Vicisitudes del IPAC

Lo primero es señalar que la sigla IPAC se desprende de la Iniciativa Participativa Anticorrupción. Después confesar que, porque estuve muy cerca de ella, me resulta irritante aludir a su corta y precaria biografía.

Vi cuándo, dónde y cómo nació esa Iniciativa y jamás he hecho alarde de ser algo parecido a su padre; estuve, por así decirlo, en el quirófano y lo más que puedo llegar a creer es que mis palabras fueron el instrumental para aquel difícil parto.

Me explico.  Era una mañana en que me reintegraba a mi despacho de entonces en el Palacio Nacional.  Acababa de regresar de un control médico anual rutinario en el exterior, cuando recibí una llamada del Presidente interesado por saber de mi salud y quien me hizo, además, una revelación sorprendente, en el sentido de que había estado muy pendiente de mi regreso y quería que me incorporara a una reunión al mediodía en el consabido salón de la tercera planta.

En efecto, cuando me apersoné al lugar de la reunión mi curiosidad se convirtió en preocupación y extrañeza al encontrarme con no menos de doce funcionarios de organismos internacionales multilaterales, así como de algunos diplomáticos acreditados por la Unión Europea, Estados Unidos y España, que con su presencia parecían darle un toque a aquel encuentro de connotación de corte internacional.

Presentí que el gobierno sería juzgado en lo más parecido a un sanedrín moderno.  Noté que, además del Presidente, sólo estaban el Secretario de Estado de entonces de Planificación y Desarrollo y el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Mi sorpresa se recreció cuando el Presidente, al iniciarse los trabajos, habló de que, dada mi ausencia del país por razones de salud, se había visto en la necesidad de aplazar dos veces las convocatorias precedentes, de lo cual se excusara, porque él entendía que el interlocutor apropiado resultaba quien desempeñaba las funciones de Presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC).

En ese momento caí en plena cuenta de que la experiencia iba a resultar más que interesante, mortificante, dada la presencia de tantos importantes representativos de organismos tales como el Banco Mundial, Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, las Naciones Unidas y embajadores y diplomáticos de mucho nivel en la misma.

Se trataba de un control acordado a fin de examinar y conocer cuál había sido el desempeño de nuestro Estado en el cumplimiento de las previsiones y recomendaciones contenidas en la Convención Anticorrupción de la Organización Mundial, de la cual somos signatarios comprometidos.

Debo decir que es éste un espacio muy limitado para relatar las incidencias pormenorizadas de aquella dramática reunión; pienso que en el esfuerzo de escribir mis memorias habría una mejor oportunidad para hacerlo.

Así pues, me limito hoy a recordar trazos y rasgos fundamentales de aquel parto en que naciera el IPAC, el cual, en su primer año, sirvió de mucho para la defensa del honor y la honra del Estado nacional, aunque después se le vio agonizar y morir como esfuerzo notable hasta perderse en esas brumas sociales que saben engendrar los intereses más siniestros e inimaginables, en medio de trampas de silencio y sofocación, obrando  bajo móviles diversísimos y promiscuos de difícil identificación, que sólo en retrospectiva y mediante una visión de conjunto se pueden medir, comprender y combatir.

En fin, la mañana aquella fue muy tensa, pues comenzó con una exposición a cargo de un dinámico representante del Banco Mundial contenida en una minuta de informe, muy bien acabada, en la que se vertían las apreciaciones de todos ellos, como conjunto, del estado de cosas del país en relación a la calidad del desempeño del funcionariado público, ante las prescripciones y  exigencias de esa importante Convención de escala mundial.

La descripción fue aterradora, y se podría decir sin exceso que, de haber trascendido lo expuesto, para el gobierno hubiese resultado muy difícil, cuando no imposible, contener y enfrentar la ira pública.  Claro está, los resultados de las elecciones inminentes hubiesen sido catastróficos.

Fue ahí, entonces, cuando el Presidente me concedió la palabra, después de finalizada la exposición imputatoria.  Recibí el mandato y encargo bajo una afirmación muy terminante del Presidente en el sentido de establecerme como interlocutor y entendí que quizás lo hacía así confiado en mi experiencia de viejo penalista, del cual muchas veces decía que siendo estudiante había presenciado y oído una de mis defensas en un importante juicio criminal y que desde entonces se había declarado partidario de mi idoneidad como penalista.  Por ello yo entendí que era ésto lo que me estaba confiando, la defensa crucial de su gobierno, que creo que al intentarla logré, al menos, activar el parto del IPAC, según veremos más adelante.

Le respondí a los escandalosos cargos de obvia connotación delictiva que los mismos adolecían de una debilidad esencial y que, de mantenerse, inexorablemente resultarían inseguros e injustos, dada la brutal generalización de culpa y responsabilidad que hacían al incriminar la administración de gobierno bajo un predicamento tan abarcante, que no tenía la más mínima modalidad atenuante o alguna salvedad posible.  En suma, que si se le daba curso tal como se había presentado, la sociedad nuestra se haría cargo de todas sus alegadas durezas y la estabilidad de las instituciones, comenzando por la del propio gobierno, se estremecería en términos decididamente imprevisibles.

Sin embargo, luego de señalar tales aspectos, entré en materia y les planteé a los inspectores internacionales lo siguiente: “La fragilidad de su minuta- informe reside en que asume y se sostiene sobre afirmaciones como éstas: “según ha trascendido”; “según se ha podido saber”; “según es de público conocimiento”; “hasta donde ha llegado nuestra percepción, etc. etc.”.

Frente a esas afirmaciones del informe tan gaseosas y ambiguas en sus premisas, les dije: “¿Cómo lo pudieron saber?  ¿Quién se lo dijo?  El conocimiento público, ¿quién lo ha comprobado y difundido?  ¿Dónde está alguna muestra probatoria, siquiera, sobre uno o más aspectos reprobables de los que han podido servir de base a esa minuta-informe patibularia?”

Naturalmente, pasé entonces a decirle a tan distinguidos inspectores de control del cumplimiento de esa Convención importantísima que creía su deber tomar en cuenta el hecho de que nosotros teníamos, al momento,  alrededor de ciento veinte canales de televisión, más de cuatrocientas emisoras de radio y un proceso fluido, constante, de elecciones sucesivas cada dos años y desde esos medios, al través de su excitante dinámica, desde la madrugada hasta la medianoche, se vertían millares de acusaciones descalificadoras del gobierno.

Todo aquello, aduje, conducía a comprobar la dificultad de que el público pudiera salir ileso, sin una semi-alienación que le impidiera alcanzar apreciaciones justas, y sobre todo justas, acerca de cómo obraba cada quién en el ámbito de sus deberes y obligaciones; que, por todo ello, era muy arriesgado totalizar el reproche y el desdén ético frente al gobierno como un todo.

De inmediato pasé a hacer planteamientos conducentes y constructivos y les inquirí:  “¿Porqué no hacemos un esfuerzo para identificar el tejido podrido de cada departamento, dependencia o despacho?  ¿Porqué no evaluamos cuánto de canceroso hay en ese tejido social alojado en la administración pública?  ¿No sería más conveniente localizar los focos y nudos de corrupción que puedan ir apareciendo para extirparlos, en lugar de hacer una acusación tan masiva y ciega de todo contra todos?”

Fui comprendiendo que mis alegatos prendían en la atención de los autores de la minuta-informe y quise darles dos ejemplos para demostrarles el valor inmenso de una cantidad impresionante de técnicos que, en forma anónima, casi heroica, existen y trabajan en los organismos del Estado, obedeciendo siempre a motivaciones éticas irreprochables.

Cité el caso del Acueducto de la legendaria ciudad nuestra que es Baní, Provincia de Peravia, y le señalé al Señor Embajador de España que en la primera licitación que se abriera los técnicos del Instituto Nacional de Aguas Potables de la República Dominicana habían detectado mecanismos maliciosos de cálculo perverso de los precios, de parte de una poderosa macroempresa suramericana que había alcanzado el primer lugar con un nivel de 178 millones de dólares y que, fruto de esa censura, se cayó aquella licitación y en la nueva que se programara un grupo español había logrado la victoria, llevando un precio de 73 millones menos de lo que pareció ser una frustrada experiencia de exacción, que hoy se ha visto en retrospectiva había llegado al país como una epidemia del Ébola regional.

Asímismo, cité el caso de la importantísima Presa de Monte Grande, que se tiene como espina dorsal posible del desarrollo del sur profundo y le comenté el valor y el coraje moral de una funcionaria de alta calificación profesional que se había rehusado  firmar el acta de adjudicación en una primera licitación que se declarara desierta por sus excesos deformantes alojados en sobreprecios y sobrediseños intolerables que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ha tenido que luchar luego para controlar e impedir la resucitación plena de los excesos de la primera, siendo ésto posible por la recia idoneidad de los técnicos de dicha Institución que se han lucido en el celo preservador de intereses nacionales muy sensitivos.

Me alentaba así el hecho de ir comprobando en los rostros de los funcionarios extranjeros, así como en algunos gestos aprobatorios, que mis alegatos merecían y estaban ganando respeto y consideración.

Les hablé, desde luego, del peligroso paso de ir a una imputación penal colectiva que afectaría a cientos de empleados y funcionarios honrados e idóneos y les dije que esa era una manera de desmoralizar al Ser Nacional, aunque me cuidé de significarles que yo no creía que esos fines pudieran estar en sus propósitos.

Luego de mi explicación el Presidente de la República tomó la palabra para expresar su absoluta disposición a trabajar en una experiencia que fuera capaz de ir Secretaría de Estado por Secretaría de Estado, Dirección General por Dirección General, en fin, Departamento por Departamento, para llevar a cabo un esclarecimiento preciso y exacto de todas las cuestiones que pudieron haberle proporcionado bases a esa minuta-informe y que lo ideal era hacerlo en forma abierta y pública, de manera sistemática y permanente, a fin de que la sociedad pudiera acceder a sus implicaciones y así no depender de cuanto le pudieren decir intereses políticos o de cualquier otra índole con grave perturbación de su confianza frente a prácticas predatorias de sus bienes, recursos y servicios, fueran éstas reales o supuestas.

El Presidente fue singularmente enérgico y con ello parecía clara su intención de dotar de mayor fuerza su propuesta y llegó a utilizar términos fuertes, tanto como para llamar al robo por todos sus nombres.  Cosa ésta inusual en su comportamiento de siempre.

Así las cosas, la totalidad de los funcionarios extranjeros pasó a aprobar con manifiesto interés la propuesta presidencial y ésto sirvió para que el Secretario de Planificación y Desarrollo de entonces recibiera el en  cargo presidencial de inmediato de emprender tareas conjuntas para la inspección de control de la Convención de Naciones Unidas Anticorrupción, así como de los hechos que pudieran estar contenidos en la minuta-informe, según se ha descrito, que comenzaba de esa manera a perder considerablemente su condición de patíbulo.  Había nacido el IPAC.

El diligente director de los trabajos fue el Representante del Banco Mundial y contó con el Representante del Banco Interamericano en una admirable cooperación y asistencia destinadas a darle a los trabajos por acometer las dimensiones que fueran necesarias.

Y fue bien ingenioso y muy efectivo el método que adoptaron para medir el desempeño y cumplimiento de los términos y exigencias de la Convención; consistió en iniciar los trabajos celebrando el primer gran encuentro multisectorial y abierto, en diez mesas, en el cual se mostró un semáforo  cuyas luces estaban en el orden siguiente: el rojo, encerraba todas las falencias y anormalidades del cumplimiento; el amarillo, muy angosto, que entrañaba indiferencia por la enmienda y corrección de vicios; y el verde, casi imperceptible, como una desesperanza letal para el pueblo dominicano.

Luego, en los tres encuentros celebrados trimestralmente, se advirtió el cambio progresivo de la composición de los colores, pues el rojo comenzó a reducirse, el amarillo se amplió y el verde comenzó a aparecer con una presencia estimulante y promisoria.  Preciso es apuntar que esos trabajos de verificación y comprobación se hicieron todos bajo control de los inspectores y expertos que se fueron trayendo, por lo que el cambio en el orden y en la intensidad de las luces no era hijo del capricho, sino un trabajo de campo serio y responsable, que se encargó de ir ajustando las denuncias evidenciándolas cada vez como menos consistentes y veraces.

Por el contrario, aparecían las explicaciones y las demostraciones de la administración en términos tales que el asunto fue evolucionando hasta que en la cuarta y final experiencia de reunión trimestral, el rojo estaba reducido en una forma impresionante, el amarillo aparecía muy ampliado, lo que indicaba que se habían podido establecer pruebas de reacciones de enmienda y corrección sobre métodos y procedimientos y el verde mismo era ya significativamente más justo.

Hubo algo al final de aquella experiencia que hoy quiero recordar; fue cuando el Señor Representante del Banco Mundial me señaló, no sin asombro, que él estaba desconcertado, porque la gente que había estado más activa en el proceso originario de denuncia no apareció a esa última reunión.

Yo le respondí: “Ocurre que el Estado ha ido ganando el partido. Dirían ustedes, hay una “goleada” en curso”, pero agregué a ésto que la ausencia parecía una manera de rezongar por los resultados y le señalé:  “No olvide que ustedes han estado controlando, durante un año, todo el procedimiento de averiguaciones y posiblemente sea ésta un desplante a ustedes porque ya el gobierno “no sale a muerte”, como se llegó a pensar en el principio.”

Hice una reflexión más detenida al decirle: “Lo que pasa es que la denuncia es su materia prima, su razón de ser como ONG y no descarte que para ellos resulta una verdadera contrariedad que ustedes hayan podido comprobar cuánto de excesos y de propósitos inconfesables pudo haber en aquella embestida de hace un año.”

Pero bien, tendré que producir otra entrega de La Pregunta para contar cuáles fueron las consecuencias de aquella demostración de inseriedad y de excesos que hicieran temblar al gobierno.

En ellas, las entregas de futuro, señalaré cómo el IPAC se intentó llevar a cabo, ya desde su reputación ganada, convirtiéndolo en Ley y como práctica permanente en el Estado, como si fuera un mecanismo capaz, incluso, de servir para el propio funcionario del Estado en el futuro, en el sentido de intimidarlo en el momento en que maquinara una desviación de conducta ante el examen popular, abierto, que el Estado iría a programar en el IPAC.

Aguardemos, pues, esas fases de aquella Iniciativa, que sólo en su primer año derribó tanta maledicencia perversa, pero que resultara bloqueada en la aspiración de convertirla en Ley, donde el control popular generalizado abarcara todas las actividades, no sólo del sector público, sino de poderosos exponentes del sector privado, tal como la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas lo prevé. Ahí parece que estaba su acta de defunción prematura.

 

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