El Testigo de la Reina I

I

“El Testigo de la Reina” se le llamó dentro de un grupo criminal a aquél que ayudaba al Estado, más que a juzgar, a condenar sin mayores dificultades  indagatorias por obra de la versión acusatoria de ese agente frente a los demás conjurados. Estos quedaban así a merced de la conveniencia personal de un “compañero de tarea” que buscaba aventajarse con su delación.

Donde se hizo más sólida desde el principio esa modalidad de cooperación fue en Inglaterra, que recibió muy confiada a tal cooperante de justicia, quien acusaba a otros al tiempo que confesaba su propia participación activa en los hechos propuestos para ejecución.

Para lograr tal colaboración, tenida como muy útil y simplificadora, el Estado concedía la reducción de penas o la exclusión misma de juicio del co-acusado delator, a quien se le otorgaba esa especie de premio, suponiéndole haber estado en situación de saber cuánto se hizo para idear, preparar y ejecutar el o los crímenes.

Se le atribuyó una “Fe Debida” a sus declaraciones, porque él no se excluía a sí mismo y tan sólo parecía perseguir una atenuación de la severidad del castigo penal, o evadirlo, en aquellos tiempos que, además de la horca, de la cual hemos sabido hasta recientemente, contaba con todas las demás versiones de la barbarie que se imponía para castigar a los culpables y atemorizar a todos cuantos pensaran siquiera con sus hechos incurrir en responsabilidades similares o parecidas.

En doctrina, no obstante, no se aceptó plenamente el método probatorio y aparecieron múltiples opiniones discrepantes, de las cuales sólo al desgaire voy a citar ésta del maestro Nicolao Framarino Dei Malatesta, en su obra notable La Lógica de las Pruebas: “Por fortuna esta hipótesis de impunidad, como premio de las revelaciones, ha perdido toda su importancia en vista de sus peligros.  La promesa de impunidad, más que freno para el delito, por la desconfianza que entre los cómplices inspira, es una incitación al mismo, por la seguridad que da a cada cual el tener siempre abierto el camino para eludir el castigo.  La promesa de impunidad, CONTRATO INMORAL ENTRE LA LEY Y EL DELINCUENTE, además de ser un error jurídico, es un error probatorio; de un lado, incita al delito y corrompe y perturba a la sociedad con la impunidad de un delincuente, que puede ser peor y más perverso; y de otro, destruye todo criterio probatorio, provocando por obra de la ley en la conciencia del acusado un gran impulso hacia las relevaciones falsas”, pág. 239 Ob. Cit.

En todo caso, se trató como una política pública de alto interés, pues el Estado ganaba en celeridad para la resolución de los casos y alcanzaba una mayor conformidad del público que tendría como referente al delator, quien asumía cierta aura de agente “en trance de arrepentimiento”.  Se dijo muchas veces  que éste lo que buscaba era contribuir con el “bien hacer” y reducir el eventual y dañino repudio del público, tan expuesto siempre a los abusos del poder contra su credulidad; algo que lo hacía escéptico, receloso y desconfiado de las acciones del poder cuantas veces se juzgaba a ciudadanos bajo apercibimiento penal, aún en presencia de veredictos de Jurados.

El hecho es que ese pragmático “testigo de la reina” de los ingleses se expandió y generalizó hacia casi todas las naciones del mundo, que en sus legislaciones cuantas veces el hecho era de comisión a cargo de muchos autores, consideró provechoso y conveniente contar con la posible delación de uno o algunos de los co-autores.

Desde luego, el balance jurídico ha venido a ser complejo y se piensa que aceptar tal método como mecanismo probatorio, sin considera sus delicados y peligrosos inconvenientes de indefinible oriundez muchas veces , sería una manera de “echarse la taimada serpiente del error en el seno”.

Lo primero a retener, pues, es que al principio sólo fue posible el uso de tal mecanismo probatorio en los crímenes relacionados con la alteración y variación de los términos y características del poder político actuante.  Es decir, considerar que se trató en el origen de una respuesta desde el poder para debilitar las maquinaciones en su contra y con ello impedir que lo pudieran revocar, desestabilizar o arrasar en un momento dado.

Se le consideró más bien como un acto de defensa de la monarquía frente a los embates contra su permanencia inveterada y excluyente que reaccionaba así frente a toda idea de libertad del pueblo para organizar y hacerse cargo de sus destinos mediante la representación popular.

Como se ve, la denominación de “testigo de la reina” no era de puro acaso, sino más bien una categoría a respetar con cierto trasfondo mandatorio.

En Francia, por ejemplo, en el año 1810 fue cuando mejor se vio la mano dura del Imperio frente a los crímenes contra la seguridad interior y exterior del Estado.  En efecto, en el Código Penal adoptado entonces, para el complot y la sedición, no sólo se premió al delator que advirtiera de su urdimbre, sino que su determinación fue tan lejos, en cuanto al interés que tenía de debelarles, que se estableció como castigable, cual fuera el crimen mismo, LA PROPOSICION HECHA Y NO ACEPTADA, SIEMPRE QUE QUIEN LA RECIBIERA GUARDARA SILENCIO SOBRE LA MISMA.

El estudio de esta cuestión, pues, sigue hoy siendo interesante, porque aparecen Estados deslizándose con mayor frecuencia  hacia la práctica de la “Delación Premiada”, como la denominan los brasileños, frente a infracciones no tan graves como los complots, los magnicidios y las sediciones de los desórdenes violentos; vale decir, se ha hecho posible su uso en el campo mismo de los crímenes económicos, con mayor énfasis en las aberraciones de la corrupción que le sirve de canceroso trasfondo.  Examinar su trayectoria es aconsejable para poder comprender las implicaciones actuales.

El próximo miércoles, en una nueva entrega de “La Pregunta” se abordará el tema nuevamente.

 

 

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