágico papel de actores esenciales del proceso y casi todas las energías de éste las han hecho depender , en forma predominante, del interés de ese actor civil que en hecho no resulta más que una víctima miedosa e incapaz de hacer un cara a cara con los privilegiados imputados, ensoberbecidos por la protección de todas las garantías imaginables.

Hoy busco concentrarme, no obstante, entre esas fases y componentes, en el examen del papel del juez declarado formalmente como Tercero Imparcial, quien tendrá a su cargo la responsabilidad inmensa de decidir, bien acerca del castigo penal, ora de la inocencia, una vez se comprobare ésta, luego de las peripecias laberínticas, habilidades y tecnicismos, elocuencia y mediocridad de las tribunas, sin que le resulte posible a ese juez, que se debe reputar como detentador del máximo nivel de conciencia en el plenario, adelantar diligencia alguna para contribuir a esos hallazgos cruciales en la búsqueda de la verdad judicial objetiva.

El sistema adversarial-acusatorio se encarga de paralizarlo; lo erige en una versión un tanto estrambótica de jurado silente y personal, aunque a ratos le reconoce la condición de profesional; pero no lo protege en su consideración y lo sospecha, más bien, de su posible “venalidad”, de su “espíritu arbitrario”, de su “odiosa representación del poder oscuro”.  Sin embargo, en los lugares donde opera el “jurado popular”, a éste le confiere poderes infinitos que se traducen en estas lacónicas expresiones: “Culpable” o “No Culpable”.  Sin que medie nada técnico; puro instinto popular.

En nuestro medio social, claro está, resultaba poco menos que imposible el jurado popular, juicio entre iguales, en razón de la falta de tradición, el amiguismo y el conocimiento pleno y generalizado de todos los hijos del colectivo social, irreclutables para una tarea como esa de determinar la desventura de un condenado, o la liberación de un inocente.

A ese juez postergado me quiero referir en las próximas entregas de La Pregunta al considerar que no se debe emprender ninguna reforma real y profunda del Código Procesal Penal sin antes atender a la necesidad imperiosa que existe de dotarle de una actividad verdaderamente dinámica, que lo releve de su condición de “tercero imparcial”, aunque se le exija, naturalmente, una imparcialidad tan intensa que lo lleve en forma neta a una neutralidad estricta.  Es decir, que su fallo se produzca sin que le llegue a temer a la intimidad de su conciencia, que se llegara a satanizar con el estigma de la “íntima convicción execrable”, que fuera sustituida, no sin arrogancia, por los únicos tres caminos de la prueba: la “lógica”, la “ciencia” y las “máximas de experiencia”.

Ese último aspecto fue uno de los pujos de superación más violento y despectivo, como si esas tres categorías no fueran a ser objeto de examen, ponderación y resolución de la conciencia.  Por eso yo siempre señalé que lo ideal era, naturalmente, privilegiar la ciencia para la prueba, pero que las máximas de experiencia y la lógica podían quedar comprendidas perfectamente en una versión definida como “la convicción razonada y debidamente motivada”.

Un juez alerta, cuya autoridad oficiosa no sea apreciada como una posible aberración, sino más bien como una facultad constructiva para el aseguramiento de inflexiones probatorias de alcances ciertos que le permitiera asumir posiciones destinadas a corregir, mejorar, perfeccionar, puntualizar, todos aquellos aspectos que pudieran estar comprometidos en una verdad de plenario desmembrada, quizás flotando en el remolino de los debates, con tanta frecuencia de engañosa fulguración.

Un juez que pueda asumir posiciones activas para “MEJOR PROVEER” dentro de la licencia de la vigorosa doctrina de la “carga probatoria dinámica” que ya se ha abierto paso en muchas otras partes con la fortaleza de ser un mecanismo excelente para la procuración de la verdad judicial objetiva.

He sido un  demandante pertinaz de reconocimiento importantizante de la figura del juez, no esclavo de tecnicismos ni dependiente de elocuencia alguna y menos de las siniestras habilidades del conflicto, el cual no puede ser colocado contra la  pared en su pasividad exponiéndolo a que sea su propia conciencia quien le reprenda como para decirle en la paz merecida de su almohada: “La verdad no te la ha ofrecido la capacidad o la elocuencia del más hábil, brillante y poderoso; la verdad estuvo aletargada en la mediocridad, la indefensión y la pobreza de raciocinio de la parte más débil.  ¿Por qué no acudiste a establecer un orden en el desorden de tantas felonías?”.

Ya veremos en las próximas entregas de La Pregunta hasta dónde puedo llegar desde esta contemplación primaria del drama de nuestro juicio penal, tan abatido por el escarnio murmurador de una sociedad desencantada, aterida de miedo.

 

Marejadas en el Caribe, Terremoto en Brasil IV

El peor estado de ánimo que puede embargarnos es sentir que la sociedad, no sólo parezca indiferente, sino que se le anime y abronque aún cuando sólo se reclame el derecho a cumplir deberes premonitorios de parte de aquel ciudadano que se atreva a señalar carencias, errores, peligros, traiciones y daños multiformes contra el Ser nacional.

He estado expuesto en estos días a padecer ese estado de ánimo en ocasión del inquietante análisis que me impuse acerca de los hechos y circunstancias nacionales más sensitivos que han venido erosionando a la República.

Un amigo, de veras, me llamó la atención al decirme que no debo incurrir en el error de advertir al medio social, al tiempo que expreso desaliento, pues a su entender puede que ésto resulte una manera de invitar a que se les tema o se desprecien mis vaticinios. Comprendí su menguada percepción de la realidad de mis advertencias, las cuales asumo como un deber y un derecho, a la vez; que lo que puede parecer fatiga, hastío o derrota en ellas es posiblemente el estímulo mayor que pretendo alcanzar para la alarma de los demás, que son nada menos que mis compatriotas.

Pienso que cuanto más refleje impotencia mayores serán las posibilidades de movilizar la determinación de obrar, de actuar, en los hijos de esta tierra, la que propuse en mi último artículo como una especie de eje de mi epitafio previsible, siempre que los demás así lo aprobaren y dije: Hijo de esta tierra que tanto amó y defendió.  Parece que ésta fue la parte que al amigo que me reprendió le produjo extrañeza.

Se trata de algo que luce como un anhelo in extremis de mi larga vida de luchas.  Sin embargo, no cabe la mención de pesimismo ante esa exclamación que he creído merecer como un derecho después de haber cumplido deberes comprometedores y arriesgados de advertir a otros muchos hijos de esta tierra, que tanto los necesita para que acudan al servicio de su soberanía, su territorio y su independencia.

Pero bien, debo detener mis reflexiones de hoy, que son mero umbral, para dar paso a lo prometido en mi última entrega, es decir, la cuestión del suelo jurídico pétreo de las consideraciones de Derecho que sustentan la Querella mediante la cual se ha puesto bajo severa acusación al jefe de Estado nuestro, de tal modo, que sus cargos temibles, a primera vista, sirven no sólo para descalabrar su sitial en la historia, sino para aumentar el estado de indefensión de la patria de todos, ahora cuando se busca convertirla en un puerto libre, percance del mundo, adicional al ya existente, cuya salvación se imaginan alcanzable mediante el sacrificio nuestro.

La lúgubre lógica de la Geopolítica actual que ha estado tan carente de aciertos en el atormentado mundo de hoy con sus mares y desiertos repletos de niños muertos se mueve para hundir a este pequeño estado del Este de la Isla de Santo Domingo en una promiscuidad espantosa con un Narcoestado de antigua data y el pueblo más pobre y desventurado del mundo.

En efecto, cuando se observa el riguroso andamiaje de disposiciones penales y constitucionales que soportan y  albergan los cargos criminales que se imputan al Jefe del Estado nuestro y a su partido gobernante, no se puede entender nada menos que ha sido hondamente meditado ese apercibimiento penal, que contiene objetivos inconfesables que van más allá de la ya cotidiana preocupación que abate al mundo sobre la corrupción.

El diseño acusatorio ha sido filoso, certero y difícil de objetar, según parece, precisamente porque los móviles que lo han impulsado son de naturaleza y magnitudes destinadas a producir efectos tremendos capaces de convertir a esa Queja Penal en el centro vital de toda una galaxia de ilícitos que como conflicto corruptor se vino acumulando en nuestro país durante tres lustros.

Criminológicamente se tiene por sabido que cuando los crímenes de ejecución continua se hacen prolongados en el tiempo y pasan de un escenario a otro, pero siguen conservando sus esencias delictivas, se va estableciendo una especie de seguridad y de impunidad y esto retroalimenta la capacidad del autor esencial, en este caso Odebrecht, para llegar hasta el convencimiento de que todo será oculto y nada será alcanzable por la ley penal y hasta por el propio reproche social.

En la especie, si no se hubiese producido el terremoto de Brasil entre nosotros la presencia y participación de aquella colosal empresa hubiese podido alcanzar la virtual condición de Estado paralelo.

Ello podrá explicar por qué en los años 13, 14, 15 y 16 se produjeron las más importantes entregas de valores dado que existían necesidades, mayores que las típicas de una campaña electoral, como lo fueran las modificaciones que habilitaran  la reelección presidencial.  Se podría en este caso llevar la convicción de que se estuvo en presencia de una reelección de la macroempresa, dado que nuestro territorio había sido objeto de su preferencia para desarrollar actividades del orden de 780 millones de dólares a ser invertidos en los procesos políticos de la región en base a la seguridad genérica que le ofrecía a su mecanismo de operaciones estructuradas nuestro país.

¿Cuáles son los textos penales y constitucionales que sostienen la acusación?

a) En el orden Constitucional, los artículos 22 (Derechos de Ciudadanía) Acápite 5 (Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo).

Art. 246 (Control y Fiscalización de Fondos Públicos.)

De esos textos se suscitaron las afirmaciones contenidas en los ordinales siguientes:  Pag.21, ordinal 40 y 41.

00

01

b)  El Derecho.  Proceso de Acusación.

Disposiciones de la Constitución de la República Dominicana.

Artículo 2 (Soberanía Popular).

Artículo 3 (Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención).

Artículo 22. (Derechos de ciudadanía).

c) Ley Electoral. Artículo  55.

02

Ordinal 44 Pag. 25

03

Pag. 27, ordinal 46

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Ordinal 47 – Página 28 (Ley Lavado de Activos)

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Ordinal 48  – Página 29

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Ordinal 49 – Página 29

14 b

Ordinales 50, 51, 52 y 52 – Página 30

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Al final, en las conclusiones de algo que va más allá de la Denuncia y que habría que asimilarlo como un híbrido de Denuncia-Querella, figuran las Conclusiones siguientes:

19

20
Como se advierte en todo lo transcrito, sumándole los Hechos comentados en las primeras entregas, hay que convenir en que jamás hemos tenido como Estado, miembro de la Comunidad Internacional reconocido como aguerrido y noble, una situación más difícil y peligrosa como poda y castración del ejercicio de atributos mínimos de soberanía.

La propia anexión a España del Siglo IXX tuvo como explicación que aquel que fuera héroe de los doce años en las guerras subsiguientes de la Independencia había perdido la fe en su capacidad de defensa frente al recurrente propósito de sojuzgarnos de nuevo.  Según se entendió siempre su error mayor fue, además, recibir el Marquesado de Las Carreras, porque esto lo complicó hacia la traición plena, sin excusa, dada la vanagloria del título nobiliario que no dejaba de ser un escarnio.

Desde luego, los medios modernos de hoy para impulsar la seducción hacia el error no son tan grotescos, sino más bien sutiles y simples, como lo sería un Premio Nobel de la Paz, por ejemplo; sobre todo cuando detrás de esa idea puede estar un falso mago que ganó fama como hacedor de presidentes y que lució en su momento como imbatible en las competencias electorales latinoamericanas.

Buscando explicar todo ésto de la forma más sencilla, aunque resulte mortificante y hasta ruda, procuran en realidad colocar al Presidente de la República en una condición precaria al momento de tomar decisiones heroicas y la Geopolítica que ha estado detrás de la trama, está confiada en que así  puede organizar la destrucción nacional, valga la paradoja.

La organización de la destrucción nacional, repito, para lo que ha contado con una colaboración interna muy siniestra, parecida en sus maquinaciones a la que fuera denunciada por el padre fundador de la República y que para contenerlas se hizo preciso librar guerras desiguales.

Todo ha sido tan traumático porque se ha sabido verter la perfidia del mundo de muchas maneras y se trabajó vilmente hasta enajenar a los egos exacerbados de las ambiciones políticas de grupos, bajo promesas de permanencia indefinida en el poder, que es lo que ha estado en la base trágica de todo este desastre.

Marejadas en el Caribe, Terremoto en Brasil III

Como si merodeara a la República una catástrofe indefinible se mueven las circunstancias nacionales.  No resulta fácil imaginar algo más enigmático y presagioso que estos aciagos tiempos.

A veces pienso que se oscurecen totalmente nuestros caminos inmediatos porque el mundo mismo está estremecido por angustiosos sucesos que sus guerras de distintas intensidades se encargan de imponer como pavor de los pueblos.

Y no importa el grado de civilización; todos parecen ir juntos, aunque a velocidades diferentes, a abismales desencuentros y desintegraciones de magnitudes colosales.

Es de las pocas veces, luego de la Segunda Guerra Mundial, en que nuestros tormentos dejan de ser insulares.  Desde fuera nos están llegando ingredientes temibles para hacernos entender que no será manejable la conflictividad nacional con los medios institucionales con que contamos tan precariamente.

Al leer estas reflexiones cualquiera podría pensar que se trata de un rapto de pesimismo y tristeza, pero no.  Se trata de que hemos ido quedando sujetos a peligrosas posibilidades de pérdidas diversísimas, partiendo de la soberanía jurídica, pasando por la integridad territorial, hasta llegar a una encrucijada inaudita como lo es el descabezamiento inhabilitante del máximo nivel del poder estatal, que tendría misiones especialísimas que cumplir, de desafío y compromiso frente a tales peligros externos, las cuales evidentemente no podría llevar a cabo con la libertad espiritual requerida y la entereza total de su voluntad en provecho de su pueblo.  Eso que algunos “necios” todavía llaman patriotismo.

Se tiene por sabido, echo esto por delante, que en el ámbito de la delincuencia económica continental la prima donna que es la corrupción público-privada ha irrumpido con fuerza arrasadora al grado de resultar capaz de borrar totalmente la fe pública de los pueblos frente a quienes les gobierna o les ha gobernado.  Cuando parece agotado el extenso y variopinto sistema de partidos políticos, envueltos en tribulaciones dolorosas, como si se tratara de una ébola epidémica devastadora.

Es en Brasil donde se ha originado el más impresionante de los ejemplos del desastre.  El mundo, lleno de estupor, cree ya que aquel territorio infinito no tendrá a nadie que le gobierne; que su decadencia seguirá a grupas de una clase política execrable hasta sus tuétanos.

He venido haciendo una glosa parcial de hechos descritos en un expediente desprendido de aquel desorden con amenaza de conmociones disolventes de nuestro sistema democrático, que  costara tanto llevar a niveles razonables de aproximación al Estado de Derecho, pero que fuera afectado severamente por conductas y maniobras institucionales incalificables y que ahora esa Denuncia-Querella a la que me refiero las relata del modo siguiente en sus páginas 15, 16, 17, 18 y 19, ordinales 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35 Y 36:

    1. Otro indicio de la vinculación de Danilo Medina Sánchez con ODEBRECHT y su asociación de malhechores, es que luego del proceso electoral del año 2012, específicamente en el mes de julio, el presidente electo Danilo Medina Sánchez, realizó la primera visita al exterior, teniendo como destino a Brasil reuniéndose, entre otros con la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula Da Silva.
    2. Las autoridades brasileñas publicaron correos electrónicos de fecha 5 y 6 de julio de 2012, del señor Marcelo Bahía Odebrecht, hoy condenado a 20 años de prisión por el “Caso Lava Jato”, dirigidos a Giles Azevedo y Anderson Dornelles, asesores especiales de la presidente Dilma Rousseff, en la que el empresario solicita a la presidenta el apoyo del gobierno para “reforzar” las relaciones de su empresa en la República Dominicana, todo esto en el marco de la visita del entonces presidente electo Danilo Medina a Brasil, el texto que se adjuntaba al correo se leía de la manera siguiente:“Dada la importancia de nuestro trabajo en el país (República Dominicana), sería importante que la presidenta Dilma pueda en su próxima reunión con el recién electo presidente dominicano, fortalecer: la confianza que tiene la organización Odebrecht para cumplir sus compromisos; la provisión de, a través del BNDES, para apoyar las exportaciones de bienes y servicios de Brasil, continuando con los proyectos de infraestructura prioritarios para el país”.

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quinta-feira, 5 de julho de 2012 22;32
Para:‘giles.azevedo@presidencia.gov.br;anderson.domeles@presidencia.govl.br
Assunto: Encontro PR Dilma com PR Republica Dominicana dia 9/7

Caros Giles e Anderson,
PeA§o o favor de entregar a Presidenta Dilma a nota em anexo referente ao encontró dela com o Presidente da Republica Dominicana, que segundo fui informado, serAi esta segunda, 9/7, pela manhaE.
Fico a disposiciA§A£o para qualquer informaA§A£o adicional.
Obrigado e forte abraso
Marcelo

Assunto:  ENC: Encontro PR Dilma com PR Republica Dominicana dia 9/7
De: Darci Luz /o =Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz
Para: Alexandrino Alencar/o=Odebrecht/ou=exchange administrative group (fydjbohf23spdit)/cn=recipients/cn=alexandrino;
Envio: 06/07/2012 13:21:10


Dr. Alexandrino,

Esclarecendo: Marcelo enviou ontem a noite o documento para o Giles, para entregar a Presidente e esta/ pedindo para o Sr. Confirmar com ele se recebeu e se conseguiu entregar a ela.

Eu liguei para a secreta/ria do Giles, mas ele estaba fora e como foi para o e-mail pessoal, ela nA£o soube me informar. O Sr. Pode checar com ele, por favor?

Obrigada,

Darci

De: Marcelo Bahia Odebrecht
Enviada em: quinta-feira, 5 de julho de 2012 22:35
Para: Alexandrino Alencar
Cc: Darci Luz; Luis Antonio Mameri; Marco Antonio Vasconcelos Cruz
Assunto: ENC: Encontro PR Dilma com PR Republica Dominicana dia 9/7

Darci: confirme que Alex recebeu, se Não vc mesmo liga para a Presidencia e as5egura recebimento pelo Giles.

Alex: faA§a um follow-up amanhAE
Alguma posiA§A£o sobre inauguraA§A£o PVC? Avalie se ligo eu mesmo esta 6ª ou 3ª.

  1. Durante la transición del año 2012, el presidente Danilo Medina Sánchez, agradeció públicamente los servicios dados por JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO a la candidatura que él encabezó.
  2. Danilo Medina Sánchez fue electo el 20 de mayo de 2012 y juramentado como Presidente Constitucional de la República Dominicana en fecha 16 de agosto de 2012, y en ese momento JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, de ser el asesor de la campaña, pasa a ser el principal contratista del gobierno en el área de mercadeo, y ODEEBRECHT ratifica su condición de ser la principal contratista de obras de infraestructura del Gobierno dominicano. Con ello se completa la trama de corrupción, sobornos y lavado de activos que operaba de la manera siguiente:  Odebrecht paga a Joao Santana por la asesoría estratégica de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); los resultados electorales fueron favorables al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hacen que Danilo Medina Sánchez sea presidente; Danilo Medina Sánchez instruye al Gobierno dominicano a mantener o dar las principales obras a ODEBRECHT a través de licitaciones artificiosas, incluyendo la central termoeléctrica de Punta Catalina, en cuyo proceso de negociación participó directamente Danilo Medina Sánchez.  En el gráfico siguiente se explica:Capture
  3. Todavía otro indicio de la cercanía, colaboración y confianza que llegó a establecerse entre la empresa ODEBRECHT y sus contrapartes en la República Dominicana es que el departamento de “Operaciones Estructuradas” fue trasladado a la República Dominicana en el segundo semestre de 2014, dado que “a Marcelo Odebrecht le preocupaba la seguridad empresarial para realizar las operaciones de soborno”. Ese traslado, tal y como se lee en documento oficial del Tribunal Federal Supremo, de Brasil, se realizó una vez establecido que “República Dominicana le aseguraba eso”, es decir, la seguridad empresarial que procuraba el señor Marcelo Odebrecht para seguir realizando dichas operaciones y que sólo podía ser garantizada por alguna instancia oficial y no por particulares. Garantizada la seguridad, los ejecutivos Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, establecidos en la ciudad de Miami, Estados Unidos, viajaron todas las semanas a Santo Domingo donde en realidad no encontraron ningún tropiezo para realizar sus habituales labores de soborno, con tanta o incluso más seguridad que antes.
  4. La empresa ODEBRECHT reconoció en los Estados Unidos, Suiza y Brasil, que realizó pagos por sobornos en la República Dominicana por la suma de US$92,000,000.00.
  5. “Polis Caribe, SRL.” y “CINE&ART2013, SRL” y los nombrados Joao Santana, Mónica Cunha, Ayle Axe De Sousa Santana, fueron parte del entramado corrupto que sirvió para poder tramitar fondos usados para sobornos y otras actividades ilícitas como el blanqueo de esos beneficios. La identificación de éstos como parte de una red mafiosa de asociación de malhechores ha sido identificada en Brasil, con las condenas a ocho (8) años de prisión tanto a JOAO SANTANA como a MONICA MOURA, esa sentencia fue emitida por Juez Federal de Brasil, Sergio Fernando Moro, según lo descrito en la Sentencia de la 13av Sála Federal Criminal de Curitiba relacionada a la Acción Penal No.5013405-59.2016.404.7000.
  6. La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se hace en virtud de que ellos declararon que JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, NO SE EVIDENCIA NINGUN PAGO A JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO NI A NINGUNA DE SUS EMPRESAS.
  7. Como testigos de todos los ilícitos penales identificados en esta denuncia, están los señores: A) FERNANDO FERNANDEZ (anterior asistente de Danilo Medina Sánchez y exdirector general de Aduanas), quien declaró que la compra de senadores y diputados para la aprobación de la reelección en la Constitución de la República Dominicana fueron usados fondos de ODEBRECHT; B) FELIX JIMENEZ (miembro del comité político), que reconoció que las obras de ODEBRECHT eran sobrevaluadas y fruto del soborno; C) ANTONIO ISA CONDE, que en su libro “Relatos de la Vida de un Desmemoriado” reconoce que la corrupción y el soborno fueron usados para aprobar la reforma constitucional del 2015; D) MINERVA TAVAREZ MIRABAL, que declaró sobre los sobornos dados en a los miembros de la Asamblea Nacional para la reforma constitucional; E) El senador EUCLIDES SANCHEZ, que declaró a la prensa nacional sobre los sobornos de ODEBRECHT en la República Dominicana.”

Léanse con cuidado esa transcripción extensa y aparten toda curiosidad prejuiciosa, hija de algún rencor, y comprobarán que los cargos criminales están articulados con una precisión pasmosa, lo que les permitiría comprender mis razones para entender porqué no se está en presencia de una denuncia, sino más bien de una Querella rotunda.

Y es que tiene mucha intensidad en sus señalamientos puntuales de ilícitos; es tan meticulosa, además, en la descripción gráfica de las vías utilizadas por esos ilícitos para producir resultados condenables y remarca los autores de forma tan terminante, tanto al hombre como al partido político imputados, que les queda poco espacio para eludir el rigor de considerarles lo que llaman los querellantes la “Asociación de malhechores de Joao Santana”.

Repito, que esta glosa que he realizado es parcial y sobre hechos, procurando el examen de esa Queja Penal en cuanto a lo que pueda ofrecer en torno al contenido de información e implicaciones del poder político.  Hay otro aspecto, desde luego, que se tratará en la entrega final relativo a la sustentación que en derecho se afirma tienen esos hechos.  Parcial y a grandes rasgos por supuesto.

En fin, creí al principio que podría mantener un grado de marginalidad razonable y prudente, pero termino por admitir que no hay manera de esbozar ese evento penal sin caer en el vientre tremendo de su contenido que conduce a la grima de presentir que algo muy grave puede sobrevenir y que será la República la que no quedará en condiciones de celebrarlo, pues todo ello entraña siempre trastornos temibles de la paz nacional, tan vital e indispensable como resulta para nosotros, sometidos como estamos a ataques externos que comprometen nuestra supervivencia.

He tenido muy arraigada una convicción en ocasión de haber estado inmerso en sucesos nacionales importantes.  Me temo que pueda suscitarse una nueva experiencia que me confirme en tal convicción:  apagar faros, arrojar brújulas en el mar del escándalo y envolverlo todo en imputaciones que, aunque sólidas y bien fundadas, engendran enorme descrédito de los que mandan en esos niveles son las maneras más seguras de llevarnos al naufragio del Estado como tal y naturalmente exponernos como nación, la de siempre, que hemos creido tener, a daños irreversibles.  Esto porque aún cuando los móviles del apercibimiento penal sean inobjetables y bien formulados, podrían entrañar un aumento de la indefensión que en nuestro caso ha estado precedida por una experiencia de Troya, tan verosímil como destructiva.

Pienso, finalmente, que sólo mis años de vida y luchas me permiten vaticinar sin remordimientos todo cuanto nos espera como pueblo. Mi tranquilidad de conciencia se hace obvia porque estuve en los afanes de las advertencias más exigentes para evitar cuanto ha ocurrido y porqué, en último caso,  mi único anhelo sería que se pudiere grabar en la piedra del silencio de mi sepulcro algo que dijera así: “Hijo de esta tierra, que tanto amó y defendió”.

Marejadas en el Caribe, Terremoto en Brasil II

Busco poner mi empeño más limpio, no necesariamente el mayor, al comentar en esta segunda entrega de La Pregunta algo que nos concierne dentro de ese desastre del Brasil de alcances transcontinentales.

En efecto, repito de la primera entrega la alusión que hiciera a una sugestiva inferencia de los querellantes-denunciantes estableciendo una relación de causa-efecto entre los valores remitidos desde el Perú a empresas dominicanas propiedad del genio siniestro del marketing que hoy se encuentra recluido en prisión en su tierra natal y su aplicación a fines que parecieron entonces inconcebibles.

Cité lo siguiente:

Página 14:

“25.  Resulta sintomáticamente coincidente el dinero de Perú con los pagos realizados por el Gobierno dominicano a las empresas de JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO: los movimientos de dinero ocurrieron en los meses en que se realizaron los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para elegir a los nuevos miembros del Comité Central, específicamente su elección interna fue el 12 de enero de 2014; esa fecha marca el punto de inicio del plan reeleccionista de Danilo Medina Sánchez, quien, luego de haber tomado el control del partido, inició la campaña de descrédito del anterior del expresidente Leonel Fernández Reyna, vinculándolo al narcotraficante Quirino Paulino, imputación que lo descalificó como candidato presidencial para el 2016; y posteriormente, en junio de 2015, se ejecutó la expedita reforma constitucional que lo habilitó para reelegirse.”

 “26.  Todos estos pagos nos han permitido identificar cómo se realizaba el flujo del dinero del entramado mafioso ODEBRECHT y su asociación de malhechores para influir en los procesos electorales de la República Dominicana, atentado contra la soberanía nacional.  El gráfico debajo explica la ruta del dinero dominicano en los sobornos de ODEBRECHT, detallando cómo esa empresa realizó los aportes ilegales e ilícitos a la campaña de Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD):

En ese aspecto me permití afirmar que podría estar en esa inferencia acusatoria el “páncreas del organismo probatorio”.

En verdad, ¿qué queremos señalar a veces los viejos penalistas, alegando que puede haber en un expediente determinado una prueba terrible, aunque parezca dormida, inadvertida, denominable como “páncreas”?

Lo que señalamos es que suelen aparecer en un expediente complejo, contenido en centenares o millares de documentos probatorios, afirmaciones extraídas de los mismos, como si fueran una simple expresión y que, no obstante, pasan a ser tan importantes que pueden iluminar y guiar a los demás componentes del voluminoso dossier.

Esto, particularmente cuando se producen los entrecruces de pruebas documentales de distintas épocas con pruebas testimoniales vertidas en otros escenarios y en circunstancias correlativas.

Cuando se observa, por ejemplo, la descripción de esa glándula del organismo humano que es el páncreas y uno se entera de sus cruciales funciones y de los letales resultados de su patología, es cuando cae en cuenta, no sin asombro, de que de ella depende en gran modo la vida, pese a ser tan modesta y anónima su presencia en el organismo, casi como si fuera una simple adherencia apendicular.

Eso mismo ocurre en el expediente penal, con frecuencia, y la habilidad del buen penalista podría consistir, al hacer el diagnóstico y programar el tratamiento del caso, en identificar esa glándula del organismo probatorio, haciendo relucir su importancia tan decisiva como ignorada hasta el momento del hallazgo.

En el plano personal y de familia, vaya ésto como digresión, me ocurrió para mi estremecimiento de siempre, que el páncreas de mi madre falló para privarle de la vida; ahí supe de su delicada inaccesibilidad y de lo mortal que resultaba su quebranto

Pero, volviendo al “caso dominicano” dentro del laberinto conflictivo de la Odebrecht, creo encontrarme en su diagnóstico con una prueba parecida a un páncreas por lo que me he permitido hacer la cita precedente.

Ahora bien, ¿cuál era el contexto que le servía de marco a aquellas actividades, ignoradas entonces, luego sometidas tan severamente al apercibimiento penal acusatorio más espectacular, que en Brasil se ha anticipado como “el fin del mundo?”

En primer lugar, la reelección prohibida que estuvo en la base de todo nuestro infortunio institucional más reciente que constituye un punto de partida multivalente para el análisis.

Para vencer su prohibición se hacía necesario reformar la Constitución.  Y, además, hacerlo sin acudir a la consulta popular del Referéndum.  Montar, asimismo, una campaña colosal de publicidad, puesta en manos del más afamado y reconocido estratega  manejador de campañas políticas de América Latina; el cual tiene por método, según se ha sabido luego, la práctica de desbrozar el camino de escollos y obstáculos para favorecer al candidato que lo sufraga.  Por ello se vio a un expresidente de tres periodos, que afirmaba sentir “vientos favorables a su retorno al poder” en nuevas elecciones, pasar por un verdadero calvario de degradaciones incalificables.

¿Cómo inhabilitar y desechar a ese “detestable exponente” de la política nacional?  Se optó por la más artera y perversa manera de hacerlo, que era la de procurar un hondo descrédito que le llevara a una virtual muerte civil.

Era algo que tendría que hacerse de forma muy personal y puntual, no partidaria, porque de hacerlo de este modo lastimaría votos eventuales en la reelección programada, dado que la víctima de la persecución ostentaba la presidencia del partido de poder y podría, en el mejor de los casos, sumarse a los esfuerzos reeleccionistas, tal como ocurriera en los hechos, según lo concibiera la previsión del “acaudalado santero” del Brasil.

Buscar el favor de un Capo de la droga pareció ser el más atractivo camino; de consiguiente, no importaba que fuera alguien condenado a muchos años de prisión que, al cumplir sólo diez de éstos,  pasaría a ser beneficiario de un tratamiento de regreso triunfal, siempre que acusara al hombre que desde el poder le había extraditado, del cual se declararía una especie de amigo-asociado, acreedor de un préstamo de 200 millones de pesos que alegadamente le había provisto para que pudiera obtener luego un apoyo plebiscitario en elecciones sucesivas.

Se le propondría al Capo, desde luego, la devolución de sus cuantiosos bienes incautados y, además de esto, se le prometió, y al parecer se cumplió en una forma exacta, el pago de esos 200 millones de pesos, no se sabe si como “premio por su delación” en favor del poder, o como un “gesto magnánimo” de éste para proteger al líder moribundo en su honra, así fuera post-morten.

El propio Capo fue el encargado de revelar extrañamente algo que entonces pareció un desvarío.  Le había el gobierno propuesto todo bajo promesa de que le pagaría, en todo caso, los 200 millones de pesos, según se puso de manifiesto cuando un abogado gestionara el cobro de aquel dinero infamante.  Luego sobrevino un espeso y lapidario silencio sobre ese trámite del pago.

Sin embargo, bueno es retener, que cuando surgió aquella modalidad de pago tan sorprendente, se abrieron muchas interrogantes: ¿Cómo hacer para poder pagar una suma tan alta como la prometida al Capo? ¿Proveniente de los fondos del Estado?  No, imposible.  ¿De un “pase de sombrero” entre amigos y contratistas estatales?  Algo difícil, aunque no imposible.

Lo que no se conoció fue que para eso estaba el genio del marketing, Joao Santana, así lo infieren, ahora, los querellantes-denunciantes, dado que tenía, no sólo la fama de vencedor en todas las contiendas electorales que dirigiera, sino la relación económica en su patria común con una inmensa empresa constructora de nombre Odebrecht.  Hoy se sabe que sus ejecutivos están encarcelados junto al propio as de las campañas electorales.

Esa compañía venía, de cierto, trabajando en el país desde hacía mucho tiempo.  Pasó de una administración de gobierno a otra con asombrosa normalidad en el año ‘12 y ya para el año ‘16 podríase entender que invertía en lo que pudiera verse hoy como en su propia reelección como contratista dominante de obras públicas, sobremanera, después de haber resultado beneficiaria en la licitación para la construcción de una mega planta de carbón en la ya legendaria Punta Catalina.

Ahora bien, ocurren cosas que los penalistas llamamos, a veces con cierta ligereza, “La Mano de Dios”: estalló el escándalo mundial y todo se complicó como nadie pudo preverlo.  Entonces, ¿por dónde anda el páncreas de las pruebas en la enmarañada difusión de tantos hechos delictivos?  Los denunciantes-querellantes se encargaron de inferirlo y deducirlo, señalando los fondos allegados desde Perú, según los gráficos de circulación de pagos que insertaron en el documento, navío de la dura queja penal que ha puesto a un Presidente en ejercicio, con tres años pendientes del mandato por cumplir, bajo acusación de naturaleza criminal.

Están convencidos, así lo confiesan de que esos fondos del Perú se usaron para esos y otros fines no menos infames.  Ahora se le puede llamar así, infames, pues cuando el Capo tronaba en sus acusaciones, firmantes de la propia Denuncia-Querella se manifestaban más ofensivos y alborozados que nunca, en procura de ayudar al Capo a “sepultar a aquel nefasto hombre público” en desgracia.

Es más, al Capo se le animó tanto como para decirle, citando a Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.  No sin antes haber advertido  mediante pronósticos meteorológicos sombríos que podrían venir rayos, en primer lugar, del expediente criminal del Capo Quirino y luego, otros rayos de la propia oscuridad de la Planta de Punta Catalina.

Así las cosas, ¿cuál es el disturbio de hoy que tanto destruye la seriedad de aquellos que canibalizaran a aquel hombre perseguido y arruinado, en lo que pareció ser el fin de su presencia en el escenario nacional?  Ese hombre que, según alegaron, sólo por un “trágico error del pueblo” llegara a ser tres veces Presidente de la República, que permaneciera callado, sin reacciones manifiestas, como si aguardara que ahora, en una Denuncia-Querella proveniente de uno de los índices más implacables de su destrucción, se viniera a saber quiénes pagaron y dirigieron su aplastamiento, su planeada derrota y su ruina moral para siempre.

Creo que el disturbio que malogra toda honra está en curso y sólo las abismales peripecias de los juicios por venir serán las encargadas de llevar al ánimo público una convicción definitiva acerca de las características de aquella trama.  Especialmente los juicios en el extranjero podrían contener fuentes abundantes para el esclarecimiento de todos estos hechos y circunstancias tan deplorables.

Lo más grave es que no todo está reflejado, porque hay nuevas tareas de demolición en marcha, no sólo del Presidente actual, sino del propio partido, al cual pertenecen paradójicamente ambos líderes.  Es decir, el que alegadamente pagó para destruir al otro y éste, que luego de su silencio prolongado, parece estar sentado a la puerta esperando algún otro cortejo parecido al suyo. Ambos en la misma piragua de incomprensiones.

¿Qué otras cosas pueden estar detrás de todo ésto? ¿Se busca imitar a Francia y su Macrón recién estrenado, que buscan abolir la República de De Gaulle?  No sé, un outsider, le llaman con entusiasmo los litorales de la Geopolítica, que tiene sus soldaditos muy activos en la traición, asombrosamente recibiendo condecoraciones y exaltaciones deslumbrantes que no les dejan medir las dimensiones de sus felonías.

Aguardemos la tercera entrega de La Pregunta a ver los últimos aspectos de la Denuncia-Querella que merecen ser comentados y quizás algo sobre las dos listas de sobornados que amenazan con aparecer, la de Brasil y la de Washington.

 

Marejadas en el Caribe, Terremoto en Brasil I

Creo no saber de ninguna otra noticia que haya tenido en los últimos tiempos efectos más sensacionales y devastadores que el llamado “Caso Lava Jato” de Brasil.  Algunos han llamado al fenomenal escándalo “nuevos volcanes para Centro y Suramérica”. Otros, ya para las islas del Caribe, entendemos que resulta un tsunami.

Y no es necesario extenderse en explicaciones generales, pues ha sido tan profuso el material noticioso que se podría pensar en una saturación informática jamás vista en Latinoamérica.

Han resultado tan comunes e idénticas las experiencias que resulta lógico contraerse en el examen de los casos propios, sólo de éstos; desde luego, sin menoscabo de cuanto siga emanando u ocurriendo en las otras latitudes, especialmente lo relativo al arrasamiento del sistema de partidos políticos conocido, así como de lideratos icónicos, hasta llegar a peligrosísimas encrucijadas de desestabilización de gobiernos establecidos.

En mi opinión, éste último aspecto, conectado como está con siniestros propósitos de bloquear candidaturas presidenciales con vocación de producir estremecimientos en el comercio mundial, en lo que a nosotros concierne, ofrece ya un signo sumamente grave como lo es el alojamiento de una Queja autodenominada Denuncia Penal contra el Presidente de la República.

Lo primero que se advierte es que, aunque la queja se empeña en disimular su verdadera consistencia, considerándose a sí misma simple Denuncia, resulta imposible suponer que no se está en presencia de una querella formal y terminante.  Algo tan sistemáticamente articulado que parece alcanzar niveles de fuerza de Acta de Acusación o de envío al Juicio de Fondo.

He tomado la decisión de hacer varias entregas de este esfuerzo que es La Pregunta sobre el delicado tópico, al tiempo que pueda, desde La Respuesta, apuntar lo que resulte necesario para una comprensión cabal del trastorno.

Al estudiar cuidadosamente el contenido de lo que prefiero llamar más bien Denuncia-Querella, lo más resaltante es comprobar el meticuloso diseño que tiene como navío de la Queja penal.

Implacables y precisos fueron sus redactores, al parecer, que no escatimaron diligencias para agenciarse fuentes en el extranjero que vinieran a agregarse a una sólida sustentación jurídica en los ámbitos penal- procesal-constitucional nuestros.  Se trata de fuentes brotadas de resoluciones y operaciones de instrucción formales, originadas en el propio epicentro del terremoto de Brasil.  La fortaleza que ésto le da a la Denuncia-Querella es temible, sugiriéndola como pertinente, en principio, montada como está en esos precedentes instructorios.

Entonces, ¿qué me quedaría por hacer al afirmar esas cosas, que no sea la transcripción de algunos segmentos cruciales de ese documento acusatorio?  A ello voy a contraerme, sin dejar de hacer apuntaciones que podrían ser esclarecedoras de señalamientos y  aspectos de sus alegatos.

Por ejemplo, bajo el título de El Caso Dominicano, en la página 8, se citan deposiciones de dos “delatores premiados”, Fernando Migliaccio y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil:

“DECLARACIONES FERNANDO MIGLIACCIO
Páginas 14 y 15:
“Sí, a pesar de que nosotros del área de las operaciones estructuradas fuimos personas
De confianza, obviamente yo hacía el intento de mostrar todas las declaraciones al final del año, y antes de eso, en la contabilidad oficial de la empresa, no sé cómo, pero sé que había un chequeo.  Así pues, se marcaba salió tanto, entró tanto, entonces de esa manera no estaba faltando dinero.  ¿Qué sabía yo?  Yo sabía dónde salía el dinero, porque tenía que avisar a contabilidad: mira, llegaron diez (10) millones de Panamá; 5 (CINCO) DE REPÚBLICA DOMINICANA; Llegaron veinte (20) de Venezuela”.  Así que sabía de cual país se había generado y escogía, según la demanda y la disponibilidad de los bancos, a cual país se hacía la transferencia de dinero “ah, va para allá; va para acá”.  Así que eso es lo que yo sabía. Sólo eso.”
 “No. Tendría aquí para hacer un ejercicio de memoria, pero también sería una ligereza de mi parte precisar alguna cosa.  Yo sé que el último año fue -el último fue muy latente para mí- del ordende 650 (seiscientos cincuenta), 700 (setecientos) millones de dólares” (En referencia a los aportes a campañas electorales solo en el año 2014).

Asimismo, en la página 9, ya ante el Juez Electoral Auxiliar, se cita lo siguiente:

Págs 21 y 22:
“Juez Electoral Auxiliar – Señor Fernando, cuando se recibía una orden de pago a “Feira”, es decir para Mónica Moura, se tenían condiciones, o usted sabía -de información que realmente sabía, no por deducción- si ese dinero, la causa de dicho pago, es decir, si ese era el pago de una campaña electoral en Brasil?
Testigo – Sí.
Juez Electoral Auxiliar – sabía?
Testigo – Sabía porque había unos momentos en los que había cruce de programas.  Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, PERO ADEMÁS TENÍA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA y en El Salvador, por ejemplo, no tengo certeza de si son esos todos los países.  Yo tenía que organizar con ella.  Y ella también tenía demandas específicas,   Tipo:  Necesito esta semana, pero para Venezuela; de Brasil se puede retrasar dos semanas: no, no, El Salvador tiene que ser esa.  Entonces yo tenía que organizarme.  YO SABÍA EXACTAMENTE QUE ESTÁBAMOS PAGANDO POR LAS ELECCIONES, PAGAMOS SU TRABAJO EN LAS ELECCIONES – MUY BIEN HECHO, POR CIERTO, SU TRABAJO – EN LAS ELECCIONES DE EL SALVADOR, VENEZUELA, ANGOLA, BRASIL, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ.”

Son estas transcripciones sensibles, quizás mínimas, de ese tópico originario. Sobre todo, cuando se le agregan los comentarios de los querellantes-denunciantes, de un informe denominado “Informe Pari”, emanado de un congresista peruano, del cual hacen citas cortantes que pueden terminar por constituir el “cáncer de páncreas probatorio” en el que vierten gráficos de cálculo de circulación de dineros en momentos especialísimos de la política nacional, cuando un siniestro personaje como Joao Santana, dirigía ya, todos los operativos para desmontar y descalificar candidaturas que pudieran resultar obstáculos para aquella otra que sobrevendría a las desventuradas peripecias de la Reforma Constitucional que plantearía la reelección presidencial como cosa posible.

Por ejemplo en la página 12 figura el ordinal 21, así como en la página 13 figuran los ordinales 22 y 23, que pasan a ser transcritos del modo siguiente:

Página 12:
“21.  El nivel de detalles de la investigación realizada en el “Informe Pari” fue tal que se llegó a identificar pagos de ODEBRECHT para CINE&ARTS2013, SRL en la República Dominicana por un valor total de US$4,396,796.00 entre los meses de octubre del 2013 a julio 2014.  (Página 638 del Informe Pari).
 Página 13 :
“22.  Es importante resaltar que la asociación de malhechores que lideraba JKOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, inició operaciones en República Dominicana para trabajar de manera exclusiva con el Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, y posteriormente con la Presidencia de la República Dominicana.  Este claro contexto hace presumir de manera que los US$4,396,796.00 depositados por Isacon SAC por instrucciones de ODEBRECHT, fue una de las contribuciones hechas a Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).”
 “23.  Luego de recibidos los fondos millonarios, la empresa POLIS PROPAGANDA ejecutaba la labor de mercadeo político más agresiva y costosa de la historia de  República Dominicana, todo en beneficio de Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sumas de varios millones de dólares que se han ido identificando fruto de las referidas investigaciones en otros países.”

Ahora bien, los denunciantes-querellantes fueron más lejos aún, y en su página 14 vierten un contenido explosivo en los ordinales 25, 26, 27 y 28, que constituye la versión más cruda y directa de la acusación al Presidente de la República, cuya foto aparece junto al  emblema del Partido del Liberación Dominicana (PLD), cuando se lee:

Página 14:
“25.  Resulta sintomáticamente coincidente el dinero de Perú con los pagos realizados por el Gobierno dominicano a las empresas de JOAO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO: los movimientos de dinero ocurrieron en los meses en que se realizaron los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para elegir a los nuevos miembros del Comité Central, específicamente su elección interna fue el 12 de enero de 2014; esa fecha marca el punto de inicio del plan reeleccionista de Danilo Medina Sánchez, quien, luego de haber tomado el control del partido, inició la campaña de descrédito del anterior del expresidente Leonel Fernández Reyna, vinculándolo al narcotraficante Quirino Paulino, imputación que lo descalificó como candidato presidencial para el 2016; y posteriormente, en junio de 2015, se ejecutó la expedita reforma constitucional que lo habilitó para reelegirse.”
 “26.  Todos estos pagos nos han permitido identificar cómo se realizaba el flujo del dinero del entramado mafioso ODEBRECHT y su asociación de malhechores para influir en los procesos electorales de la República Dominicana, atentado contra la soberanía nacional.  El gráfico debajo explica la ruta del dinero dominicano en los sobornos de ODEBRECHT, detallando cómo esa empresa realizó los aportes ilegales e ilícitos a la campaña de Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD):
 RUTA DEL DINERO DE ODEBRECHT PARA DANILO MEDINA

DM1

“27.  Esta estructura permitió que tanto en los procesos del 2012 y 2016, Danilo Medina Sánchez saliera ganador a pesar de los serios cuestionamientos hechos por la oposición política.”
 “28.  Otro indicio de la vinculación de Danilo Medina Sánchez con ODEBRECHT y su asociación de malhechores, es que luego del proceso electoral del año 2012, específicamente en el mes de julio, el presidente electo Danilo Medina Sánchez, realizó la primera visita al exterior, teniendo como destino a Brasil reuniéndose, entre otros con la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula Da Silva.”

Según prometiera al principio, haré apuntaciones a fondo en las entregas venideras de ésta, La Pregunta, sin dejar de apresurarme a anticipar estas sencillas cuestiones que se refieren a la naturaleza del sometimiento penal: ¿Están enumerados hechos evidentemente delictivos?  ¿Están, asimismo, enumeradas las personas que los aseveraron ante jurisdicciones judiciales del epicentro del terremoto de Brasil?  ¿No se advierte un duro esmero al señalar al Presidente de la República, junto al Partido que fuera una luminosa visión estratégica de Juan Bosch, en medio de esta tormenta de hechos y circunstancias eminentemente penales, atribuyéndoles la condición de beneficiarios de sus resultados?

Aguardemos, pues, las próximas entregas.