Palabras Truncas

El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo en la Junta Central Electoral un  acto de contenido interesante relativo a la cuestión de las diversas elecciones que habrán de celebrarse en el año veinte, así como los aprestos  de organización de los partidos políticos, conforme a la Ley de Partidos recientemente aprobada.

El encuentro se denominó “Calendario de Actividades Administrativas y Plazos Legales 2017-2020” y estuvieron presentes en el mismo ante el pleno del organismo los presidentes y secretarios generales de todos los partidos a quienes se dirigía la presentación de la logística montada, al tiempo que se les invitaba a estar presentes permanentemente en todas las fases del desarrollo del proceso previo a programar conforme a la nueva legislación.

Estuve allí en mi condición de Presidente  de la Fuerza  Nacional Progresista y preparé algunas cuartillas para el caso de que, después de la presentación del Calendario, se abriera  algún espacio para que los partidos sometieran observaciones.

No fue así y, en verdad, lo sometido a nuestra consideración fueron unas magníficas muestras de técnica y previsiones de altísima calidad, que  se expusieran de forma impecable, capaces de tranquilizar las inquietudes surgidas, luego del injerto que se hiciera de la  Ley de Partidos Políticos, como una especie de prólogo obligado, más bien como un fórceps en el parto del proceso electoral  fundamental previsto y ordenado por la Constitución de la República.

Todo aquello propuesto a estar bajo la dirección de la Junta Central Electoral, como si fuera posible agregarle a ésta atribuciones no contempladas en la Constitución, mediante una ley adjetiva, que evidentemente ha sobrecargado la experiencia del proceso venidero por razones muy sensibles relacionadas con las exigencias de los factores espacio-tiempo, tan vitales para toda logística bajo diseño.

En todo caso, la sesión fue solemne y, al menos yo, creí advertir que subyacía cierto halo de tristeza envolviéndonos a todos porque aquello tan hermoso que se nos ofrecía, fruto innegable de esfuerzos honorables y correctos, habrá de encontrar muchas dificultades para su implementación, que previsiblemente generará coyunturas críticas en capacidad de arruinarlo todo.

Al tiempo que me conmovía por las claras virtudes del esfuerzo, me invadían presentimientos pesarosos, sabedor de cuáles han sido los tormentosos comportamientos antisociales en ocasión de esas citas electorales.  Las pasiones de todo género que desatan las luchas por el poder cruzaron por mi mente la recordación de once muertos producidos en esa plaza trágica de las Junta Central Electoral en dos elecciones diferentes del pasado.

Así, oyendo a los elocuentes técnicos explicar con tanta maestría los modernísimos medios tecnológicos con los que se cuenta, tampoco pude detener el recuerdo que me asaltó de aquella experiencia sorprendente de la renuncia de más de tres mil técnicos, previamente entrenados, cuando tan sólo faltaban veinticuatro horas para el inicio de los últimos comicios.

Me dije entonces, que lástima que gente tan decente y esforzada como éstas las entrampen en las maquinaciones de la baja política mediante sobrecargas de obligaciones que no podrán cumplir, arriesgando sus reputaciones bien ganadas y establecidas desde hace mucho tiempo.

En fin, al despedirme y felicitar al organismo en la persona de su presidente, no me pude contener y le dije: “Presidente, los compadezco a todos; los están mandando al infierno”.

Fue al salir del evento, cuando regresaba a mis modestas tareas, que me propuse sacar las cuartillas que había escrito y traerlas a esta entrega de La Pregunta bajo el título de “Palabras Truncas”.  Recíbanlas, pues, mis generosos lectores como testimonio de mis apreciaciones honestamente sentidas:

“A los Honorables Miembros de la Junta Central Electoral:

Me dirijo a ustedes con el mayor respeto mediante estas sucintas palabras en mi condición de presidente del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), obedeciendo a la convocatoria que se nos hiciera para conocer el “Calendario de Actividades Administrativas y Plazos Legales 2017-2020”.

Debo echar por delante la afirmación inequívoca de que nuestro partido comparte total y plenamente los criterios y las posiciones de los otros nueve partidos políticos con los cuales ha venido haciendo esfuerzos conjuntos para abordar cuestiones de carácter constitucional en ocasión del proceso de aprobación y puesta en vigencia de la Ley 33-2018 sobre Partidos Políticos .

Por consiguiente, nuestra solidaridad es cierta y permanente en todos los procedimientos que se encuentran en curso, tanto frente a la jurisdicción del Tribunal Superior Administrativo, como el que se habrá de intentar por la vía del amparo por ante el Tribunal Superior Electoral.  En ambos se expresan las múltiples fallas de dicha ley, las cuales han terminado por convertirla en un instrumento perturbador, que no ha considerado mínimamente el respeto de disposiciones constitucionales y jurisprudenciales de su propio ámbito, que ya han sido adoptadas en niveles decididamente inatacables.  Quede esto pues bien claro. 

Ahora bien, he dejado de hacer las cosas simples que vengo haciendo todos los días para sofrenar a mis años en su empeño natural por fatigarme y sólo me han podido traer ante ustedes estas circunstancias especiales para tratar sobre la cuestión del Calendario de las elecciones por celebrar.

Cuestión compleja, no por motivaciones inherentes, de su esencia, sino por la manera en que la ha condicionado la ley mencionada que está desempeñando, en la actualidad, un papel provocador de inconvenientes perturbadores del  proceso electoral correspondiente al año 2020, el cual merecería ser planeado y preparado conforme a lo pautado en la Constitución de la República, en sus fechas bien secuenciadas, sin sobrecargas derivadas de exigencias previas en desprecio de las limitaciones del espacio-tiempo, tan generador que sabe ser de excitaciones y trastornos de la dinámica fundamental electoral de corte sustantivo.

Esa ley impertinente recibió deformaciones originarias por obra de propósitos oscuros de hacer provechos grupales raudos e insanos de ella, haciéndola aparecer con la misión inmediata de ensombrecer y contrariar la normalidad electoral deseable.

Se ha buscado, no sin éxito, algo que si se hubiese tratado honestamente y sólo en base al sentido común no se hubiese convertido en problema jamás; algo que no se le impusiera una deriva tan capciosa hacia peripatéticas controversias de sectores claves de la República supuestamente empeñados en destacar su alegada importancia, su carácter inaplazable, so pretexto de organizar los partidos políticos, haciéndolo en términos veladamente ofensivos e inculpatorios a fin de que éstos dejaran de ser respetables y hasta quizás llevarlos a la condición de “Partidas de salteadores de camino”.

Ha sido una experiencia surrealista, en verdad, pues se ha pretendido utilizar lo abierto para disimular lo encubierto y así, Señores Miembros de este Honorable Organismo Electoral, se han propuesto los tranques y achaques por venir.

Tan sólo bastaba dedicarle un instante a la cuestión de saber si esa Ley de Partidos, que se convirtiera en un tirigüillo ardiente en su discusión, como si se tratara de una cuestión de vida o muerte para nuestra convivencia civilizada, podría nacer viable, es decir, viable, no simplemente nacer por obra de los dictados de los fórceps que la apremiante prisa le impusiera, sin considerar las horas conflictivas y siempre dramáticamente peligrosas de su aplicación.

Se le insertó como una cuestión previa, de tal modo, que pudiera servir de instrumento para hacer las veces de unas inauditas elecciones generales anticipadas; y sólo había que pensar en que las mismas no están contempladas como atribución de la Junta Central Electoral que se mandaba a organizarlas, porque evidentemente debajo de los fines inconfesables de la iniciativa había una demencial aspiración de que sirviera como una especie de Referendo, aunque cimarrón e incapaz de legitimar nada que se pudiera ulteriormente producir en el plano congresional, a imagen y semejanza de la última y triste experiencia sufrida en el año 2015.

Lo primero que se hubiese encontrado en ese instante de meditación a que aludo, sobre la viabilidad de la ley, eran las ásperas exigencias de la logística de su eventual aplicación; ésto sin tomar en cuenta el oneroso costo de la aventura.

Pero, se trataba sólo de obedecer a las presiones multiformes que envenenaban sus fines, sin dejar de desconocer la advertencia que el Honorable Presidente de este Organismo llegara a hacer acerca de los obstáculos insalvables e imprevisibles cuando invocó el inmemorial axioma de que “nadie está obligado a lo imposible”.  No pensaron que ésta era una renuencia muy sabia que ha figurado desde siempre como eje irremovible de la organización jurídica de la sociedad de todos los tiempos.

Así pues, los partidos políticos como la Junta Central Electoral deben prepararse para lo peor, pues esa Ley de Partidos sólo se sostiene sobre una necesidad ficticia, sobredimensionada, coyuntural y facciosa, sin ninguna de las virtudes relacionadas con el predicamento constitucional que define las condiciones esenciales de toda ley.

El hecho es que la misma se precipitó en su final puesta en vigencia, con característica de úkase, sin que se revelara claramente su condición de trampa para el eventual descrédito del propio organismo clave que tan indispensable resulta para la paz de la República.  Se trató de una especie de embarazo, como si fuera fruto de un estupro electoral en un vientre de alquiler en sustitución de la fuente máxima que es la Constitución.

Hay, pues, la necesidad imperiosa de repensar la impertinencia de su entrada en vigencia; diferirla, ponerla en una mora razonable y acoplarla con la otra ley de mayor envergadura, pendiente de ser aprobada, que debería ser retomada para que sirva como abeja reina de esa colmena tan sensitiva que es maternidad única donde debe nacer la legitimidad de todos los poderes públicos esenciales.

Las pasiones políticas y sus aberrantes obsesiones de poder no pueden tender celadas y trampas de esa magnitud, menos cuando éstas pueden contribuir a desencadenar inestabilidades abismales en el desarrollo del proceso electoral general.

Es por ello que hablo en estos términos y, sin que ésto implique inconformidad con todo lo existente hasta ahora, entiendo que se debe trabajar incesantemente en mejorar los procedimientos de organización, pero al hacerlo se debe ser prudente y cauto, pues ocurre con frecuencia que algo perseguido como logro puede servir, a la postre, para el retroceso. 

Tal es el caso y claro está que la especie de este conflicto, de oportunidad o inoportunidad del uso de una ley recién nacida, pero traviesa evidentemente, por fortuna se cuenta con que hay medios alternativos más que plausibles para asegurar el orden, como lo son las posibilidades de refortalecer el poder reglamentario de la Junta Central Electoral que es absolutamente deseable, aún utilizando la actual legislación, innegablemente rezagada en su azarosa vigencia.

Lo  que vengo a proponer es pues que este Organismo asuma la recia calidad que le otorga la Constitución y someta una propuesta formal y enfática al poder legislativo  destinada a preparar  todo el proceso de elaboración de un verdadero código electoral, que acoja y describa exhaustivamente los elementos y componentes previsibles de los procesos, no sólo  en los días puntuales de elección, sino de cuantos pudieran relacionarse con las experiencias en que se tenga que recurrir a la consulta popular  en los múltiples niveles que están consagrados en la Constitución de la República.  Me refiero a las disposiciones destinadas a los Referendos, para las cuales no ha habido prisa ni preocupaciones especiales, pese a que han transcurrido ocho años el nacimiento de la Constitución del año 2010 que los consagra.

Tan abarcante es mi propuesta que entiendo deben de incluirse hasta las modalidades de índole criminal de contribución y participación en dichos procesos de candidatos y apoyo de detentadores de capitales originarios de las prácticas criminales de la comercialización de la droga. 

De ser acogida esta propuesta, se impondría como algo ineludible, desde luego, la creación de comisiones permanentes que tendrían como obligación convocar sistemáticamente a todos los sectores de la vida nacional, a fin de que presentaren sus propuestas y reparos con el objeto de que se alcance al final un amplio consenso de todos y cada uno de los títulos y capítulos de ese código electoral sugerido. 

Entiendo naturalmente que tratándose de una política pública de tanto énfasis y tan sensible los trabajos deben emprenderse de inmediato, aunque se difiera el texto surgido para entrar en vigencia a partir del año 2021, sin que ésto impida que la nueva mayoría congresional por establecerse pueda revisar, aprobar o enmendar algunos aspectos de esa legislación estructural.  Todo en beneficio de legitimar lo más que se pueda las operaciones y los frutos de éstas en las experiencias electorales de futuro.

Tengo la seguridad de que esa experiencia serviría  en gran modo al blindaje  del organismo electoral que quedaría en condiciones  de ir reafirmando cada vez más un grado mayor de independencia y un poder tutelar más neto sobre ese hemisferio, tan vivamente conectado a la paz de la República, preciso es repetirlo, a fin de evitar  toda turbación originada en las ilegitimidades  de que son capaces los sordos intereses de las luchas de poder y dominio, tanto del litoral político como del económico.

Lo que se evitaría con una iniciativa como la presentada es poner en orden los disturbios cada vez más peligrosos entre  gobernabilidad y gobernanza; es decir, entre los poderes fácticos, los partidos políticos, la sociedad civil, comunicación social y, peor aún, otros sectores indefinibles y siniestros, que se agregan a las consabidas maquinaciones de los insepultos intereses  de daño a la propia reputación de la República, cuya tribalización también se procura como una manera de negarnos toda posibilidad de excelencia y declararnos en perpetuo atraso, incapaces de  gobernarnos en forma idónea y civilizada.

Una última reflexión debo hacer: Se abusa cuando se sostiene que es una tontería utópica pensar en un poder electoral parejo a los que tienen rango constitucional como clásicos poderes públicos.  La realidad es que a éstos se les ataca con meticulosa severidad porque la Gobernanza aspira en forma insaciable a más poder del que tiene y siempre se busca en los escándalos y atolladeros de los días de las elecciones el descrédito de los señalados por la voluntad popular para ser sus gobernantes. 

Lo que es verdaderamente seguro es que la clase política nuestra adolece de las mismas falencias de la sociedad toda, quizás en una proporción menor que la de sus cúpulas de porcelana.

La autoridad electoral, a la que se le confía el mando de todas las fuerzas armadas en ese día preciso de elecciones, siempre es objeto de agresiones desconsideradas y degradantes a tan sólo unas pocas horas de llevarse a cabo los eventos; se aprovecha el enardecimiento de las pugnas de las votaciones y a muy corto plazo el país queda envuelto en un tormentoso caos de incertidumbre.  Este viacrucis cívico debe cesar y para ello hay que amurallar a la autoridad electoral plenamente.

La aturdida experiencia electoral tradicional necesita un ascenso drástico de su respetabilidad y eso no se alcanza si se mantiene al organismo máximo como una mendicante Cenicienta, cuyas decisiones y capacidades aparecen como si fueran obra de instancias secundarias, como obedeciendo a invisibles pero reales resortes del poder que están en otras partes.  Hay que terminar de acerar el mando y control del Organismo y la Constitución ha provisto las herramientas para hacerlo.

No quiero echar más leña al fuego, claro está, cuando pongo como ejemplo de lo que acabo de decir estos últimos días en que se discutía la Ley de Partidos; pero lo cierto es que aquello degeneró en una sórdida muestra de irrespeto a los posibles trastornos logísticos de su aplicación, según dije.  Es más, los propios partidos mayores fueron incapaces de advertir que había una intención de abrir la votación interna en desmedro de las lealtades, de los esfuerzos y las consagraciones de tanta militancia valiosa.  El voto intruso no es una simple verruga cancerosa extirpable.  Es más bien una demolición de la solidaridad en los esfuerzos por el desarrollo democrático interno, según prevé el Artículo 216 de esa Constitución, nunca mencionada con la frecuencia que merece.

Finalmente, la Fuerza Nacional Progresista, al adoptar la actitud que adopta, sumándole su propuesta a los esfuerzos conjuntos que se han venido haciendo para impedir el más que seguro desorden diseñado, a lo que aspira es a que quede constancia pública de sus advertencias, para que el día que pueda desgraciadamente sobrevenir un desorden social y una ruina de la experiencia electoral, no se pueda decir sin injusticia que no apareció alguien que lo intentara evitar.  Creemos estarlo haciendo desde nuestra muy modesta trinchera con el único recurso, nuestra arma de siempre, la razón. 

Muchas Gracias.”

Como siempre me ocurre, insisto en exponerme al riesgo de que no sean acertadas mis aprehensiones.  Pido a Dios que así sea; pero, siempre lo hago confiado en las pruebas, casi inminentes, que puedan ofrecer los hechos y los acontecimientos.

¿No les parecen útiles los planteamientos?  ¿Valió la pena no dejar truncas mis palabras?

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