De las Previsibles Tormentas Electorales

El proselitismo puede expresarse en forma abierta y pública porque  su puesta en práctica está protegida  por  la frondosa copa del árbol constitucional.

Suprimirlo o contraerlo resulta contraproducente y sólo se hará plausible hacerlo si se manifestare como jolgorio turbulento  que pueda dañar y obturar  la paz y tranquilidad públicas.

Es decir, se podría corregir, contener  y sancionar, pero ya por razones y motivaciones de orden público, algo diferente al ámbito electoral.

Esa posibilidad está perfectamente definida y bien tipificada como infracciones  contra  la tranquilidad y el orden públicos.  Medidas de control existen que llegan a alcanzar rango constitucional, según se prevé en el artículo 264 sobre Estado de Conmoción Interior, que reza de la manera siguiente: “Artículo 264.- Estado de Conmoción Interior. El Estado de Conmoción Interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades.”

El proselitismo político, pues, no el religioso o de índole parecida, ciertamente se puede desbordar en la euforia de las convocatorias de gran éxito y ésto haría razonable cierto control coercitivo por violar normas de pacífica convivencia; algo más que aceptable, pero estará la cuestión a cargo de la decisión y de las acciones de la autoridad ordinaria.

Bueno es apuntar que, sólo el día de las elecciones generales, la Constitución ordena que todas las fuerzas armadas y del orden pasen a la subordinación del máximo organismo electoral, lo que se explica dada la naturaleza de ese día excepcional donde se dirimen los poderes públicos superiores.

Ahora bien, hay que retener que son los partidos políticos los del encargo constitucional de trabajar a lo interno por el desarrollo democrático en procura de alcanzar el ideal del Estado de Derecho.  Obviamente, para que ello sea logrado es el proselitismo el medio por excelencia para hacerlo.

Sin embargo, ha ocurrido que el máximo organismo electoral en una inexplicable iniciativa se ha propuesto restringir, y así se lo ordenó a la autoridad civil y policial, toda actividad proselitista que no sea bajo techo; se supone que sin promoción trascendente; quizás dentro de un riguroso sigilo.

Es más, según se ha llegado a colegir, todo se dirige a garantizar la paz y el sosiego público y otros han ido más lejos, aún, y asumen que la medida es provechosa para asegurar la igualdad entre precandidatos y organizaciones.

Es alarmante todo ello; algo que no resulta inaudito, pues el importante organismo llegó a elaborar una verdadera jurisprudencia electoral al dictar cuatro resoluciones (tres de precedentes y una propia), negando la posibilidad de hacer lo que ahora se hace.  Que no se entienda ésto como irónica alusión “al hacer lo que nunca se hizo” que fungiera como un prometedor lema de campaña.

He pensado, además, en una injusticia subyacente, adicional a cuanto expongo como deplorable.  Se trata de saber si la preocupación del organismo electoral llegó a considerar la verdadera naturaleza de las Marchas Verdes.  ¿No se plantean en ellas exigencias políticas como la renuncia o la destitución del Presidente de la República, bajo acusaciones terribles?  ¿No se asoman violentísimas diatribas contra políticos y organizaciones en febriles pancartas y proclamas?  ¿No es ese un modo de recoger repudio terminal y desestabilizador demandando la revocación del gobierno libremente elegido por el pueblo?

¿Qué hacer, entonces?  Pensar siquiera en prohibir las Marchas Verdes sería un desatino atropellante contra las libertades públicas.  Más grave ahora cuando se le agrega el sobrenombre de “Marcha del Millón”, no se sabe si de verdes o de todos los colores. Es como si se estuviera abriendo una competencia entre “los millones”.

El hecho es que todo ésto se evidencia como un tollo, salido de la airada intolerancia de sectores de poder que se han inquietado con la aparición de “un muerto” que al parecer “sólo estaba descansando”; una especie de Frankenstein electoral a quien se creyó abatir para siempre por obra de una de las más terribles y siniestras tramas de descrédito de nuestra historia.

En todo caso, ha sido una verdadera lástima infligir un daño tan grave a un organismo tan vital de la República, que lo menos que merece es esta exposición tan precoz de su reputación, que tanto debe preservarse y fortalecer, para cuando lleguen las tormentas de elecciones sucesivas, tan dramáticas como desconocidas en sus secuelas previsibles.

Este es  otro aspecto, muy sensible, de carácter logístico que debe  ser ponderado con suma  atención, pues se trata de que el adelantamiento de  la experiencia electoral en el plano congresional y municipal se complica cuando aparece la tentación  legislativa de encargar al  organismo superior electoral de  organizar, no sólo la experiencia de ensayo de certamen separado, que tiene un sólido rango constitucional, sino también como tarea adicional y previa la organización de las primarias  abiertas o cerradas de los partidos políticos; algo que  degeneraría en un seguro cometido de imposible cumplimiento, a menos que lo que se persiga sea un caos que malogre  las elecciones en serie en su totalidad, a imagen y semejanza del vecino Narcoestado.

Es muy fácil entender tal cosa, ahora que los “planes de fusión de la isla” han confrontado la contrariedad del retraso que implica no contar con la fuerza de una locomotora, de marca Clinton, como cabeza impulsora de la estrategia de la Geopolítica que con tanto éxito lograra implantarse en nuestro perjuicio.

La  lógica de la traición es tan funesta como simple al asumir que si la administración de gobierno  en el Norte tiene programas en curso para su caso en cuestiones migratorias, territoriales y de su seguridad, similares a las desesperadas necesidades nuestras, lo que cabe es desordenarnos en términos “tribales” y ganar tiempo con la imposibilidad de hacer  elecciones ordenadas, pacíficas y limpias, al tiempo que se destruye el sistema de partidos políticos a fuerza de escándalos, que hacen suponer la necesidad de  actos sucesivos de protestas propiciatorias de parte de  la auto-erigida sociedad civil en su peculiar proselitismo,  alegando tener las reservas monopólicas de la capacidad y la  honradez  que requiere el “buen gobierno”.

No es ocioso recordar, no obstante, que en un pasado muy reciente nuestro organismo electoral superior gozó de una reputación internacional que se puso de manifiesto en experiencias de asesoramiento a organismos gemelos de Centro y Sur América, cosa que trascendiera en reconocimientos múltiples de niveles presidenciales desde el extranjero.

Esta posible excelencia había que derribarla bajo deshonroso tratamiento y, ahora, parece que se intenta, nuevamente, por desgracia, por otros medios más sofisticados, frente a esta otra excelencia que nos brinda la composición de la actual Junta Central Electoral.

Derriscarnos en la anarquía del desorden electoral podría llegar a ser una ignominia más de las apetecidas por la traición, que ya se puso de manifiesto al aprobar  la calificación que se le diera a la modificación constitucional  que acomodara la traumática  reelección recién pasada, la cual fuera descrita  como “hija de una repugnante operación mercantil”  “de compra de conciencia de legisladores”.

Es una lástima que teniendo, como tiene, una calidad humana tan reconocida como sobresaliente la gente que dirige nuestro organismo electoral superior, se nos prive de aprovecharla plenamente y, por el contrario, lo que se hace es tenderle emboscadas para llevarla a una mengua de su credibilidad y al consiguiente autodescrédito.

Lo peor para un pueblo es que las fuerzas agazapadas en  la urdimbre del poder lancen desde las sombras de sus designios verdaderas redes de atrapamiento y engaño moviendo a error sus instituciones claves más sensitivas; todo  en desmedro del prestigio básico necesario para el ejercicio enérgico de los atributos de su soberanía plena.

El objetivo esencial es descalificarnos, exhibirnos ante el mundo como incapaces de organizarnos, de elegir nuestros gobernantes, que son millares; en fin, hacer la prueba de que lo que somos y hemos sido es un montón abigarrado de inconductas impenitentes que para llegar a organizarse mínimamente lo procedente es refundirlo con el desastre vecino, propiamente para poder ejercer tutelas internacionales de virtualidad fideicomisaria.  Un extenso “puerto libre” para favorecer el narcotráfico, el contrabando, la trata de todo género y el terrorismo, es lo que se pretende a la larga.

Todo ello está en juego.  Por eso, volviendo al error de la coerción del proselitismo, me inclino por emprender el amable camino de sano consejo y recordarles a los responsables máximos de cuidar de nuestra suerte que “rectificar es de sabios” y que si lo hicieren,  lejos de disminuirse, se agigantarían en la consideración pública, que aunque está muy enervada, puede ser sólo como presagiosa calma chicha  anunciadora de tormentas.

No había terminado esta entrega de La Pregunta, cuando estalló el Narco Estado vecino.

Violencias y arrasamientos en lugares inusitados que son reveladores del desastre que ONU, al fracasar en sus inútiles 15 años de ocupación militar multilateral, describiera como muy viable, en posibilidad de crecer seguramente hacia el progreso.

Es nuestro espejo aquello, que nadie lo dude.  Y ahora más que nunca es cuando la unidad nacional debe ser considerada, más que como indispensable, imperativa.

Ha sido mi ruego frenético de siempre, infortunadamente desoído.  ¿Aguardo a que sigan hablando, aún más, los hechos y las circunstancias para poder hacer un ejercicio de rendición de cuenta de mis deberes cumplidos?  ¿Realmente lo necesito?

Ésto lo dejo, nueva vez, a merced de su apreciación en conciencia.

 

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