El Juez en el Sistema Acusatorio y III

Un tratadista célebre de Francia, Saleilles, hizo una definición del Derecho breve y convincente: “El Derecho es la regla social obligatoria”.  Una descripción lapidaria que para el abogado en sus luchas debe aparecerle con la puntualidad del sol cada mañana.

Y es que la organización, el desarrollo y el mantenimiento de la convivencia social no se podrían concebir sin ese andamiaje del ordenamiento jurídico que controla y regula su existencia, esencialmente al dirimir y resolver los conflictos que con tanta frecuencia, cada vez más cruenta, se originan en términos oceánicos como choques de intereses encontrados, pasiones y desajustes de conducta que turban en grados diversísimos la armonía mínima que requiere la vida en sociedad, cual si fuera su normatividad el oxígeno crucial para poder seguir siendo viable, sin presentir siquiera un colapso.

El derecho, pues, se desarrolló al paso de los siglos como el regulador esencial de la convivencia.  Esto, pese a que ha habido autores verdaderamente insignes que lo han considerado como la política del poder; éste, en sus versiones y variables más detestables.

Se fueron demarcando campos y ámbitos y su técnica, que le sirvió de apoyo y compañía, fue especializando para las distintas áreas de conflictos y desajustes normas, preceptos y reglas que un importante poder público como es el judicial tendría a su cargo manejar y controlar para resolver y dirimir sus turbaciones, conforme quedaran establecidas antes de producirse la conducta nodal de la infracción o del negocio, que enel lenguaje común se expresa como “las reglas del juego”.  Se trata del principio de legalidad, tenido como eje crucial de la seguridad jurídica y la paz social.

A todo ello se ha de ir, pero sólo al través de los medios de derecho en procura de justicia, haciendo de ésta el ideal supremo, reconocido en capacidad de imponer soluciones de aceptación generalizada y pacificadora de las anormalidades resueltas; todo en procura de tutelar la convivencia general, según ésta se ha podido venir desarrollando culturalmente.

Así que no tiene nada de nimio reclamar atención y detenerse a observar el significado de algunos ritos, que pasan desapercibidos en base a su uso cotidiano y repetitivo, como lo son los encabezados de los fallos de justicia que se dictan “En Nombre de la República y Por Autoridad de la Ley”.  Los alcances de esa afirmación son enormes, aunque resulten muy ignorados.

Ahora bien, es conveniente comentar, así sea ligeramente, cómo se diferencian los albergues de esos fallos y para ello cito por vía de ejemplo los dos ámbitos fundamentales: el penal, de una parte, y de la otra, el civil y comercial.  Sólo éstos dos, pues hay otros interesantísimos, más sofisticados, dada la velocidad de los progresos tecnológicos modernos pero que, en definitiva, son asumidos con los mismos principios primarios de siempre.

En las entregas precedentes relativas al juez en el sistema adversarial-acusatorio, que impera entre nosotros desde el Código Procesal Penal, mi objetivo fundamental ha sido el de exponer algunas inquietudes psicosociales muy importantes que han sobrevenido en el seno de la sociedad nuestra en ocasión de la aplicación de ese nuevo Código, en medio del asombro ante la singular pasividad del personaje central del juicio penal que ha sabido ser el juez en todas las épocas.

Apunté que sólo la vida sería la encargada de testificar  acerca de la calidad, pertinencia, oportunidad y eficacia de la nueva legislación, porque sólo su puesta en ejecución, en práctica, podría darnos una noción acertada del grado de conformidad o inconformidad del medio social; ésto en razón de que su paz espiritual, su sosiego, podrían ser turbados gravemente, como en efecto ha ocurrido, por los patrones de ultragarantías en favor del imputado, obrando en paralela con dos lamentables experimentos, a saber: el papel protagónico esencial de la víctima como gestor de la persecución y del juzgamiento, así  como el letargo apreciable de un ministerio público que resulta disminuido en el rol vital de representante de la sociedad en justicia, en desmedro de la impresionante experiencia del juicio penal inveterado.

En realidad estos modestos esfuerzos no han sido concebidos para pormenorizar las críticas puntuales al nuevo Código; es decir, me he limitado a hablar de cosas como el descuido evidente del espectro amplio que merece la flagrancia, especialmente en presencia de los crímenes y delitos de bandas organizadas, que es la gama mayor de las infracciones más graves; como también me he referido en disertaciones anteriores a la cuestión de  la mezquindad para abrir las puertas a juicio a las pruebas que, luego de declararlas libres, las restringe en el tiempo y oportunidad de proveerlas; me he quejado, asimismo, de los defectos de la apelación que es prácticamente una muestra de restricción de justicia en alzada, toda vez que ésta se  limita al examen de fallo y a duras penas abre la posibilidad de ordenar lo que antes se producía como repetición obligada del juicio de primer grado; en fin, un sinnúmero de aspectos que ya en trabajos formales de técnica  jurídica requerirían unas apreciaciones más detenidas y de dedicación más precisa.

Lo que he tratado, en general, es la política pública de la nueva codificación y sus efectos frustratorios en el ánimo social, porque las víctimas han resultado, no sólo dañadas por los hechos directos de sus victimarios, sino que han pasado a ser víctimas de su propio miedo invencible en ocasión de darle seguimiento al escabroso e inseguro juicio penal de hoy.    Se quiso entender que las víctimas serían en todo caso las interesadas predominantes, no así el medio social.  Un velado y embozado signo de privatización del Derecho Penal.

Desde luego, el juicio resulta más temible para la sociedad que para el imputado, pues éste aparece sobrado de garantías, indemne de todo reproche social merecible, incluso, con suficiente poder y soberbia para intimidar a la víctima reclamante, la cual ha ido optando cada vez más por ausentarse, asustada, o apagándose no sin contenido encono, en lo que se entiende es su profunda indefensión.  Esto, sin dejar de tener quejas íntimas y fuertes frente a su Estado indolente, que parece también doblegado por la difusa violencia del crimen.  Un oscuro presagio de caos, por supuesto.

Ahora bien, hoy lo que quiero es poner de relieve que en mi empeño de animación a unas reformas profundas del Código he preferido ponerle como umbral la pasividad robótica del juez inerte, tercero imparcial o testigo de piedra en el trance del juicio que preside donde se podría hacer una evocación, a manera de parodia, de algo equivalente a aquella expresión histórica que tanto ha servido para describir los contornos reales del poder político: El juez reina pero no gobierna, al través de sus fallos montados en inferencias restringidas de cosas ajenas a su conciencia.

 

Lo que tomé como sendero para llegar y abordar la iniciativa de las reformas fue clamar por un juez distinto, dinámico, activo, parte consciente de las averiguaciones más sensitivas en procura de la “avanzada certeza” que se admite como verdad judicial, pues sabemos, claro está, que la verdad como tal resulta predominantemente inalcanzable.

Las presunciones derivadas de indicios graves, precisos y concordantes en la experiencia probatoria ha sido mi propósito mayor proponerlas y eso me llevó a hacer citas de un conjunto de ensayos coordinados por Marcelo Sebastián Midón, de Argentina, en los cuales aparecen cosas muy interesantes del ámbito del Derecho Procesal Civil porque estoy confiado en que es de ese litoral insondable de serena técnica de donde pueden venir los mejores auxilios para abrirle paso a  la idea de que el ámbito penal termine por definirse y abandone esa timorata actitud que lo lleva a inercias peligrosas sólo porque desde los pensamientos progresistas más avanzados se ha execrado de las maldades del poder, al cual tanto el juez como el Ministerio Público pertenecen, sospechados de estar al servicio inmisericorde de persecuciones y castigos injustos en violación de los derechos humanos fundamentales del individuo, cuya protección ha devenido en intimidación social de gran calado.

En otras circunstancias, vale la digresión, he podido citar un episodio de la historia de Francia al relatar cuál fue la respuesta de Charles de Gaulle a los amigos del Mariscal Henry Petain, que había sido apresado en la frontera suiza cuando se fugaba de Francia, de la cual había sido glorioso Mariscal brotado de la terrible batalla de Verdúm.  Un amigo de éste le dijo al General De Gaulle: “Conmútele la pena de muerte porque él ayudó a muchos franceses”. Y aquel hombre respondió:  “Es cierto, ha ayudado a muchos franceses, pero se olvidó de Francia.”

He hecho el símil y al Código nuestro le he dicho desde mi recelo arisco por su vigencia: Es cierto que has consagrado garantías magníficas en favor de muchos dominicanos atrapados en conflictos reales, pero tus patrocinadores hoy no tienen motivos para celebrar porque se olvidaron del pueblo de la República Dominicana, que ha sido expuesto a horas muy duras de desasosiego y temor frente a un crimen invicto, cada vez más siniestro y desafiante.

Pero, hay algo que quiero destacar al culminar esta última parte de mi esfuerzo abogando por el juez dinámico y es referirme al trabajo magnífico, lúcido y sencillo, de Juan José Ferreyra en su ensayo “Indicios y Presunciones Judiciales”, cuando plantea la polémica permanente que ha existido en la cuestión de saber si es o no es un medio de prueba la presunción.  En efecto, en la página 703, del Tratado de la Prueba, coordinado por Midón, cuando analiza su naturaleza jurídica, escribe lo siguiente:

“NATURALEZA JURIDICA: Es una costumbre forense, observar que en nuestros tribunales se trata a las presunciones como verdaderos medios de pruebas, -aunque en la doctrina mayoritaria prevalece la opinión contraria-, así por ejemplo, vemos que se alude indistintamente a las pruebas de presunciones o prueba indiciaria.

En doctrina existen posiciones encontradas sobre cuál es la verdadera naturaleza jurídica de las presunciones, pues, prestigiosos autores, tanto nacionales como extranjeros, lo consideran como un verdadero medio de prueba, dentro de los cuales encontramos a Döhring, Gorphe, de la Plaza, Climent Dur’an, (Salvador), Díaz de León (México), De Santo, Guasp, Gianturco.

Pero la postura mayoritaria de la doctrina -también de la jurisprudencia- es no considerar a las presunciones como un medio de prueba, sino como un razonamiento del juez, en tal sentido encontramos, entre otros, a Couture, Peyrano, Arazi, Palacios, etcétera.

Al respecto bien nos enseña Gozaíni expresando que “las presunciones no son medios de pruebas, sino elementos que utiliza el juez para valorar situaciones de hecho y de derecho que van sugiriéndole conclusiones que luego expresará en la sentencia”.

Y culmina afirmando: “Por lo que concluimos que una presunción no es un verdadero medio de prueba, es simplememnte la determinación de un sistema preciso de razonamiento que va a utilizar el juez al momento de sentenciar.”

 

El hecho es que entre los autores extranjeros que se señalan figura Francois Gorphe, un estelar referente del Derecho Procesal Francés, y en la página 698 de la obra citada se incluye lo siguiente:

“Gorphe, hace una interesante diferencia entre indicios, presunciones y circunstancias, la que entiende se basa en un distinto enfoque, “…sobre puntos de vista en relación al mismo objeto: uno expresa más bien la cosa que sirve de signo (indicio); otro expresa más bien la cosa en que se basa la inferencia (circunstancia); y, en fin el otro, la relación lógica (presunción)…”.

Ferreyra, de su parte, cierra sus juicios de este modo:

“Explicándolo mejor: el juez a partir de una alegación y prueba de hecho indiciario, raciocina (de forma presuntiva) para llegar a una conclusión (presunción).  Por ende la presunción es la conclusión del raciocinio presuntivo.

Las anteriores consideraciones, delimitan el tema a tratar, pues, no debemos confundir “indicio” con presunción.  El indicio es un hecho, un dato fáctico.

La presunción, en cambio, es el proceso intelectivo mediante el cual, con base en la llamada “regla de experiencia”, o sea el conocimiento de lo que sucede normalmente en la vida, del indicio conocido se llega a la afirmación de otro hecho desconocido.”

Es ésto último cuanto yo he venido pidiendo y confieso que al ver ese intercambio doctrinario entre sistemas diferentes estoy sintiendo el alivio de saberme en buena compañía, de no padecer la soledad del desvarío que con tanta frecuencia asalta las buenas intenciones de quienes en estas cosas tan delicadas se sienten tentados a proponer, sugerir y aspirar mejoramientos verdaderos en legislaciones clave para la convivencia social.

En suma, al Código Procesal Penal, en ambos sistemas, tanto en el adversarial-acusatorio, como en el inquisitorial, se le consideró siempre como el Código del Ciudadano; en cambio, al Código Penal, siempre aborrecido, se consideró  el Código del Delincuente.  Se trataba de una respuesta desafiante a los abusos del poder y, no sin arrogancia, se procuró tan prestigiosa distinción.  La vida se ha encargado, sin embargo, de desmentir esos litorales progresivos y de gran fama porque el crimen, particularmente en las versiones organizadas, ha sabido hacer de los peores delincuentes, ciudadanos ultraprotegidos.

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