El Juez en el Sistema Acusatorio

Durante mucho tiempo, en los años que tiene de vigencia el Código Procesal Penal nuestro, me dediqué a estudiar, escribir y opinar acerca de lo que podría significar para el país la adopción de un Código Procesal Penal que albergara el sistema adversarial-acusatorio de la llamada Justicia Rogada.

Particularmente, hubo una de mis conferencias que la centré en la cuestión de la pertinencia de aquella nueva legislación que se traía para sustituir el tradicional sistema inquisitorial que venía desde largo más de un siglo imperando en el país como consecuencia de la adopción de patrones de legislación, así como doctrinarios, procedentes de Francia, que había pasado a ser lo que se denominaba en jurisprudencia nuestra “el país origen de nuestra legislación”.

Fue un tiempo tormentoso y desagradable de controversias pseudojurídicas y pseudodoctrinarias que sirvieron para el aprovechamiento logrero que hicieran grupos de profesionales del derecho nuestro que se embarcaron en tareas de auto-sobreestimación de sus capacidades y prestigio mediante desprecio manifiesto por todo lo existente, estigmatizando a  aquellos que se atrevieran a opinar en favor de preservar la cultura jurídica nuestra generada durante ese tiempo tan prolongado, a quienes se les despreciaba llamándoles “rezagados”, “antiguallas”, “sujetos ya fosilizados en la prehistoria”, “incapaces de asumir la realidad de nuevos pasos modernizantes”.

Una falacia, pues lo que se esgrimía como sistema de moderna vanguardia es mucho más antiguo que el vilipendiado proceso inquisitorial.  Basta conocer algo de la historia del Derecho para quedar percatado de que los sajones fueron los que utilizaron en forma originaria el sistema acusatorio, el juicio entre iguales, viniendo a ocurrir que el inquisitorio surgió siglos después para acomodarlo especialmente a las circunstancias políticas que se abrían paso en Francia desde el tiempo de las grandes ordenanzas de los Siglos XVII y XVIII.

Resultaba muy obvio todo ésto para quienes nos habíamos formado en una sólida Escuela de Derecho abrevando en los textos de los grandes autores y en su lengua, antes de que fuera esto sustituido por las ligeras notas estenográficas que vinieron a constituir la sustentación del conocimiento de muchos abogados de las últimas generaciones, que no pudieron o no quisieron mantener la cultura jurídica primigenia en contraste con las corrientes especialmente impulsadas en Alemania, Italia y España.

Claro está, para que esa cuestión tan sensitiva de la nueva codificación se abriera paso entre nosotros, tuvieron que combinarse factores sombríos que impulsaron aquella estéril reyerta pseudoacadémica y se pudo identificar a dos focos de inspiración de aquella arrogancia codificadora,  como lo fueron una funcionaria importante de la Embajada de los Estados Unidos, doña Elena Brineman, de Usaid, así como una afluencia de profesores y tratadistas argentinos, formados en la doctrina adversarial acusatoria, a la cabeza de los cuales estuvo en incesante tarea de consulta y apoyo un legendario juez y tratadista argentino, don Raúl Zaffaroni.  Que ahora, por cierto, está pasando por momentos muy difíciles en su Argentina natal, en ocasión del deterioro terrible de la seguridad pública y del desorden criminal impune que ha estado a la sombra de aquella utopía garantista que los llevara a ellos a delirar modernidad, cuando parece que realmente lo que estaban era traumatizados por la violencia criminosa sin nombre del régimen militar y sus decenas de miles de torturados, desaparecidos y arrojados al mar.

Volviendo a nosotros, la realidad fue que se impuso la modificación de la codificación procesal nuestra en tiempos de libertades públicas e individuales de verdadera excepción y en el seno de un estado de derecho considerablemente en desarrollo.  Desde luego, la velocidad con que se aprobó ese Código Procesal Penal fue de niveles olímpicos y resultó siempre extraño que los demás códigos que habían sido sometidos al empeño modernizante anunciado, ésta es la hora, veinte años después, que todavía no han sido puestos en vigencia y que han dormido un sueño profundo en el desinterés de nuestros legisladores y del poder político.

Yo sostuve en medio de aquellas trifulcas artificiosas y desagradables que el ataque sufrido por nuestras estructuras procesales penales había venido desde el Norte, y en gran medida desde el Sur, y encontraron esas corrientes un paso fácil para imponerse porque ya se hacía más que evidente la miopía del poder en cuanto a la horrenda realidad del galope del Crimen Organizado en la región, pasando por los trillos desprevenidos e inocentes de una candidez pública entre nosotros que paradójicamente venía del hecho de haber padecido durante treinta años un régimen autoritario, de fuerza absoluta que, como siempre ocurre, mantenía una situación restrictiva de gran coerción a todo lo que pudiera establecerle un espacio criminal nuevo en paralela, como lo ha sabido hacer la Droga a escala mundial.

Pero bien, sostuve desde el principio en aquella tormenta de polémicas estridentes, que el nuevo Código, en sí, no debía ser objeto de críticas precoces porque el mismo traía ciertamente disposiciones muy favorables a la libertad individual, al estatuto de garantías de los derechos fundamentales, en fin, que podíamos estar en presencia de verdaderos progresos de políticas públicas en un área tan escabrosa como lo ha sabido ser la criminalidad durante siglos.

Sin embargo, le objeté que no había sido precedido ese Código por un trabajo de exploración social que permitiera como cuestión fundamental establecer cuál era la situación real del péndulo que existe siempre entre la ley y la autoridad del Estado, de una parte, y de la otra, el sanguinario quehacer del crimen, ya como negocio multinacional dominante.

Sostuve, además, que al no identificar con precisión las desventajas del descrédito de la ley y la autoridad de entonces, algo que venía de lustros de tumbos institucionales, frente a una opulencia avasalladora del crimen, éste recibiría todas las garantías del diseño procesal como un metamensaje estimulante para aumentar el volumen, la intensidad y la velocidad de sus operaciones terribles contra el sosiego social.

Al pasar los años ya se puede ver cuánto de razón había en mis recelos respecto a la eficacia de aquella normativa procesal que fuera recibida con tanto júbilo desde los litorales más siniestros y organizados del Crimen.  Claro está, no es éste el espacio para hacer las desgarradoras precisiones de la realidad nuestra en el plano de la seguridad, tanto individual como pública.

Hoy lo que pretendo es comenzar a tratar la cuestión sensitiva de “la búsqueda de la verdad” en el juicio penal y el papel asignado a las tres categorías con que cuenta como componentes.

Debo afirmar entonces que la imputación, precedida de investigación y homologada ésta en sus méritos por la jurisdicción de instrucción, así como el conocimiento del fondo resultante de todo ello, y especial y señaladamente los roles de las partes ante el juez que siempre resulta tan dramático y significativo en sus decisiones, en nuestro país se advierte como desgarradora realidad que la sociedad como colectivo ha sido marginada.  Que al ponerla de lado y sustituirla por el interés, el agravio o el coraje de las víctimas del crimen, ha sobrevenido una opacidad que deja ver a un Ministerio Público muy disminuido, a veces paralítico, para animar el movimiento y el curso de la crucial acción pública.  Las acciones civiles, en cambio, que en el sistema anterior se les conocía como  iniciativas adjuntas a la acción pública, pasaron a ocupar en el actual sistema el trágico papel de actores esenciales del proceso y casi todas las energías de éste las han hecho depender , en forma predominante, del interés de ese actor civil que en hecho no resulta más que una víctima miedosa e incapaz de hacer un cara a cara con los privilegiados imputados, ensoberbecidos por la protección de todas las garantías imaginables.

Hoy busco concentrarme, no obstante, entre esas fases y componentes, en el examen del papel del juez declarado formalmente como Tercero Imparcial, quien tendrá a su cargo la responsabilidad inmensa de decidir, bien acerca del castigo penal, ora de la inocencia, una vez se comprobare ésta, luego de las peripecias laberínticas, habilidades y tecnicismos, elocuencia y mediocridad de las tribunas, sin que le resulte posible a ese juez, que se debe reputar como detentador del máximo nivel de conciencia en el plenario, adelantar diligencia alguna para contribuir a esos hallazgos cruciales en la búsqueda de la verdad judicial objetiva.

El sistema adversarial-acusatorio se encarga de paralizarlo; lo erige en una versión un tanto estrambótica de jurado silente y personal, aunque a ratos le reconoce la condición de profesional; pero no lo protege en su consideración y lo sospecha, más bien, de su posible “venalidad”, de su “espíritu arbitrario”, de su “odiosa representación del poder oscuro”.  Sin embargo, en los lugares donde opera el “jurado popular”, a éste le confiere poderes infinitos que se traducen en estas lacónicas expresiones: “Culpable” o “No Culpable”.  Sin que medie nada técnico; puro instinto popular.

En nuestro medio social, claro está, resultaba poco menos que imposible el jurado popular, juicio entre iguales, en razón de la falta de tradición, el amiguismo y el conocimiento pleno y generalizado de todos los hijos del colectivo social, irreclutables para una tarea como esa de determinar la desventura de un condenado, o la liberación de un inocente.

A ese juez postergado me quiero referir en las próximas entregas de La Pregunta al considerar que no se debe emprender ninguna reforma real y profunda del Código Procesal Penal sin antes atender a la necesidad imperiosa que existe de dotarle de una actividad verdaderamente dinámica, que lo releve de su condición de “tercero imparcial”, aunque se le exija, naturalmente, una imparcialidad tan intensa que lo lleve en forma neta a una neutralidad estricta.  Es decir, que su fallo se produzca sin que le llegue a temer a la intimidad de su conciencia, que se llegara a satanizar con el estigma de la “íntima convicción execrable”, que fuera sustituida, no sin arrogancia, por los únicos tres caminos de la prueba: la “lógica”, la “ciencia” y las “máximas de experiencia”.

Ese último aspecto fue uno de los pujos de superación más violento y despectivo, como si esas tres categorías no fueran a ser objeto de examen, ponderación y resolución de la conciencia.  Por eso yo siempre señalé que lo ideal era, naturalmente, privilegiar la ciencia para la prueba, pero que las máximas de experiencia y la lógica podían quedar comprendidas perfectamente en una versión definida como “la convicción razonada y debidamente motivada”.

Un juez alerta, cuya autoridad oficiosa no sea apreciada como una posible aberración, sino más bien como una facultad constructiva para el aseguramiento de inflexiones probatorias de alcances ciertos que le permitiera asumir posiciones destinadas a corregir, mejorar, perfeccionar, puntualizar, todos aquellos aspectos que pudieran estar comprometidos en una verdad de plenario desmembrada, quizás flotando en el remolino de los debates, con tanta frecuencia de engañosa fulguración.

Un juez que pueda asumir posiciones activas para “MEJOR PROVEER” dentro de la licencia de la vigorosa doctrina de la “carga probatoria dinámica” que ya se ha abierto paso en muchas otras partes con la fortaleza de ser un mecanismo excelente para la procuración de la verdad judicial objetiva.

He sido un  demandante pertinaz de reconocimiento importantizante de la figura del juez, no esclavo de tecnicismos ni dependiente de elocuencia alguna y menos de las siniestras habilidades del conflicto, el cual no puede ser colocado contra la  pared en su pasividad exponiéndolo a que sea su propia conciencia quien le reprenda como para decirle en la paz merecida de su almohada: “La verdad no te la ha ofrecido la capacidad o la elocuencia del más hábil, brillante y poderoso; la verdad estuvo aletargada en la mediocridad, la indefensión y la pobreza de raciocinio de la parte más débil.  ¿Por qué no acudiste a establecer un orden en el desorden de tantas felonías?”.

Ya veremos en las próximas entregas de La Pregunta hasta dónde puedo llegar desde esta contemplación primaria del drama de nuestro juicio penal, tan abatido por el escarnio murmurador de una sociedad desencantada, aterida de miedo.

 

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