Vicisitudes del IPAC y II

En la entrega precedente relaté cómo, cuándo y dónde nació la Iniciativa Participativa Anticorrupción, es decir, el Mecanismo del IPAC.  Prometí allí, así como en mi programa televisivo La Respuesta, que esta entrega se referiría a su corta y azarosa vida, así como a su evaporación.

He meditado mucho cómo hacerlo.  Creo que lo mejor es describir en forma llana lo que ocurrió después de aquel primer año en que no sólo naciera sino cuando diera sus primeros pasos hasta el año 11.  Todo aquello bajo observación y control de representativos importantes de Organismos Multilaterales que cumplían la misión de evaluar la calidad del desempeño del gobierno al frente de la dirección del Estado, de todas y cada una de las exigencias y previsiones de la Convención Anticorrupción de la Organización de Naciones Unidas.

De consiguiente, me refiero en primer lugar a que fue tanto el júbilo que experimenté ante lo que evidentemente había sido su éxito cuando el Estado venciera a sus denunciantes ampliamente, después de un año de intensa y cuidadosa prueba, que entendí como algo necesario convertir ese mecanismo de control en un instrumento legal de carácter permanente y sistemático que abriera hacia la sociedad la posibilidad de ejercer sus derechos a la queja puntual, a la denuncia seria y vertir todas las inquietudes que pudieren suscitarse en ocasión del desarrollo de las acciones del gobierno, en todos los planos.

Quedé convencido de que, una vez hecho Ley el esfuerzo, posiblemente ningún otro país del hemisferio nos podría aventajar en Transparencia porque, obrando en diez mesas, a las cuales acudirían previamente depuradas y examinadas en sus méritos las denuncias y teniendo que apersonarse, además, a esas mesas el titular responsable  de las Secretarías de Estado de entonces o de las Direcciones Generales y Departamentos a fin de dar explicaciones relativas a las más diversas inconformidades sociales, y rendir cuentas en una experiencia abierta, previsiblemente televisada, se alcanzaría con ello una confianza pública como nada más la puede engendrar la participación directa del ciudadano en un cara a cara con el funcionario cuestionado.

Esa creencia mía era válida, como también resultaba atemorizante para sectores, tanto del ámbito público como del privado, especialmente cuando éste participa en las experiencias denominadas público-privado que, según se ha podido ir comprobando son las ocasiones más propicias y activas para hacer coordinaciones ilícitas y poner en práctica conductas  delictivas; ésto rigurosamente cierto, aunque se haya logrado llevar al ánimo público general que sólo deben de ser exploradas y juzgadas las que se originan en el poder político del funcionariado en el área pública.

Sin embargo, comencé a confrontar el primer inconveniente que me llevara a cierto grado de decepción cuando el proyecto de ley que se preparó en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción fue sometido ciertamente por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, pero en la época en   que se producía un cambio de gobierno, en las inmediaciones de la transición.  Presentí que aquel proyecto de ley que establecía IPAC se lo llevaría el viento, porque en el fondo era demasiado limpio y honrado, tanto como para despertar recelos multiformes que estarían prestos a dejarle morir, de “muerte natural”, desde luego.

Sin embargo, mi desencanto no me llevó a abandonar el empeño y cuando fui invitado por el nuevo gobierno para que participara en el mismo desempeñando las funciones, no sólo de Asesor del Poder Ejecutivo en Programas de Lucha Contra el Narcotráfico, sino también de titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), reasumí la esperanza de que esa nueva administración de gobierno, que es la actual, podría darle paso al desafío de una experiencia permanente de IPAC.

Sentí un renovado optimismo, pese a que algunos me expresaron desde el principio desaliento por la naturaleza compleja de los intereses envueltos en averiguaciones de fraude, de corrupción, especialmente la híbrida, sobre todo, en esas pruebas de diez mesas multisectoriales, que vendrían a hacer las veces de audiencias populares con un acceso beligerante del público y el atortojamiento previsible del funcionariado, así como la grima a la exposición de sectores que se han auto-considerado desde siempre como intocables.

Mi entusiasmo, confieso, fue excesivo y estuvo afectado desde el principio de cierto grado de desinformación de mi parte, quizás inocencia, acerca de las proporciones y magnitudes que la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) tendría en realidad al establecer un puesto de control delicado, profuso, permanente, que para muchos poderosos no resultaba tranquilizante.

Recuerdo que comencé a escribirle, conforme al decreto que había creado la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), al Señor Secretario de Estado de la Presidencia, que hemos visto luego convertirse en una versión de Primer Ministro, informes sobre la cuestión de la capitalización de empresas del Estado y especialmente lo relativo a la tragedia del negocio de la energía eléctrica.

Le llegué a plantear en tres o cuatro informes que el Pacto Eléctrico que estaba pendiente de ser emprendido, y que hoy todavía no acaba de concretarse, no tenía razón de ser porque las empresas generadoras de energía que habían adquirido el 49% del capital en asociación con el Estado, a cambio de asumir el poder de administración y gestión, no habían cumplido los altos fines que se alegaran para llegar a ser beneficiarios de aquella asociación.  Fui tan lejos, que me valí de una importante revolución jurídica que se produjera en Francia cuando la mejor doctrina y jurisprudencia de aquel país había establecido que “cuando las causas impulsivas y determinantes que estaban en las bases de un contrato cualquiera no se hubiesen alcanzado, ni satisfecho, o hubiesen resultado desconocidas por la ineficiencia de quien las asumía como responsable de su realización, el contrato perdía razón de ser y quedaba resuelto hacia el status-quo ante”.

Lo que quería significarle al superior jerárquico de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) era que el Presidente de la República y la autoridad estatal tenían la facultad considerable para no renovar esos contratos de generación eléctrica porque la realidad era que los altos fines que sirvieron de causa impulsiva y determinante para hacer esa concesión no se habían alcanzado o cumplido, por lo que era necesario revocarles al menos el derecho de administración y gerencia, donde se han alojado sus mayores fracasos, de toda índole.

En fin, al poner el ejemplo precedente lo que busco es significar el grado de limpieza con que comenzaba a visualizar en las nuevas funciones que me habían sido encomendadas, aspectos siempre sensitivos del trato en los esfuerzos público-privados que habían servido de banderola para la capitalización y privatización de las empresas del Estado.

Al pasar los meses fui descubriendo que mi ingenuidad se hacía cada día más evidente y que yo estaba haciendo un tipo de labor “romántica” o, quizás algo peor, un vano y ridículo “brindis al sol”.  Y todo ello se relacionaba con el hecho de que algunos de los jerarcas más importantes de la nueva administración de gobierno habían sido funcionarios básicos, esenciales, en ese proceso de capitalización y privatización de las empresas públicas.

Fui muy lejos en el convencimiento cuando comencé a revisar expedientes del área pública y me encontré con especímenes tan escandalosos y traumáticos, como había sido la concesión de cuatro Ingenios del Estado a intereses vinculados a un feroz Cartel de la droga de México, que yo me había opuesto formalmente a que se hiciera desde la Comisión de Ética en el gobierno anterior.  En ese estudio resultó grande mi sorpresa al encontrarme con que el casi invisible y modestísimo Secretario de Acta y Correspondencia que leyera la adjudicación de aquellos Ingenios estatales a esos intereses, era nada más y nada menos que el superior jerárquico de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y que hoy detenta funciones sensacionales equivalentes a un Primer Ministro.

En ese mismo orden de ideas, es útil consignar que a esa Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) asistieron tres abogados importantes de la República a llevar una Querella contra el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER), contentiva de una poderosa denuncia de defraudación del orden de 10,300 millones de pesos (259,150 millones de dólares ), en un tiempo en que,  ya en mi condición de Director General, había llegado al convencimiento de que tenía que obviar la obediencia jerárquica por las razones apuntadas, lo que me limitaba a darle información oblicua, pero efectiva, al Presidente de la República, siempre en comunicaciones formales.

La suerte de esa Querella, impecable en la forma y potente en el fondo, ha sido trágica, pues no se pudo iniciar siquiera el proceso criminal correspondiente, ni tampoco se pudo hacer un trabajo detenido y a fondo en Cámara de Cuentas, llegando a culminar con un desistimiento del Estado de procurar la devolución de fondos tan importantes, fácilmente cuantificables, mediante la simple apreciación que se hiciera de la querella de marras.

Es más, llegué a solicitar al Señor Embajador de los Estados Unidos de entonces, un pintoresco y raudo exponente de la diplomacia del gobierno de Barak Obama, que le diera curso hacia la autoridad norteamericana a ver si la Exchange Comission podía interceder en favor de la República Dominicana, saqueada una vez más por prácticas corruptas, que ellos ciertamente persiguen y sancionan al través de tal organismo.  Huelga decir que la única respuesta que obtuve fue la alusión, en labios del propio Presidente de la República, a una carta de queja que aquel singular Embajador le dirigiera, sin que el Presidente me revelara su contenido.  Supuse que de seguro pedía mi destitución por el atrevimiento.

He querido dedicar en esta entrega lo que explico como una manera de probar porqué habría de morir la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), para que mis lectores tengan una idea exacta de los trastornos que hubiese traído, a intereses tan agresivos y sensibles como esos, la posibilidad de que se analizaran en una o más de las diez mesas multisectoriales los expedientes correspondientes.

Ahora bien, justo es agregar que desplegué otras diligencias auxiliares que pudieran servir de afluentes comunitarios a la versión central de IPAC de carácter nacional que resultaría el reservorio fundamental de las quejas.

En efecto, tratando de animar el interés público por los aspectos éticos, nos servimos de la colaboración excelente que ofrecieran los gobernadores provinciales, representantes del Poder Ejecutivo en sus provincias por mandato constitucional,  y desde el modesto ámbito de la DIGEIG en forma incesante visitamos decenas de provincias en sesiones comunitarias  provechosísimas, estableciendo los enlaces de que precisaría la DIGEIG con las comunidades para que todo confluyera, cuando así sus méritos lo indicaran, en las experiencias mensuales que habrían de celebrase en el IPAC, una vez éste estuviera ya convertido en ley de alcance general.

Tan neto era mi empeño por adelantar esa iniciativa legislativa, que en una visita que nos hiciera el Presidente de la República, como lo hiciera frente a otros en procura de conocer opiniones diversas en el proceso de consulta sobre el procedimiento a seguir para organizar la inmigración ilegal, yo aproveché tal visita y le hice entrega del nuevo proyecto de ley sobre el IPAC, ya más completo y mucho mejor acabado, y le advertí al hacer dicha entrega que tuviera presente que ese proyecto de ley tenía enemigos en el gobierno, de gente de su entorno más estrecho.  Y fue un acierto hacer la advertencia, porque comprobé en el tiempo subsiguiente que ya IPAC era difunto nuevamente por obra del poder de tanta gente que tenía motivos para recelar de un mecanismo de control de transparencia de tal magnitud y naturaleza.

A propósito de Transparencia, ya al final, no resulta ocioso apuntar que en fecha 5 de junio de 2015, en los Salones del Banco Central se celebró un evento importante bajo los auspicios de Transparencia Internacional, una organización que está por encima del bien y del mal en capacidad de calificar y descalificar los gobiernos del mundo.  A ese evento, al titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) no se le invitó, pese a que estaría allí encabezándolo el propio Presidente de la República, ante el cual el orador fundamental, actual Primer Ministro, se solazó, no sin arrogancia, describiéndoles a los funcionarios extranjeros allí presentes la existencia de “un antes y un después” en nuestro país, porque todo el horror de la corrupción correspondía al pasado inmediato,  que ya estaba siendo superado por el redentorismo que al parecer él representaba.

Examinando las fechas en retrospectiva yo compruebo, y en ésto no he podido vencer mi condición de penalista inveterado, que esa fecha en que se hacía tal anuncio grandioso, que era como una especie de funeral de Estado para todo lo que pudiera oler a IPAC, coincidía seguramente con el examen de la propuesta financiera de ODEBRECHT para construir la planta de generación a carbón de Punta Catalina, que para inmensa desgracia de la República va a permanecer por mucho tiempo como estigma terrible, aunque en honor a la verdad, preciso es reconocerlo, han surtido efectos provechosos por su capacidad de desenmascaramiento de tantos sepulcros blanqueados, verdaderos colosos de la disimulación que controlan desde las sombras los peores desastres y permanecen inéditos.

En suma, he pensado al referirme al nacimiento, vida y muerte de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) dejar con ello un testimonio veraz relativo a todo aquello como una manera de servir en mi sociedad en su derecho a saber cómo se han producido realmente las cosas, cuánto de manipulación, engatusamiento, hipocresía y procesos venenosos de envidia han sabido intervenir para secuestrar la verdad y abrirle paso a odiosas y arrogantes mentiras.

En las próximas entregas habrá temas relacionados con el que se ha tratado y, según parece, podré hacer provecho de ellos para consolidarlos en alguna parte de mis memorias por escribirse bajo el título de Lo Que Pude Vivir.

 

 

 

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One thought on “Vicisitudes del IPAC y II

  1. Estimado Vincho,

    Asunto: IPAC

    Recuedo como activista de una ONG Dominicana llamada Projuventud, teníamos ese verano del año 2012, la tarea ayudar al Banco Interamericano de Desarrollo en una campaña de concientización del manejo vehícular responsable en la República Dominicana. Y es que seguimos siendo desde hace mas de diez años los primeros en la lista: somos el país en América Latina donde el promedio es de un 29.3 porciento de muertes por carretera, de veintes personas por cada cien mil habitantes, siendo que para el año 2015, la mayoría de estas muertes, el ochenta y siente porciento 87%, son hombres. Según la ONE Oficina de Estadísticas Nacional presidida por la señora Alejandrina Izquierdo.

    Tenemos esta sola muestra dentro del universo de temas que el estado dominicano y sus funcionarios deben solucionar, veo que es evidente la negligencia del mismo Presidente de la República, en no tener una lista que es fácil de buscarla en google, dentro de la página de el Fondo Monetario Internacional, para esta fecha de agosto siempre lanzan un estudio mundial de las estadísticas por renglones económicos y cuales países están avanzando en las áreas cruciales y la posición en la que se encuentran.

    La República Dominicana a pesar de su crecimiento en el área de las infraestructuras, por Odebreth y ya conocemos el por qué de ese esfuerzo. Sin embargo, en las demás renglones estamos en las posiciones finales, y estos temas, esos organismos internacionales lo conocen muy bien, porque toman este informe como una guía y fuente de conocimiento para aplicar presión al gobierno de un determinado país. Y es que ellas se benefician cada vez que buscamos prestado para una obra como una presa o la construcción de cientos de escuelas públicas.

    Ese verano del año 2012, hicimos una actividad de concientización de la campaña de manejo responsable, en el mirador sur, encima del tunel de nuñez de cáceres, donde invitamos a la Autoridad Metropolitana de Transporte y grupos juveniles de todo el territorio nacional. Ese encuentro fue muy importante para nosotros como Ong, puesto que, era nuestra primera actividad y estabamos siendo muy vigilados por este organismo internacional, ya que nos tenían la promesa de ayudarnos con fondos económicos y trabajar en equipo para la realización de otras tareas en el área de la juventud.

    Para esa actividad viajó al país una representante de BID Juventud, para acompañarnos, junto a un artista DJ que ellos contrataron para darle música a la actividad. Luego teníamos agendado un recorrido por el Palacio Nacional con esta persona y su artista. Le informo que era la primera vez que visitaba el Palacio Nacional, y como en ese verano venía un cambio de mando, noté el vacio y falta de movimiento, como si todos estuviesen de vacaciones y esperando el cambio.

    Al siguiente día, me hicieron la encomienda de buscar a la señora del BID, al Hotel el Embajador, para llevarla al aeropuerto. Y es que hicimos química, ella me contó que sabía hablar el español porque estuvo viviendo un tiempo en Colombia y también en República Dominicana en varios proyectos del BID. Era una tarde donde los colores estaban vistosos, poca nubes y un sol brillante.

    Decidí hacer el recorrido hasta el aeropuerto por toda la costa del mar caribe y así salí por la avenida Sarasota y doble a la derecha en la avenida Jimenez Moya, para luego tomar la avenida Geoge Washington. Mientras tanto íbamos conversando, me hizo preguntas varias del país la parte económica de la corrupción, le dije que los casos de corrupción se ventilan pero nunca la justicia es efectiva o los jueces para hacer cumplir las leyes, que tenemos organismos como la Cámara de Cuentas, que están para velar por la correcta administración pero que no funcionan.

    Continúando el recorrido por el malecón, le dije que a pesar de nuestra situaciones de precariedad como país, nosotros los Dominicanos somos optimistas, personas de fé y que siempre estamos con una buen semblante cada día nos levantamos a trabajar y somos felices. Le explico a modo de hipótesis será que tenemos este sol y estas lindas playas a nuestra disposición y eso nos ayuda a no caer en la depresión que causan los problemas económicos de un bajo salario, de falta de salud y de ver cómo los funcionarios públicos no cumplen con su trabajo.

    Seguí expresandome con el tema de los préstamos y el endeudamiento internacional, que ya tenemos el cuarente y cinco 45% del Producto Interno Bruto PIB, comprometido para el pago de nuestras deudas, entonces, ella me dijo que todavía podemos endeudarnos más, ya que la media en Latinoamérica es de un 65% del PIB, y me puso de ejemplo Argentina. Esa respuesta de ella, me chocó bastante, pero no le dije nada, solamente le dije que si nos endeudamos más, eso representa más pobreza para la población y que el gobierno tiene que buscar la forma de aumentar los ingresos.

    Que he estudiado bastante a mi corta edad, teniendo una maestría en negocios y que tuve que renunciar de mi empleo de cinco años porque el salario no lo aumentaban y si lo hacian era porque la tasa del dólar aumentaba, y es algo que no todos los Dominicanos entienden, y es que tenemos diez años con los salarios paralizados. Le comenté inicié mi propia empresa de servicios de decoración porque me dí cuenta que ser empleado en este país, es una forma de esclavitud. Ya que, nos descuentan en seguridad social, en varias cosas, a la vez cada vez que compramos un bien o servicio, nos aplican unos impuestos elevados.

    Luego ella me comenta que tendremos un encuentro en Washington en su oficina y que le gustaría que yo participara, que ella me invita a quedarme en su casa. Ya era noviembre del año 2012, y viajamos una delegación de jóvenes de Projuventud a Washington DC, allá fuimos al edificio B en la avenida New York no. 13 del BID, para tratar temas diversos de nuestra alianza en temas de la juventud en Dominicana.

    Luego de recibir los carnets para ingresar al edificio, estábamos esperando el ascensor y al abrirse el mismo, salió un señor Dominicano con una gorra morada de la campaña Presidencial de Danilo Medina. Me sorprendió esa escena tan directa y clara, que ya estaban en alianzas para un proyecto mas grande, el de la construcción de las escuelas, apoyado con los préstamos del BID.

    Ese viaje terminó mal para mí con esa señora, puesto que, era de noche y no habia podído comunicarme con la señora y un compañero me dijo que ella le comentó que tendría que viajar ese mismo viernes para pasar el fin de semana con su esposo que estaba viviendo de manera temporal en otro estado. Lo que hice fue adelantar mi viaje esa misma noche me fui al aeropuerto y tomé un vuelo a miami a pasar unos días donde mi tía.

    Al día siguiente la señora me llamó al celular y se disculpó, me dijo que fue un mal entendido, que ella se encuentra en Washington, pero ya yo estaba en Miami, con mi tía en su vehículo. Mi conclusión de todo esto es que los intereses de estos organismos Internacionales son reales, y ellos les interesa en el fondo que un país esté lo suficientemente estables y con capacidad de endeudarse con un proyecto de ¨desarrollo de ellos. La promesa de ofrecernos los fondos para trabajar en las campañas de concientización en temas juveniles no prosperó y todo se quedó en un recuerdo.

    Saludos,

    Maria Isabel Torres

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