Post-Data

Con el ánimo de corresponder al interés de amigos que le dan seguimiento a lo que escribo, como una post-data de mis tres entregas precedentes de La Pregunta, hoy quiero consignar una parte de lo que fuera mi actitud cuando se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal nuestro.

Elaboré y dicté conferencias sobre el tema y en una de ellas, bajo el título de “El Nuevo Código Procesal Penal y los Trastornos de su Pertinencia”, expresé mis opiniones y mis reservas; de eso hace ya más de 10 años.  Su aceptación fue satisfactoria, pues me esmeré en advertir en ella que, pese a la vorágine que engendrara aquella excitante experiencia de una nueva legislación procesal, mi actitud fundamental era aguardar el paso del tiempo.  Cité con insistencia del maestro de maestros que fuera don Luis Jiménez de Asúa aquella luminosa advertencia de que “la técnica jurídica puede elaborar o levantar construcciones perfectas en la tipología de la legislación, pero siempre habrá que guardar la respuesta de la vida a lo estipulado en códigos y leyes”.

Pues bien, ha transcurrido el tiempo y muchas de mis aprehensiones se han cumplido con pavorosa precisión.  La espera valió la pena y ha sanado en gran modo mi alegato originario de prudencia y calma, el que asumiera como una paciente manera de responder a los encendidos reproches de “atraso”, de “obsolescencia” que llegamos a padecer todos los que no compartimos el artificioso entusiasmo de la nueva codificación, que se nos había impuesto desde el litoral de una sede diplomática clave, cual si fuese una tesis de grado de una dinámica funcionaria que reclutara a muchos profesionales nuestros, algunos de los cuales no habían lidiado jamás con las tormentas del juicio penal y se empeñaron en ser adalides de aquella supuesta “innovación” de nuestro quehacer procesal penal.

“El tiempo ha rendido la ardua sentencia” diría el Dante inmortal.  Ahora llegan los arrepentimientos y remordimientos de muchos que se desmontan de esa “yegua brava”, diría don Constancio Bernaldo de Quirós, que fuera la guerra académica desatada en el tiempo que se introdujo el nuevo Código con el fulgurante prestigio de lo adversarial-acusatorio que, ciertamente, tiene el más rancio y antiguo abolengo sajón, lo que no resultó óbice para que lograra aposentarse entre nosotros bajo palio de una modernidad sorprendente y civilizatoria, en contraste con la antigualla de aquel otro que nosotros habíamos padecido como un calvario de nuestras libertades, según los desdeñosos gestos del furor codificador de entonces.

En fin, lo que hoy propongo como respuesta admonitoria a todo aquel barraje de osadías es la reproducción de una de las observaciones mejores que pude hacer en medio de aquel naufragio que nos ahogaba bajo estigmas y despecciones, que la propia Francia, tan brillante como siempre, había modernizado, actualizado, hasta alcanzar la joya de Código que hoy tiene.

Esto no nos fue posible hacer.  Veremos, pues, qué sostuve en la conferencia aludida como reserva medular en su página final:

No nos desgastemos, por Dios, en debates bizantinos.  Pongamos el oido en el corazón del pueblo y él nos irá diciendo qué debemos hacer. Cuáles son nuestros deberes.

Quiero cerrar mis modestas disquisiciones con una observación que me ha parecido suficiente para reflejar nuestra encrucijada.  Aparece en el artículo 2 del Código Procesal Penal dentro del capítulo relativos a los Principios Fundamentales, que establece lo siguiente: “Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armonía social.  En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal”.

¿Cuál es nuestro conflicto mayor hoy?  ¿No es la prevalencia de la droga, con su devastadora capacidad de daño y violencias criminales?  ¿Cómo resolver de forma alternativa ese conflicto mediante la participación del tribunal buscando restaurar la armonía social?  En verdad, no existe ninguna afirmación más bella, pero utópica, que la oración final de ese artículo: “En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal”.

¿Medida extrema significa excepcionalidad?  ¿Cabe una tregua ideal y hermosa frente al fenómeno criminal que hoy literalmente nos barre?

Dejemos que sea la vida la que obre y no nos encerremos en vanidosas capillas de dudosas capacidades.”

Mis reservas profundas brotaron de esa terminante declaración de principio ,pues comprendí que el nuevo Código Procesal, entre sus misiones, tendría la de cambiar los ejes de posición de la importancia en el drama penal, ya que asumiría un papel dominante, estelarísimo, con los bríos de sentirse como una aplicación de la Constitución y que el otro Código, el Penal, en cambio, sería postergado, renqueando en sus pujos de los viejos tipos de infracciones, aunque adornado por nuevos tipos penales hijos de esta desconcertante civilización  de la sociedad del conocimiento.  Como si fuera la consagración de aquel alarde de considerar el Código Procesal Penal como el Código del Ciudadano y el otro, en cambio, el Penal, como el Código del Delincuente.

Por eso se dice en el artículo 2 citado que el juicio penal sería la excepción y que lo primordial pasarían a ser las garantías del procesado, por lo que se desplegarían todos los esfuerzos tratando de componer y normalizar la paz social perturbada por los hechos a ser conocidos en el juzgamiento.

De ahí fue de donde más salieron mis dudas terminantes, pues no comprendía aquello como algo posible frene a los crímenes de “lesa humanidad”, convertidos en una verdadera colmena de daños bajo la dirección de sus dos abejas reinas por excelencia: la droga y el terrorismo. ¿Cómo pactar con estos eventos de forma que resultaran capaces de devolver la tranquilidad a la convivencia?

Desde luego, además de esa objeción mayor, también sentí recelos sobre otras taras de su eficiencia.  Encontré con desaliento la sustitución que se hiciera de la contumacia por la rebeldía.  Se adujo para hacerlo que la contumacia constituía una grave y notoria violación constitucional, pues al imponerse la pena máxima al contumaz se atacaba la presunción de inocencia que tanto le protege con su rigor sustantivo.

Aquello era una falacia, pues, el fallo en contumacia no consagraba culpabilidad alguna.  Más bien, fue siempre un gesto drástico del Estado frente al desacato a comparecer ante uno de sus tribunales de justicia que lo reclamaba para conocer y juzgar hechos y conductas tipificadas como crímenes.

La posición del Estado resultaba seria y leal, pues establecía también que al presentarse, o resultar reapresado el contumaz se dejaría sin efecto en forma automática la condena impuesta a su ausencia, por lo que se tendría como no intervenida ninguna implicación de culpabilidad a partir del momento de la reanudación del proceso.

¿Cuál era la ventaja de aquel procedimiento? Que el sujeto bajo acusación, al evadirse y desobedecer, no quedaría libre en condiciones de pavonearse en el medio social sin ningún signo severo respecto a sus hechos pendiente de ser juzgados.

Y así se hizo en el nuevo Código.  Se optó por la rebeldía como categoría jurídica y se le dio tanta fuerza a la ausencia del acusado hasta paralizar el proceso sin fallo alguno, todo en medio de una indiferencia que se tornaba en catalepsia en su favor de parte de la autoridad.  De ahí la deprimente frecuencia con que se da la noticia de que el asesino de hoy puede tener dos o tres juicios pendientes del mismo calado y estaba en la calle.

En las estadísticas actuales se sabe ya de más de treinta mil acusados declarados en rebeldía circulando en la sociedad sin la más mínima preocupación de ser recapturados para someterlos al natural rigor del juzgamiento.

No se ha querido advertir el pésimo efecto que tal lenidad engendra en la sociedad, que ha terminado por apreciar esto como una muestra de impunidad poderosa, aunque solapada, dada la actitud del Estado tembloroso,  incapaz de ejercer la violencia moral y legal del castigo, previo juzgamiento, por supuesto.

Esto, independientemente de lo que significa esa libertad anómala como peligro para testigos y víctimas, que son propiamente humillados por tal insolencia.

En fin, en esta post-data cabrían otros temas en razón de que las reformas que se han de hacer a la normativa procesal penal nuestra tienen que ser obra del trabajo de una comisión permanente de profesionales de capacidad confirmada que podrían dar las bases a las comisiones ordinarias de la cámaras legislativas, haciendo todo ese trabajo en forma progresiva y paulatina, no como un desenlace espectacular y glorioso de un grupo de esclarecidos.

Habría la necesidad de citar sectores de la propia sociedad para que cuenten sus experiencias y especial y señaladamente a jueces penales que han podido apreciar más de cerca el drama.

De todos modos, me atrevo  a incorporar a esta post-data una queja que puede ser respetable:  la Apelación en el Código Procesal Penal puede resultar provechosa y expeditiva para la autoridad judicial; pero, al limitar tanto su trabajo y centrarlo en el examen de los fallos y en la adivinación de qué pudieron pensar los jueces de primer grado, aunque excepcionalmente podrían hacer precisiones testificales, todo ello constituyendo una especie de petit casación, resulta muy distante y reñido de un ideal de justicia verdadera.  El doble grado de jurisdicción es la máxima protección que se ofrece a todos los actores del juicio criminal y para ello me voy a limitar a transcribir un corto párrafo de la obra Derecho Procesal Penal y Derecho Penal – Gaston Stefanni y George Levasseur, que en su página 23 dice lo siguiente:

“Sentido y alcance de la regla del doble grado de jurisdicción.  Para  asegurar una buena justicia represiva, el procedimiento penal establece, como el procedimiento civil, la regla del doble grado de jurisdicción, es decir, la posibilidad de un examen sucesivo al fondo del mismo asunto por dos jurisdicciones de un grado diferente.  Este doble examen del mismo proceso con jueces diferentes permite evitar errores judiciales y obtener más seguramente una decisión conforme a la verdad.  En el antiguo derecho se habían multiplicado los grados de jurisdicción para compensar los peligros del procedimiento inquisitorial que se venía estableciendo y persecuciones a cargo del poder; el Código de Instrucción Criminal limitó el número de esos grados dos, en materia civil.  Si la decisión del segundo grado difiere de la de primer grado, se debe pensar que ella es preferible, de una parte, porque los magistrados de segundo grado son generalmente más numerosos y, por otra parte, sobre todo, porque corresponden a una jerarquía judicial mayor y son más experimentados.”

Desde luego, son numerosas las consideraciones doctrinarias en favor del doble grado, que en el sistema adversarial-acusatorio nuestro, que no tiene jurado popular como práctica, lo han querido compensar con el Tribunal Colegiado del primer grado, a fin de que la apreciación de uno, o el error de uno, tenga que ser el de tres, y con ello creen alcanzado el objetivo de la localización de la verdad judicial.  En verdad, nada es comparable con el nuevo juicio de alzada, por otros jueces, conociendo el fondo en capacidad de examinar vivamente el proceso en su anatomía.  El mandato constitucional de jueces diferentes se cumpliría mejor así sin limitarse a examinar el fallo, que no es el proceso verdaderamente.

Pero bien, creo que me he excedido en esta post-data, que por su naturaleza debe de ser breve y así no ha sido.

Hasta el próximo miércoles en una nueva La Pregunta.

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2 thoughts on “Post-Data

  1. Aunque el tiempo es el juez más imparcial… tiene de malo, el que su tamiz… solo deja enseñanzas; no lecciones… (Los hechos no dejan de serlo, independientemente lo aborrecible de las consecuencias que van dejando a su paso)… ni de las dificultades que a futuro se desprenden de las mismas.

    Aquella iniciativa “modernizadora”, no tuvo más interés… que el producir las distorsiones de orden jurídico, que desde sus inicios produjera.

    “Nuevo código procesal penal”, “Plan decenal educativo”… y frontera abierta, son partes de un mismo rompecabezas regional… (La haitianoformación de todo el territorio insular; de suerte y manera que las reglas del juego sean las mismas… (Aquí y allá)… las que disponga la hibridación, Mafias/Comercio/Estado… cuales han venido operando a sus anchas en el lado occidental de la isla durante décadas… y que de un tiempo a esta parte han ido tomando fuerza en el lado oriental, conforme los propósitos antes expuestos… se han ido concretando.

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