De Estamentos Constitucionales y Deberes Trascendentales

En medio del tremedal de circunstancias nacionales tan excitantes y presagiosas como las que sacuden a la República ha aparecido un episodio que reviste sorprendente interés para los dominicanos.

Un funcionario especialísimo, como lo es el Director General de Migración, ha puesto de manifiesto una de sus acciones destinadas a atender la utilísima cuestión de la protección al trabajo nacional.  Lo de especialísimo surge del hecho de éste haber sido largo tiempo Ministro de la Defensa.

Al examinar sus revelaciones en cuanto a la necesidad de cumplir con la ley de protección al trabajo nacional me quedó claro que no hay manera de poner de lado la extracción de ese funcionario para el análisis.  Procede de los cuarteles y su formación de seguro ha tenido como eje las nociones de Patria, Territorio, Soberanía, Identidad Nacional, cosas éstas que la Constitución de la República refleja en forma terminante como atribuciones de las Fuerzas Armadas, en sus artículos 252, el cual reza textualmente:

Artículo 252.- Misión y carácter. La defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto:

1) Su misión es defender la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República;

2) Podrán, asimismo, intervenir cuando lo disponga el Presidente de la República en programas destinados a promover el desarrollo social y económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos excepcionales;

3) Son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar.

Párrafo.- Corresponde a las Fuerzas Armadas la custodia, supervisión y control de todas las armas armas, municiones y demás pertrechos militares, material y equipos de guerra que ingresen al país o que sean producidos por la industria nacional, con las restricciones establecidas en la ley.”

 Todo se reduce a entender que la oriundez, de las decisiones en el campo de la migración de hoy, no proviene del ámbito político, que también ha sabido proveer, justo es decirlo, funcionarios idóneos para tareas tan vitales; retener que la formación del oficial de Fuerzas Armadas, tipificada en la Constitución de la República, acerca de sus deberes esenciales, está contrapesada al mismo tiempo por el ordinal 3) del artículo citado, que impone la absoluta obediencia al orden civil para proteger al estado social democrático de derecho que la propia Constitución consagra.

Muchos, con frecuencia indeseable, desconfían de la posibilidad de que esa disciplina que se impone pueda castrar hondamente al cuartel, tanto como para no suponerlo interesado en llevar a cabo tareas tan cruciales, al menos con el ahínco necesario; se sospecha que la obediencia disciplinada al poder político civil es tan potente que resulta capaz de anular la reacción de las Fuerzas Armadas por los trastornos y las menguas de aquellos atributos que figuran entre sus deberes a cumplir.  Sin embargo, se sabe que obedecer es vital, pero no resulta sensato pretender que con ello se habrán de malograr los sentimientos de lealtad para con la Patria, en la conciencia del soldado en formación.  Aquí es donde deben convivir la prudencia y el buen juicio conjugados entre la obediencia y el deber trascendental de ambos estamentos.

En el programa La Respuesta sostuve que me luce muy improbable que posiciones como las asumidas por el Director de Migración, Ex Ministro de Defensa, así como las manifestaciones de un Viceministro exaltando el celo patriótico de los soldados en una inspección fronteriza y la noticia del envío de 1,000 soldados extras, puntualmente especializados para las tareas de Frontera, pudieran  producirse por obra y gracia de decisiones autónomas desde el mando militar; afirmé que me imaginaba, y así quiero creerlo, que contaban esas acciones con la orden, o la aprobación, del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, para el cual la Constitución también reserva  normas descriptivas de su facultad suprema para dirigir decisiones de tal tipo, que son siempre muy sensibles y suelen acarrear complicadas reacciones internacionales, que para nosotros han resultado tan alevosas, dada la perversidad de la conjura de Geopolítica que ha estado gravitando sobre nuestra propia supervivencia.

Dije más, cuando afirmé que el Presidente de la República se había colocado, o lo habían colocado, en una situación muy deslucida, porque hubo de retractarse y abandonar posiciones nacionales de gran alcance, expresadas en La Habana, así como en forma sucesiva en reuniones conjuntas del Congreso en el 27 de Febrero inmortal, que evoca la gloriosa Independencia Nacional.  Necesariamente tuvo que sentir en su espíritu el mandato del Artículo 3 de la Constitución, que reza:

Artículo 3.- Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.”

Por otra parte, y ha sido tema en La Respuesta, sostuve que los hedores que han estado emanando desde las fauces de esa corrupción que viene electrizando a medio mundo, están ofreciendo instrumentos siniestros para doblegar y condicionar la voluntad presidencial, hasta llevarle a la abdicación de los aspectos más sagrados de todo mandato presidencial.  Por ese camino acecha la historia a los presidentes para fijar sus execraciones perpetuas.

Ahora cuando vemos coincidir la fecha en que el Procurador General de la República parte hacia Washington para entrevistarse con el Procurador General norteamericano y el jefe del FBI, con la presentación formal y expresa de una denuncia en Procuraduría, de parte de  un numeroso grupo de organizaciones de la sociedad civil, encabezado por una Ong archiconocida en el país como ariete real y considerablemente efectivo de una Agencia Extranjera que ha gravitado en la vida nacional en una forma penosamente  decisiva, creo sentir la esperanza de que el letargo logrado por la trama está a punto de encontrarse con el rigor de esa Constitución, maltrecha ciertamente en el plano de la organización del poder político, pero imponente en los valores patrios, todavía.

El hecho de que se recuse al mismo tiempo al Procurador General de la Republica  y se puntualice que la denuncia versa sobre si se pagó, o quién pagó, la campaña electoral del Presidente o la infortunada reforma constitucional,  lleva a pensar que tiene una significación muy abierta y cruda de dogal o grillete y que la misma puede ser una reacción frente a los sucesos sobrevenidos en nuestra querida línea noroeste cuando el Director de Migración amonestaba a los empleadores y avisaba que propiciaría la organización de sanciones a todos aquellos que desconocieran los mandatos de la ley de protección del trabajo nacional.

No es ocioso consignar que no se hizo esperar la reacción de los Productores de Bananos, entre los cuales innegablemente hay exponentes bien serios y esforzados, que desgraciadamente han dado el paso de anunciar su negativa a acatar las exigencias del Director General de Migración, sin respetar el palio legal que ampara a sus iniciativas.

Así las cosas, es bueno que La Pregunta adelante algo que será tratado en La Respuesta en el inmediato futuro, relativa a la necesidad de que la inteligencia militar haga un esfuerzo penetrante para determinar cuál es el estatuto de la propiedad inmobiliaria en esa área sensitiva de la frontera norte nuestra, como también lo podría hacer en su parte sur, conforme a lo previsto por el Artículo 10 sobre el Régimen de Seguridad y Desarrollo Fronterizo,  dice:

“DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y DESARROLLO FRONTERIZO

Artículo 10.- Régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia:

1) Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos;

2) El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la Zona Fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional.”

Una labor de comprobación que señale la realidad de los propietarios, titulares u ocultos, así como la realidad del origen de los financiamientos para sus enormes y complicadas tareas de producción, no sería ociosa ni arbitraria.  Ésto, porque hay versiones preocupantes de que capitales provenientes del vecino territorio están muy empeñados en “sumarse a los esfuerzos” de producción bananera de nuestro país, sobre todo, ahora que parece tomar fuerza ese programa dado que el recién electo presidente del Estado vecino se formó y dirigió, antes de llegar al cargo, en una  empresa exportadora de bananos de historial precario.

Todo eso que se está indicando aquí corresponde no a entresijos de murmuraciones, falacias o maquinaciones, sino a realidades que si no son atendidas con la serenidad y la severidad debidas se podrían convertir en percances nacionales letales; mucho más devastadores que los ya padecidos.

Por ello los estamentos regidos por la Constitución harían muy bien si coordinan sus acciones hacia el respeto y cumplimiento de ésta, que en su Artículo 6, reza:

 DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO.

 Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.”

Son esas urgencias y necesidades permanentes las que no pueden ser sometidas a improvisaciones reactivas como la recientemente aparecida bajo la alarma del caos previsible de un aumento del derrame de población desde allá, una vez se ausenten tropas multinacionales, que luego de quince años de ocupación van dejando un estado de cosas,  peor que aquel que aparentemente vinieron a resolver.

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