El Testigo de la Reina III

En suma, en las dos entregas precedentes de La Pregunta intenté dar una visión a grandes rasgos de ese mecanismo probatorio que es la utilización de uno, o algunos, de los miembros del grupo criminal que delata a los demás, buscando reducción de pena o exclusión de juicio.

Vimos el elemento histórico y ahí pudimos comentar que el mismo se implantó como una ventaja que asumía el poder simplificando el proceso de investigación de hechos atentatorios contra su estabilidad.  Es decir, el poder ejercido, por ejemplo, por la Reina Isabel I, fue una realidad dura que pudo asumir a ese auxiliar de justicia, que es el delator, sin que se sintiera ningún efecto corrosivo de su institución judicial.  Los ingleses, desde luego, conservaron por siglos el sistema hasta hoy, en el tiempo de Isabel II, que ya es otra cosa, y su fortaleza judicial mantiene su prestigio intacto, más bien irradiando ejemplos hacia el extranjero.

Vimos, además, que los Estados y el poder político en otras sociedades, algunas de ellas con consistencia institucional parecida a la señalada, utilizan el mecanismo expeditivo en procura de la verdad al recabar una delación, sin que el Estado se redujera mínimamente en su potencia al castigar penalmente.

Sin embargo, apareció una tendencia hacia la utilización de ese método probatorio para otras infracciones y en ocasión de investigaciones de índole criminal, que ya no se referían a crímenes y delitos políticos, ni a cuestiones atinentes a las luchas de poder, sino más bien a las bandas organizadas que se dedicaban a depredar las sociedades con sus conciertos criminales diversísimos, así como las necesidades surgidas de los crímenes y delitos económicos mediante una corrupción generalizada en términos asombrosos.

Ahí los Estados, los gobiernos que les administran, comenzaron a experimentar efectos degradatorios, porque ya el asunto no se refería al atentado contra la estabilidad misma del poder, sino a múltiples daños producidos en el patrimonio, en la vida, en los bienes jurídicos del individuo y en perjuicio directo de la propia sociedad.

Fue entonces cuando la sociedad comenzó a recelar de su Estado en cuanto a su capacidad de protegerle; se sintió una pérdida de espacios para el ejercicio de la autoridad y la violencia del Estado, especialmente frente a los crímenes del calado de Lesa Humanidad; se esparció la natural inseguridad miedosa en el seno mismo de los conglomerados sociales y nada ha impedido que la percepción del público haya girado hacia el desprecio y la desconfianza de la eficacia de su Estado como tal.

Una vez el Estado comienza a pactar con delincuentes, bajo el alegato de que se simplifican las cosas, porque no tiene los medios suficientes para emprender ni  conducir investigaciones penetrantes y certeras, aparecieron las convicciones sospechosas que llevan muchas veces a la gente a desorientarse, de tal modo, como para considerar que el Estado ha perdido la guerra contra el crimen, especialmente el organizado de tramas vastísimas de escala mundial.

Ahora bien, en esta tercera entrega de La Pregunta es necesario reiterar lealmente que es un tema muy complejo; que requiere una atención estudiosa especializada muy exigente, que por consiguiente cuanto se ha dicho no deja de ser más que una contribución modesta para avivar la inquietud del pueblo en cuanto a restablecerle  algún grado de esperanza de que su Estado, si bien es cierto que trata con  delincuentes, no los reconoce como enteramente válidos y respetables por la delación y que eso implica la necesidad de correlacionar cuanto diga el delator con los hechos y las circunstancias de la causa de forma muy cauta y estricta.

En fin, ayudar al gobierno a excusarse de su ineficiencia y evitar que  sucumba totalmente su autoridad.  El asunto es tan complicado y sensitivo que basta observar que hay lugares en los que ha sido necesario apelar al mecanismo de jueces sin rostro para poder juzgar a esas bandas, con lo que se exhiben abdicaciones y descalabros del Estado, aún mayores.

Pero bien, ¿cuáles son las preguntas que pueden quedar como pertinentes y útiles después de estas sucintas consideraciones sobre un tema tan escabroso?

La primera parece ser: ¿Quién es la Reina en la actualidad, que puede esperar, depender y confiar tanto en su Delator de los hechos criminales a cargo de los otros del colectivo o del grupo medular del crimen?

Creo tener una especie de menú y lo expongo con sencillez del modo siguiente: a)  La primera Reina puede ser la Gobernanza mundial, entendiéndose por ésta todas las modalidades de poder que encierra el núcleo duro del G20, que es el G7.  b) La segunda podría ser la Comunicación Social, tanto la tradicional escrita, televisiva y radial, así como las de redes, que tanto necesitan de los ingredientes de esas delaciones para sus procesos investigativos, que suelen ser tan agresivos que ya el juicio verdadero y final a cargo de la autoridad del Estado, cuando llega a culminar es “agua pasada” en el convencimiento público, ya que éste se domesticó al través del sensacionalismo de esa comunicación social; y  c) Una tercera Reina posible, la Droga y la generación de sus inmensas riquezas, que ha ido penetrando en forma insidiosa e incesante en las sociedades, alojándose en los mismos entresijos del poder, los cuales necesita controlar y manipular, para lo que cuenta con una cantera inmensa de imputados y de condenados, capaces de agenciarle el control de la sociedad donde operan al través de la amenaza extorsiva de Delaciones Premiadas de su gente, tanto de “arrepentidos” como de condenados.

El balance, en todo caso, es aterrador.  Las estructuras conocidas y desarrolladas al través de siglos del poder del Estado están siendo humilladas en un vasallaje de ese tipo peligroso de testimonio que se ha consentido premiar con castigos benignos o inmunidades.

El caso de Brasil, que fuera señalado en la primera entrega como terremoto, es muy singular porque en el umbral más excitante de las investigaciones criminales abiertas hubo un juicio político sobre una presidenta que fuera despedida y ésto dejó abierta la posibilidad de ver en el trasfondo otros fines que se puede andar buscando, como lo son la inhabilitación de dos líderes y de un partido político que pasaron a ser leyendas consabidas de aquel pueblo.

Nosotros, en la República Dominicana, recibimos parte de las olas inmensas de ese tsunami y ahora, cuando esto está dándose a la publicidad, aparece el júbilo de la autoridad y del partido de poder, el de Juan Bosch, porque la séptima esposa de un personaje siniestro, Joao Santana, en su segunda declaración ante magistrados, no incluyó a la República Dominicana como lo había hecho en la primera declaración prestad cuando se refiriera a los 35 millones en Venezuela, 27 en Panamá y dijo no recordar el monto de la ayuda a campaña  de República Dominicana.

Esa es una parte del trastorno que es muy sensible, porque permite comprender hasta dónde llega la fragilidad de nuestro Estado y de nuestra clase política.  Bastaría pensar, si el juez o el fiscal investigador le hubiese dicho a esa señora:  “Dígame, por favor, ¿por qué usted en la primera oportunidad de ser interrogada mencionó a la República Dominicana, aunque afirmó que no recordaba el monto del pago de la campaña electoral?” Eso hubiese bastado para que la alegría de mucha gente nuestra quedara marchita.

Esto último, sin contar lo que puede desprenderse al final, cuando se destapen los expedientes más importantes que están todavía sepultados en ese cementerio de la ética, donde claramente se advierte que las Brics  están en el horizonte, sumando a esto las elecciones del año ‘18 de Brasil; éstas que tienen que ser atacadas en base a las acusaciones de la anaconda constructora que es Odebrecht, a cuyos directivos se le impusieron penas muy altas desde el principio, sin mucho esfuerzo, como una muestra un tanto repugnante de un Estado extorsivo que ha llegado a colmos desconcertantes como lo es el hecho de que el propio Presidente actual, nada más que cese, caerá en el foso de las acusaciones de corrupción de tal linaje.

Aquí hicimos, en cambio,  un acuerdo; no perdimos la fe en Odebrecht, le pagamos 170 millones de dólares y le conservamos sus obras fundamentales y quizás ello explique la benignidad de las fauces de esa anaconda al resultar amnistiada, indultada y perdonada por efecto de este acuerdo, ya homologado, cuya consistencia jurídica es abrumadoramente insostenible.

En fin, habrá que dedicar otras entregas de La Pregunta para seguir escarbando en este montón de desastres en que nos encontramos, junto a medio mundo, preciso es retenerlo.

El próximo miércoles continuaremos.

 

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